Constitución del Estado de Buenos Aires (1854–1873)

PREÁMBULO

La Honorable Sala de Representantes, en uso de la soberanía extraordinaria que inviste, ha sancionado con valor y fuerza de ley fundamental, la siguiente Constitución para el Estado de Buenos Aires.

SECCIÓN I
De la soberanía, territorio y culto del Estado

Artículo 1. Buenos Aires es un Estado con el libre ejercicio de su soberanía interior y exterior, mientras no la delegue expresamente en un Gobierno federal.

Artículo 2. Sin perjuicio de las cesiones que puedan hacerse en Congreso General, se declara: que su territorio se extiende Norte-Sud, desde el arroyo del Medio hasta la entrada de la cordillera en el mar, lindando por una línea al Oeste-Sudoeste, y por el Oeste con las faldas de las cordilleras y por el Nord-Este y este con los ríos Paraná y Plata y con el Atlántico, comprendiendo la Isla de Martín García y las adyacentes a sus costas fluviales y marítimas.

Artículo 3. Su religión es la Católica Apostólica Romana: el Estado costea su culto, y todos sus habitantes están obligados a tributarle respeto, sean cuáles fuesen sus opiniones religiosas.

Artículo 4. Es, sin embargo, inviolable en el territorio del Estado, el derecho que todo hombre tiene para dar culto a Dios Todopoderoso según su conciencia.

Artículo 5. El uso de la libertad religiosa que se declara en el artículo anterior, queda sujeto a lo que prescriben la moral, el orden público y las leyes existentes en el país.

SECCIÓN II
De la Ciudadanía

Artículo 6. Son ciudadanos del Estado todos los nacidos en él y los hijos de las demás provincias que componen la República, siendo mayores de veinte años.

Artículo 7. Tienen, sin embargo, el derecho de sufragio los menores de esta edad, enrolados en la Guardia Nacional, y los mayores de diez y ocho años, casados.

Artículo 8. Son también ciudadanos los hijos de padre o madre argentina, nacidos en país extranjero, entrando al ejercicio de la ciudadanía, desde el acto de pisar el territorio del Estado.

Artículo 9. Pueden optar a la ciudadanía:

1. Los extranjeros que han combatido y combatieron en los ejércitos de mar y tierra de la República.
2. Los extranjeros casados con hijas del país, que profesen alguna ciencia, o que ejerzan arte o industria con establecimiento.
3. Los que se ocupen del comercio u otro giro con capital conocido, o que posean propiedades raíces, y se hallen residiendo en el Estado al tiempo de jurarse esta Constitución.
4. Después de jurada, todo extranjero que posea alguna de las calidades que se acaban de mencionar, teniendo dos años de residencia no interrumpida en el Estado, y los que se hubiesen distinguido por servicios notables y méritos relevantes.

Artículo 10. Los extranjeros mencionados en el artículo anterior, entran en goce y deberes de la ciudadanía activa, por el acto de inscribirse en el registro cívico o de manifestar ante la autoridad que designe la ley, su voluntad de aceptar la ciudadanía del Estado.

Artículo 11. Los mismos optarán al sufragio pasivo después de diez años de haber entrado en los deberes y goces de la ciudadanía activa. Y los que hubiesen optado a él antes de esta Constitución continuarán en su goce.

Artículo 12. Se suspenden los derechos de ciudadanía:

1. Por el estado de deudor fallido.
2. Por el de deudor al tesoro público, que, legalmente ejecutado por el pago, no cubre la deuda.
3. Por el de demencia.
4. Por vago.
5. Por legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena corporal o infamante.
6. Por no inscripción en la Guardia Nacional.

Artículo 13. Los derechos de la ciudadanía se pierden:

1. Por naturalización en otro país.
2. Por la aceptación de empleos o títulos de otro Gobierno, sin especial permiso de la Legislatura del Estado.
3. Por quiebra fraudulenta declarada tal.
4. Por sentencia que imponga pena infamante; pudiendo en cualquiera de estos casos solicitarse y obtenerse rehabilitación.

SECCIÓN III
Del Poder Legislativo

Artículo 14. El gobierno del Estado de Buenos Aires es popular representativo.

Artículo 15. La soberanía reside originariamente en el pueblo, y su ejercicio se delega en los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

SECCIÓN IV
De la forma de Gobierno

Artículo 16. El Poder Legislativo del Estado reside en una asamblea general, que se compondrá de una Cámara de Representantes y otra de Senadores.

CAPÍTULO I
De la Cámara de Representantes

Artículo 17. La Cámara de Representantes se compondrá de diputados elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a la ley de elecciones.

Artículo 18. Las de diputados para la primera Legislatura tendrán lugar inmediatamente después de promulgada la Constitución: debiendo hacerse en lo sucesivo el último domingo de marzo.

Artículo 19. Se elegirá un representante por cada seis mil almas o por una fracción que no baje de tres mil.

Artículo 20. Los diputados para la primera Legislatura serán nombrados en la proporción siguiente: Por la ciudad, veinticuatro y por la campaña, veintiséis.

Artículo 21. Para la segunda Legislatura se realizará el censo general del Estado, debiendo regir lo dispuesto en el artículo anterior, si por algún accidente inesperado no se hubiese realizado. Dicho censo sólo podrá renovarse cada ocho años.

Artículo 22. Las funciones de representantes durarán dos años, pero la Cámara se renovará por mitad cada año. La suerte decidirá, luego que se reúnan los que deben salir el primer año de la ciudad, y de cada sección de campaña.

Artículo 23. Ninguno podrá ser representante sin que tenga las cualidades siguientes: Ciudadanía natural en ejercicio; o legal adquirida conforme al artículo 11, veinticinco años cumplidos, o antes si fuere emancipado; un capital de diez mil pesos, al menos, o en su defecto, profesión, arte u oficio que le produzca una renta equivalente.

Artículo 24. Es de la competencia exclusiva de la Cámara de Representantes:

1. La iniciativa en la creación de contribuciones o impuestos.
2. El derecho de acusar ante el Senado al gobernador del Estado y sus ministros, a los miembros de ambas Cámaras, y a los del Superior Tribunal de Justicia, por delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, violación de la Constitución u otros crímenes que merezcan pena infamante o de muerte.

Artículo 25. En el acto de incorporarse los representantes prestarán juramento de desempeñar fielmente el cargo, y obrar en todo de conformidad a lo que previene esta Constitución.

CAPÍTULO II
Del Senado

Artículo 26. El Senado se compondrá de senadores elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a la ley de elecciones.

Artículo 27. Se elegirá un senador por cada doce mil almas, o por una fracción que no baje de seis mil, y la elección tendrá lugar al mismo tiempo que la de los diputados.

Artículo 28. Los senadores para la primera Legislatura serán nombrados en la proporción siguiente: por la ciudad doce, y uno por cada sección de campaña, exceptuando las de Bahía Blanca y Patagones, que sólo nombrarán uno, remitiendo éstas últimas sus respectivos registros a la Capital, donde se hará el escrutinio.

Artículo 29. Para la segunda Legislatura regirá lo dispuesto en el artículo 21.

Artículo 30. Las funciones de senador durarán tres años, renovándose por tercias partes cada año. La suerte decidirá, así que se reúnan, los que deben salir el primero y el segundo año, guardándose en la campaña el orden siguiente: cuatro el primer año, cuatro el segundo y los cinco restantes el tercero.

Artículo 31. Para ser nombrado senador, se necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal adquirida conforme al artículo 11; 32 años de edad y un capital de veinte mil pesos, o una renta equivalente, o una profesión científica capaz de producirla.

Artículo 32. El que obtuviere una elección doble de senador y representante elegirá entre ambas.

Artículo 33. Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Representantes; la concurrencia de dos terceras partes de sufragios, hará sentencia contra el acusado, al sólo efecto de separarlo del empleo, quedando no obstante sujeto a acusación, juicio o castigo conforme a la ley.

CAPÍTULO III
Atribuciones comunes a ambas Cámaras

Artículo 34. La Asamblea General se reunirá en la Capital y empezará sus sesiones inmediatamente después de promulgada esta Constitución, y en lo sucesivo el 1ro. de mayo.

Artículo 35. Las sesiones durarán cinco meses, y sólo podrán prorrogarse por uno, con el consentimiento de las dos terceras partes de sus miembros.

Artículo 36. Cada Cámara calificará la elección de sus miembros.

Artículo 37. Las Cámaras se regirán por el reglamento que cada una acuerde; y en Asamblea General por el del Senado.

Artículo 38. Cada una nombrará su presidente, vicepresidente y secretarios.

Artículo 39. Fijará sus gastos respectivos, poniéndolo en noticia del Ejecutivo para que se incluyan en el presupuesto general del Estado.

Artículo 40. Ninguna Cámara comenzará sus sesiones sin que se haya reunido más de la mitad del número total de sus miembros; mas si no se llenara éste, el día señalado por la Constitución, deberán reunirse los presentes aunque en número menor para excitar o compeler a los no concurrentes, en el término y bajo los apremios que acordasen.

Artículo 41. Las sesiones serán públicas, y sólo los negocios de Estado que exijan reservas se tratarán en secreto.

Artículo 42. Las Cámaras se comunicarán por escrito entre sí y el Gobierno por medio de sus respectivos presidentes, con autorización de un secretario.

Artículo 43. Los senadores y representantes son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de sus cargos. No hay autoridad que pueda procesarlos ni aún reconvenirlos en algún tiempo por ellos.

Artículo 44. No podrán ser arrestados durante la asistencia a la Legislatura, excepto en el caso de ser sorprendidos in fraganti, en la ejecución de algún crimen que merezca pena de muerte, infamia u otra aflictiva, y entonces se dará cuenta inmediata a la Cámara respectiva, con la formación sumaria del hecho.

Artículo 45. Ningún senador o representante podrá ser acusado criminalmente por delitos que no sean los detallados en el artículo 24, ni aún por estos mismos, sino ante su respectiva Cámara. Si el voto de las dos terceras partes de ella declara haber lugar a la formación de la causa, quedará el acusado suspendido en sus funciones, y sujeto a la disposición del tribunal competente.

Artículo 46. Puede asimismo cada Cámara corregir a cualquiera de sus miembros con igual número de votos, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o declarar cesantes por imposibilidad física o moral sobreviniente a su incorporación; pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir en las renuncias voluntarias.

Artículo 47. Cada una de las Cámaras puede hacer venir a su sala a los ministros del Gobierno para pedir los informes que estime convenientes.

Artículo 48. Cuando fuesen convocadas extraordinariamente, sólo se ocuparán del asunto que hubiese motivado la convocatoria.

CAPÍTULO IV
Atribuciones de la Asamblea General

Artículo 49. Compete a la Asamblea General: nombrar el gobernador del Estado en las épocas de la ley.

Artículo 50. Fijar cada año los gastos generales del Estado con arreglo a los presupuestos de ellos y al plan que deberá presentar el Gobierno.

Artículo 51. Establecer los impuestos y contribuciones necesarias para cubrir aquellos, suprimir, modificar y aumentar los existentes.

Artículo 52. Examinar, aprobar o reparar anualmente las cuentas de inversión de los caudales públicos que deberá presentar el Gobierno.

Artículo 53. Crear y suprimir empleos públicos en el Estado, determinar sus atribuciones y responsabilidades, designar, aumentar o disminuir sus dotaciones o retiros, acordar pensiones o recompensas y decretar honores públicos a los grandes servicios prestados al Estado.

Artículo 54. Establecer los tribunales de justicia de él, y reglar la forma de sus juicios.

Artículo 55. Conceder indultos y acordar amnistías por delitos cometidos en el Estado y con tendencia a él, cuando grandes motivos de interés público lo reclamen.

Artículo 56. Aprobar o reprobar la erección y reglamento de toda clase de bancos que se pretendiese establecer en el Estado.

Artículo 57. Reglamentar en él la educación pública, acordar a los autores, inventores y primeros introductores de inventos útiles, cualquiera clase de privilegios por tiempo determinado.

Artículo 58. Hacer todas las demás leyes u ordenanzas que reclame el bien del Estado, y que digan relación sólo a él, modificar, interpretar y abrogar las existentes.

Artículo 59. Fijar las divisiones territoriales convenientes a la mejor administración.

Artículo 60. Fijar anualmente el ejército permanente de mar y tierra y legislar sobre la Guardia Nacional.

Artículo 61. Interín se reúne un congreso general, en que sea representado el Estado de Buenos Aires, la Asamblea General de éste conocerá en todas aquellas cosas en que debería intervenir el Congreso, y sin cuya autorización no podría expedirse el Ejecutivo general, toda vez que el Gobierno del Estado sea necesitado a intervenir en ellas.

CAPÍTULO V
De la Comisión Permanente

Artículo 62. Antes de ponerse en receso la Asamblea General, se nombrará por las respectivas Cámaras a pluralidad de sufragios, una comisión permanente compuesta de tres senadores y cuatro representantes, con igual número de suplentes. Reunidos aquellos elegirán su presidente y vicepresidente.

Artículo 63. Cuando por enfermedad, muerte o cualquier otro impedimento hubiese que reemplazar alguno de los senadores, la comisión sorteará entre los tres suplentes el que deba substituirlo. Lo mismo se procederá respecto de los cuatro representantes.

Artículo 64. La comisión permanente durará hasta que se vuelva a reunir la Asamblea General.

Artículo 65. Sus atribuciones serán: velar sobre la observancia de la Constitución y de las leyes, hacer al Gobierno las advertencias y reclamos convenientes al efecto, bajo responsabilidad para ante la Asamblea General: y en caso de que éstos repetidos por segunda vez sean infructuosos, según la importancia y gravedad del asunto, convocar la Asamblea General, y finalmente instruir en todo caso a ésta de las ocurrencias habidas durante su receso.

Artículo 66. Lo dispuesto en el Artículo anterior tendrá especialmente lugar cuando el Gobierno resultase moroso en ordenar se practiquen las elecciones.

Artículo 67. Recibir las actas de elecciones que deberán remitirle las mesas centrales, y pasarlas a la respectiva comisión.

Artículo 68. Convocar en seguida ambas Cámaras a sesiones preparatorias para examinar las actas de elecciones.

Artículo 69. Usar de las facultades concedidas a las Cámaras en el Artículo 47.

CAPÍTULO VI
De la formación y sanción de las leyes

Artículo 70. Todo proyecto de ley, excepto los contenidos en el Artículo 24, puede tener principio en cualquiera de las dos Cámaras, por moción hecha por alguno de sus miembros, o por proposición del Poder Ejecutivo.

Artículo 71. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, se pasará inmediatamente a la otra, para que discutido en ella, lo apruebe, altere, o deseche. Si lo aprueba lo comunicará al Poder Ejecutivo.

Artículo 72. Un proyecto desechado en la Cámara de su origen, no podrá reconsiderarse en ella en el mismo período legislativo, a propuesta de ningún miembro de la misma Cámara.

Artículo 73. Si la Cámara a la que ha sido remitido el proyecto lo alterase, lo devolverá con las observaciones respectivas, y si la remitente se conformase con ellas, se lo avisará en contestación y lo pasará al Poder Ejecutivo. Pero si no conformándose insistiese en sostener su proyecto tal como lo había remitido al principio, podrá, por medio de previo aviso, al remitente, solicitar la reunión de ambas Cámaras que se verificará en la del Senado, o en la de representantes, si el Senado la designase, y después de discutido, el voto de las dos terceras partes hará resolución. El mismo orden se observará en caso de que un proyecto fuese desechado en su totalidad por una de las Cámaras a la que se haya remitido.

Artículo 74. El proyecto desechado por la Asamblea General no podrá ser reconsiderado en el mismo período legislativo.

Artículo 75. Si el Poder Ejecutivo, recibidos los proyectos, los suscribe, o en el término de diez días contados desde que los recibió, no los devuelve objecionados, tendrán fuerza de ley.

Artículo 76. Si encuentra reparos que oponerle u objeciones que hacer, los devolverá con ellas a la Cámara que se los remitió, dentro de los diez días.

Artículo 77. En este caso, reunidas ambas Cámaras, según lo dispone el Artículo 73, se considerará el proyecto con presencia de dichos reparos u observaciones, y se tendrá por última sanción, el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, la que comunicada al Poder Ejecutivo se hará promulgar sin más reparo.

Artículo 78. Si la devolución se hiciese por el Poder Ejecutivo estando ya cerradas las Cámaras, se dirigirá a la comisión permanente, y ésta podrá, entonces, según el juicio que forme de la urgencia, gravedad o importancia de la materia, o convocar a la Asamblea General, o reservar el asunto hasta la próxima reunión ordinaria de ella. Pero si el Poder Ejecutivo al hacer la devolución reclamase la urgencia, la comisión la convocará precisamente.

Artículo 79. En la sanción de las leyes se usará de esta forma: “El Senado y Cámara de Representantes del Estado de Buenos Aires, reunidos en Asamblea General, etc., han sancionado.”

Artículo 80. En toda reunión de la Asamblea General, su Presidencia será desempeñada por el presidente del Senado o el de la Cámara de Representantes, y en caso de impedimento de éstos por los vicepresidentes respectivos.

SECCIÓN V

CAPÍTULO I
Del Poder Ejecutivo

Artículo 81. El Poder Ejecutivo del Estado se desempeñará por una sola persona, bajo la denominación de gobernador del Estado de Buenos Aires.

Artículo 82. El gobernador será elegido por la Asamblea General en la segunda reunión después de abiertas sus sesiones, por votación nominal a pluralidad absoluta de sufragios.

Artículo 83. Si de la votación no resultase pluralidad absoluta, se repetirá aquella, y si ni aún en este caso resultase, entonces la votación se contraerá a los dos que hayan tenido mayor número de sufragios, y en caso de empate decidirá el presidente.

Artículo 84. El gobernador que exista al tiempo de jurarse esta Constitución, continuará en el cargo hasta el nombramiento de gobernador Constitucional.

Artículo 85. Para ser nombrado gobernador se requiere tener treinta y cinco años de edad, haber nacido en el Estado, y reunir las demás calidades exigidas por esta Constitución para senador.

Artículo 86. Para optar al cargo de gobernador se considerará como nacido en el Estado, el hijo de padre oriundo de él, que hubiese nacido en país extranjero, estando aquél desempeñando algún cargo diplomático o consular por el Estado o por la Nación, pero no podrá ser nombrado sin contar con tres años de residencia continua en el Estado.

Artículo 87. El gobernador durará en el cargo por el término de tres años, y no podrá ser reelecto sino después de tres de haber cesado; esta disposición se entiende respecto de los nombrados con arreglo a esta Constitución.

Artículo 88. Antes de entrar al ejercicio del cargo, el gobernador electo prestará ante el presidente del Senado y a presencia de las Cámaras reunidas, el siguiente juramento: “Yo, N. N., juro a Dios Nuestro Señor y a estos Santos Evangelios, que desempeñaré debidamente el cargo de gobernador del Estado, que se me confía; sostendré su libertad, integridad y derechos; protegeré la religión católica; daré ejemplo de obediencia a las leyes; ejecutaré y haré ejecutar las que ha sancionado y en adelante sancione la Legislatura del Estado, y observaré y haré observar fielmente la Constitución.” El presidente de la Asamblea le dirá: “Si así lo hiciereis Dios y la Patria os ayuden, y si no, os lo demanden”.

Artículo 89. En caso de enfermedad o ausencia del gobernador, o mientras se proceda a nueva elección por su muerte, renuncia o destitución, el presidente del Senado, ejercerá las funciones anexas al Poder Ejecutivo, quedando entretanto suspenso de las de senador.

Artículo 90. El gobernador es el jefe de la Administración general del Estado; provee a la seguridad interior y exterior de él.

Artículo 91. Publica y hace ejecutar las leyes y decretos de la Legislatura, facilitando la ejecución por reglamento o disposiciones especiales.

Artículo 92. Puede pedir la convocación extraordinaria de la Asamblea General, cuando graves circunstancias o motivos especiales lo demanden.

Artículo 93. A la apertura de la Legislatura, la informará del estado político y administrativo, y de las mejoras que considere dignas de su atención.

Artículo 94. Expide las órdenes convenientes para las elecciones que correspondan de senadores y diputados, en la oportunidad debida, y no podrá por motivo alguno diferirlas, sin acuerdo de la Asamblea General.

Artículo 95. El gobernador del Estado puede poner objeciones y hacer observaciones sobre los proyectos remitidos por las Cámaras, en el tiempo prevenido en el capítulo precedente, y suspender su promulgación hasta que las Cámaras resuelvan.

Artículo 96. Puede igualmente proponer a las Cámaras proyectos de ley, o modificaciones a las anteriormente dictadas.

Artículo 97. Es atribución del gobernador del Estado, nombrar y despedir el ministro, o ministros de su despacho general y oficiales de las secretarías.

Artículo 98. Proveer los empleos civiles y militares conforme a la Constitución y a las leyes. Para el de coronel y grados superiores necesita el acuerdo del Senado.

Artículo 99. Variar con acuerdo de sus ministros o ministro, los empleados de su dependencia; pero en caso de separarlos por delitos, deberá pasar los antecedentes a los tribunales de justicia, para que se les juzgue con arreglo a las leyes.

Artículo 100. Es el jefe superior de la fuerza militar del Estado y de él solamente depende su dirección; pero no podrá mandarla en persona sin previo permiso de la Asamblea General, acordada al menos por las dos terceras partes de votos.

Artículo 101. Ejerce el patronato respecto de las iglesias, beneficios y personas eclesiásticas de su dependencia, con arreglo a las leyes; presenta el obispo a propuesta en terna del Senado.

Artículo 102. Despacha las cartas de ciudadanía del Estado, con arreglo a las calidades prescriptas en esta Constitución.

Artículo 103. Cuida de la recaudación de las rentas y de su inversión conforme a las leyes.

Artículo 104. Es de su deber presentar anualmente a la Asamblea General el presupuesto de gastos y plan de recursos del año entrante, y pasar las cuentas de la inversión hecha en el anterior.

Artículo 105. No puede expedir orden sin la firma del ministro respectivo, y sin este requisito nadie está obligado a obedecer.

Artículo 106. No puede acordar a persona alguna goce de sueldo o pensión, sino por alguno de los títulos que las leyes expresamente designan.

Artículo 107. No podrá ausentarse de la Capital, por más de treinta días, ni tampoco del territorio del Estado, durante el tiempo de su mando, sino con previo consentimiento de la Asamblea General, por las dos terceras partes de votos.

Artículo 108. Podrá conmutar la pena capital, previo informe del tribunal, mediando graves y poderosos motivos, salvo los delitos exceptuados por las leyes.

Artículo 109. Nombra los agentes diplomáticos y consulares del Estado.

Artículo 110. En caso de conmoción interior o de invasión exterior, puede declarar en estado de sitio el todo o parte del Estado, sin que esto importe otorgar al Poder Ejecutivo más facultades, que las de remover individuos de un punto a otro de él y aún aprehenderlos dando cuenta dentro de veinticuatro horas a la Asamblea General, o en su receso a la comisión permanente.

Artículo 111. Las disposiciones contenidas en los Artículos 100, 101, 109 y 110, estarán sujetas a las declaraciones, o limitaciones que pueda hacer la Constitución General de la Nación.

Artículo 112. Recibirá por sus servicios la dotación establecida por la ley, que ni se aumentará ni disminuirá durante el tiempo de su mando.

CAPÍTULO II
De los ministros o secretarios del despacho general

Artículo 113. El despacho de los negocios del Estado se desempeñará por ministros secretarios que no pasarán de tres, con sus respectivas oficinas.

Artículo 114. Los ministros secretarios despacharán bajo las inmediatas órdenes del gobernador; autorizan las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto, ni se les dará cumplimiento; pero podrán expedirse por sí solos en lo concerniente al régimen especial de sus respectivos departamentos.

Artículo 115. Serán responsables con el gobernador de todas las órdenes que autoricen contra la Constitución y las leyes, sin que puedan quedar exentos de responsabilidad, por haber recibido mandato de autorizarlas.

Artículo 116. Para ser ministro se requiere: 1. ser ciudadano en ejercicio; 2. tener treinta años de edad cumplidos.

Artículo 117. Es incompatible el cargo de ministro con el de representante o senador.

SECCIÓN VI
Del Poder Judicial

Artículo 118. El Poder Judicial es independiente de todo otro en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 119. Será desempeñado en el Estado por los tribunales y juzgados que la ley designe, y sus miembros durante el tiempo que según ella deban ejercer sus funciones, no podrán ser removidos sin causa y sentencia legal; aunque quedarán suspendidos desde que sean enjuiciados.

Artículo 120. Para ser nombrado miembro del Tribunal Superior de Justicia, se requiere estar en ejercicio de la ciudadanía, ser mayor de treinta años, con seis al menos de ejercicio en la facultad. Para serlo de los juzgados inferiores bastarán dos años de profesión y veinticinco de edad, con la misma calidad de ciudadano.

Artículo 121. Los miembros del Tribunal serán nombrados por el gobernador a propuesta en terna del Senado, y los de juzgados inferiores a propuesta en terna del Tribunal Superior.

Artículo 122. Gozarán de la compensación que la ley designe.

Artículo 123. Las atribuciones del Tribunal serán las que designen las leyes vigentes y ulteriores.

Artículo 124. En el Tribunal Superior e inferiores las sentencias definitivas como interlocutorias serán fundadas en el texto expreso de la ley, o en los principios y doctrinas de la materia.

Artículo 125. El Tribunal Superior tendrá la superintendencia en toda la Administración de Justicia.

Artículo 126. Podrá informar al Cuerpo Legislativo de todo lo concerniente a la mejora de la Administración de Justicia.

Artículo 127. No podrá juzgarse por comisiones especiales.

Artículo 128. Cualquiera del pueblo tiene derecho para acusar a los depositarios del Poder Judicial, por los delitos de cohecho, prevaricato, procedimientos injustos contra la libertad de las personas, contra la propiedad y seguridad de domicilio.

Artículo 129. Las causas contenciosas de hacienda y las que nacen de contratos entre particulares y el Gobierno, serán juzgados por un tribunal especial, cuyas formas y atribuciones las determinará la ley de la materia.

SECCIÓN VII
De la observancia de las leyes, reforma de la Constitución y su juramento

Artículo 130. Continuarán observándose las leyes, estatutos y reglamentos que hasta ahora rigen, en lo que no hayan sido alterados por las leyes o disposiciones patrias, ni digan contradicción con la presente Constitución hasta que reciban de la Legislatura las variaciones o reformas que estime convenientes.

Artículo 131. Cuando el Poder Ejecutivo promueva la reforma de algún Artículo de la Constitución, se reunirán ambas Cámaras para tratar y discutir el asunto, y serán necesarias al menos las dos terceras partes de votos para sancionarse, que el Artículo o Artículos que se pretenden reformar deben ser reformados. Si no se obtuviese esta sanción, no se podrá volver a tratar el asunto, hasta la siguiente Legislatura.

Artículo 132. En caso de sancionarse la necesidad de la reforma, se procederá inmediatamente a verificarla con el mismo número de sufragios designados en el Artículo anterior.

Artículo 133. Si la proposición tuviese su origen en algunas de las Cámaras, no será admitida sin que sea apoyada al menos por la tercera parte de los miembros concurrentes a ella.

Artículo 134. No siendo apoyada de este modo, queda desechada y no podrá ser renovada en la Cámara de su origen por ninguno de sus miembros hasta el siguiente período de la Legislatura.

Artículo 135. Si fuese apoyada se reunirán ambas Cámaras para tratar, procediéndose en todo de conformidad a lo prescripto en el Artículo 131.

Artículo 136. En caso de sancionarse la necesidad de la reforma la resolución se comunicará al Poder Ejecutivo para que exponga su opinión fundada.

Artículo 137. Si él disiente, reconsiderada la materia por ambas Cámaras reunidas, será necesaria la concurrencia de tres cuartas partes al menos de votos para sancionar la necesidad de la reforma.

Artículo 138. En este caso, como en el de consentir el Poder Ejecutivo en la reforma proyectada, se procederá inmediatamente a verificarla, con el número de sufragios designado en el Artículo 131.

Artículo 139. Verificada la reformada pasará al Poder Ejecutivo para su publicación. En caso de devolverla otra vez con reparos, tres cuartas partes de sufragios harán la última sanción general.

Artículo 140. Esta Constitución o cualquier otra del Estado, no podrá ser reformada sino por su Asamblea General. (*)

(*) Este Artículo fue reformado por Ley 558, y quedó establecido en los términos siguientes: “Art. 140.Esta Constitución podrá ser reformada, en todo o en parte, por una convención ad-hoc, convocada en virtud de una ley especial, previa declaratoria de la Asamblea General, que designará si ha de ser en todo o en parte.”

Artículo 141. Sancionada la Constitución será solemnemente jurada en todo el territorio del Estado.

Artículo 142. Ninguno podrá ejercer empleo político, civil, militar o eclesiástico sin prestar juramento de observar esta Constitución y sostenerla.

Artículo 143. Todo el que atentare o prestare medios para atentar contra la presente Constitución, después de publicada, será juzgado y castigado como reo de LESA PATRIA.

Artículo 144. Sólo la Asamblea General podrá resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de alguno de los Artículos de esta Constitución.

SECCIÓN VIII
DECLARACIONES GENERALES

Artículo 145. Todos los habitantes del Estado tienen un derecho a ser protegidos en el goce de su vida, reputación, libertad, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de ellas sino con arreglo a las leyes.

Artículo 146. Todos los habitantes del Estado son iguales ante la ley; y ésta, bien sea penal, preceptiva, permisiva o tuitiva, debe ser una misma para todos.

Artículo 147. Todos pueden publicar por la prensa sus pensamientos y opiniones, con sefección a la ley de la materia.

Artículo 148. Toda orden de pesquisa, arresto de una o más personas sospechosas, o embargo de sus propiedades deberá especificar las personas u objetos de pesquisa u embargo. De lo contrario, no será exequible.

Artículo 149. Quedan asegurados a todos los habitantes del Estado los derechos de reunión pacífica y de petición individual o colectiva a todas las autoridades. La forma de estos actos será reglada por la ley de la materia.

Artículo 150. Se reserva al Cuerpo Legislativo el derecho de imponer penas y multas. Exceptúanse algunas moderadas, que hasta que se dé el Código Penal serán determinadas por el Poder Ejecutivo y Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 151. In fraganti todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona y conducido a presencia del juez.

Artículo 152. Fuera del caso del Artículo anterior, ninguno podrá ser detenido sin que preceda, al menos, una indagación sumaria, que produzca semiplena prueba, o indicios de un hecho que merezca pena corporal, ni podrá ser constituido en prisión sin que proceda orden de juez.

Artículo 153. Se exceptúa el caso en que la seguridad o el orden público exija el arresto de uno o más individuos, sin poderse observar los predichos requisitos; mas este arresto no podrá pasar de cuarenta y ocho horas sin ponerse al aprehendido a disposición del Tribunal o juez competente, el cual procederá a tomarle su declaración a la mayor brevedad posible.

Artículo 154. Todo aprehendido deberá ser notificado dentro de tercero día de la causa de su prisión.

Artículo 155. Se exceptúa de prisión, fuera de los casos en que por el delito merezca pena corporal, el que diera fianza bastante de responsabilidad por los daños y perjuicio que contra él se reclamen.

Artículo 156. Ninguna ley tendrá fuerza retroactiva.

Artículo 157. Todo habitante del Estado, tiene el derecho de salir de él cuando le convenga, llevando consigo sus bienes, con tal que guarde los reglamentos de Policía y salvo el derecho de tercero.

Artículo 158. La correspondencia epistolar es inviolable. El que la viole se hace reo contra la seguridad personal. La ley determinará en qué casos y con qué justificaciones puede procederse a ocuparla.

Artículo 159. Se ratifican las leyes de libertad de vientres, y las que prohíben el tráfico de esclavos, la confiscación de bienes, el tormento, las penas crueles, la infamia trascendental, los mayorazgos y vinculaciones.

Artículo 160. La casa de un ciudadano es un asilo inviolable, y sólo podrá entrarse a ella, en virtud de orden escrita de juez o autoridad competente.

Artículo 161. Ningún habitante del Estado puede ser penado por delito sin que proceda juicio o sentencia legal.

Artículo 162. Tampoco podrá ser obligado a hacer lo que no manda la Ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Artículo 163. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden público ni perjudican a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

Artículo 164. La libertad de trabajo, industria y comercio es un derecho de todo habitante del Estado, siempre que no ofenda o perjudique a la moral pública.

Artículo 165. A ningún preso se le obligará a prestar juramento al hacer su declaración indagatoria o confesión.

Artículo 166. Jamás podrá en el Estado el Poder Ejecutivo ser investido con Facultades Extraordinarias.

Artículo 167. Las cárceles son hechas para seguridad y no para mortificación de los presos. Todo rigor que no sea necesario hace responsable a las autoridades que lo ejerzan.

Artículo 168. Toda propiedad es inviolable, salvo el caso de expropiación, por motivo de utilidad pública, en la forma y bajo los requisitos que establecerá la ley de la materia.

Artículo 169. La educación, al menos la primaria, se costeará por el Tesoro del Estado.

Artículo 170. El régimen municipal será establecido en todo el Estado. La forma de elección de los municipales, las atribuciones y deberes de estos cuerpos, como lo relativo a sus rentas y arbitrios, serán fijados en la ley de la materia.

Artículo 171. El Estado de Buenos Aires no se reunirá al Congreso General, sino bajo la base de la forma federal, y con la reserva de revisar y aceptar libremente la Constitución General que se diere.

Artículo 172. La presente Constitución será firmada en sesión por el presidente, vicepresidentes y demás miembros de la sala, y autorizada por sus dos secretarios.

Artículos Adicionales

Artículo 173. El Poder Ejecutivo queda encargado de promulgar la presente Constitución, y designar el día en que deba ser jurada.

Artículo 174. Convocará a elecciones para senadores y representantes, con arreglo a lo establecido en el Artículo 18 de la presente Constitución; y las actas de ellas se remitirán como hasta aquí, al presidente de la sala, quien las pasará a la Comisión de Peticiones a los fines consiguientes.

Artículo 175. La presente Legislatura continuará hasta que sean aprobadas por ellas las actas de dichas elecciones.

Artículo 176. Firmada la Constitución, se declarará en receso, y durante él solo se reunirá si algún suceso grave o necesidad urgente lo exigiere, y para examinar las mencionadas actas.

Artículo 177. Aprobadas que sean éstas, se comunicará al Poder Ejecutivo, a fin de que proceda a invitar a los electos para que se reúnan en sesiones preparatorias; y la presente Legislatura se declara disuelta.

Artículo 178. La Asamblea Constitucional se instalará solemnemente el 24 de mayo.

Buenos Aires, abril 8 de 1854.

Constitución de la Provincia de Buenos Aires (1873–1889)

PREÁMBULO

Nos, los representantes de la provincia de Buenos Aires, reunidos en Convención por su voluntad y elección, con el objeto de constituir el mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer a la seguridad común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo y para los demás hombres que quieran habitar su suelo, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución.

SECCIÓN I
Declaraciones, derechos y garantías

Artículo 1. La provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.

Artículo 2. Todo poder público, emana del pueblo; y así éste puede alterar o reformar la presente Constitución siempre que el bien común lo exija y en la forma que por ella se establece.

Artículo 3. Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le corresponden con arreglo a lo que la Constitución Nacional establece, y sin perjuicio de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse autorizados por la Legislatura.

Artículo 4. El estado civil de las personas será uniformemente llevado en toda la Provincia por las autoridades civiles, sin distinción de creencias religiosas, en la forma que lo establezca la ley.

Artículo 5. Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre y públicamente según los dictados de su conciencia.

Artículo 6. El uso de la libertad religiosa reconocida en el Artículo anterior queda sujeto a lo que prescriben la moral y el orden público.

Artículo 7. El Gobierno de la Provincia coopera a sostener el culto Católico Apostólico Romano, con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional.

Artículo 8. Todos los habitantes de la Provincia son por su naturaleza libres e independientes, y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de todos estos goces, sino por vía de penalidad con arreglo a ley anterior al hecho del proceso, y previa sentencia legal de juez competente.

Artículo 9. Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y ésta debe ser una misma para todos y tener una acción y fuerza uniformes.

Artículo 10. La libertad de la palabra escrita o hablada es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia. Todos pueden publicar por la prensa sus pensamientos y opiniones, siendo responsables de su abuso ante el jurado que conocerá del hecho y del derecho, con arreglo a la ley de la materia, sin que en ningún caso la legislación pueda dictar medidas preventivas para el uso de esta libertad ni restringirla o limitarla en manera alguna. En los juicios a que diere lugar el ejercicio de la libertad de la palabra y de la prensa, el jurado admitirá la prueba como descargo, siempre que se trate de la conducta oficial de los empleados o de la capacidad política de personas públicas.

Artículo 11. Toda orden de pesquisa, arresto de una o más personas o embargo de propiedades, deberá especificar las personas u objetos de pesquisa o embargo, describiendo particularmente el lugar que debe ser registrado, y no se expedirá mandato de esta clase, sino por hecho punible apoyado en juramento o afirmación, sin cuyos requisitos, la orden o mandato no será exequible.

Artículo 12. Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no turben el orden público, así como el de petición individual o colectiva, ante todas y cada una de sus autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus representantes, o para pedir la reparación de agravios. En ningún caso una reunión de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito de sedición.

Artículo 13. Nadie podrá ser detenido sin que preceda al menos una indagación sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, ni podrá ser constituido en prisión sin que preceda orden escrita de juez, salvo el caso in fraganti en que todo delincuente puede ser arrestado por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez.

Artículo 14. Se asegura para siempre a todos el juicio por jurados con arreglo a las prescripciones de esta Constitución.

Artículo 15. No podrá juzgarse por comisiones, ni tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les dé.

Artículo 16. Todo aprehendido será notificado dentro de veinticuatro horas de la causa de su prisión.

Artículo 17. Toda persona detenida podrá pedir por sí o por medio de otra que se le haga comparecer ante el juez más inmediato, y expedido que sea el auto por autoridad competente, no podrá ser detenida contra su voluntad si, pasadas las veinticuatro horas, no se le hubiese notificado por juez igualmente competente la causa de su detención. Todo juez, aunque lo sea en un tribunal colegiado, a quien se hiciere esta petición o se reclamase la garantía del Artículo anterior, deberá proceder en el término de veinticuatro horas contadas desde su presentación con cargo auténtico bajo multa de mil pesos fuertes.

Artículo 18. Será eximida de prisión toda persona que diere fianza suficiente para responder de los daños y perjuicios, fuera de los casos en que por el delito merezca pena corporal aflictiva, cuya duración exceda de dos años.

Artículo 19. No se dictarán leyes que importen sentencia; que empeoren la condición de los acusados por hechos anteriores, priven de derechos adquiridos o alteren las obligaciones de los contratos.

Artículo 20. Todo habitante de la Provincia tiene el derecho de entrar y salir del país, de ir y venir llevando consigo sus bienes, salvo el derecho de tercero.

Artículo 21. La correspondencia epistolar es inviolable. El que la viole se hace reo de delito punible por la ley, la cual determinará en qué casos y con qué justificaciones podrá procederse a ocuparla por mandato del juez.

Artículo 22. El domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública.

Artículo 23. Ningún habitante de la Provincia estará obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que ella no prohíbe.

Artículo 24. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan el orden público ni perjudiquen a un tercero están reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados.

Artículo 25. La libertad de trabajo, industria y comercio, es un derecho asegurado a todo habitante de la Provincia, siempre que no ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad públicas, ni sea contrario a las leyes del país o a los derechos de tercero.

Artículo 26. A ningún acusado se le obligará a prestar juramento ni a servir de testigo contra sí mismo en materia criminal, ni será encausado dos veces por un mismo delito.

Artículo 27. Las cárceles son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos. Las penitenciarías serán reglamentadas de manera que constituyan centros de trabajo y moralización. Todo rigor innecesario hace responsables a las autoridades que lo ejerzan.

Artículo 28. La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia, puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Artículo 29. Se ratifican para siempre las leyes de libertad de vientres, y las que prohíben el tráfico de esclavos, la confiscación de bienes, el tormento, las penas crueles, infamia trascendental, mayorazgos y vinculaciones de toda especie, debiendo ser enajenable toda propiedad.

Artículo 30. Ninguna persona será encarcelada por deudas en causa civil, salvo los casos de fraude o culpa especificados por ley.

Artículo 31. Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia, de todos los derechos civiles del ciudadano y los municipales que esta Constitución les acuerda.

Artículo 32. La libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada por medidas preventivas.

Artículo 33. Las universidades y facultades científicas erigidas legalmente expedirán los títulos y grados de su competencia, sin más condición que la de exigir exámenes suficientes en el tiempo en que el candidato lo solicite, quedando a la Legislatura la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales.

Artículo 34. La Legislatura no podrá dictar ley alguna que autorice directa o indirectamente la suspensión de pagos en metálico por ninguna asociación o establecimiento de banco, sea público o privado, ni la circulación de sus billetes como moneda corriente, ni autorizar nuevas emisiones de papel moneda. Tampoco podrá autorizar ninguna clase de lotería en la Provincia, ni la venta pública de billetes de loterías establecidas fuera de ella.

Artículo 35. Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella.

Artículo 36. No podrá dictarse ley que tenga por objeto acordar remuneración a ninguno de los miembros del Poder Ejecutivo ni de las Cámaras mientras lo sean, por servicios hechos o que se les encargue en el ejercicio de sus funciones o por comisiones especiales o extraordinarias.

Artículo 37. No podrá autorizarse ningún empréstito sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por iniciativa de la Cámara de Diputados, y la ley que lo autorice deberá ser sancionada por dos tercios de votos de cada Cámara.

Artículo 38. Toda ley que sancione empréstito deberá especificar los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización.

Artículo 39. No podrá aplicarse el numerario que se obtenga por empréstito, sino a los objetos determinados que se deben especificar en la ley que lo autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que lo invierta o destine a otros objetos.

Artículo 40. La Legislatura no podrá disponer de suma alguna del capital del Banco de la Provincia hasta tanto no haya sido redimida la deuda del papel moneda a cuyo pago está aquel especialmente afectado.

Artículo 41. Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar a la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos de los determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que el que se empleen en redimir la deuda que se contraiga.

Artículo 42. Los empleados públicos, a cuya elección o nombramiento no provea esta Constitución, serán nombrados o elegidos según lo disponga la ley.

Artículo 43. No podrá acumularse dos o más empleos a sueldo en una misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional. En cuanto a los empleados gratuitos, los de profesorado y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles.

Artículo 44. Las fuerzas con que la Provincia deba contribuir al servicio ordinario de las fronteras, mientras la Nación no provea a él por sí sola, no se compondrán de guardias nacionales sino de soldados alistados a expensas del Tesoro provincial.

Artículo 45. Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución, no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal.

Artículo 46. Toda ley, decreto u orden contrarios a los Artículos precedentes o que impongan el ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos Artículos permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que la haya autorizado o ejecutado.

SECCIÓN II
Régimen Electoral

CAPÍTULO I
Disposiciones generales

Artículo 47. La representación política tiene por base la población, y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.

Artículo 48. La atribución del sufragio popular es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino y un deber que desempeñará con arreglo a las prescripciones de esta Constitución, y a la ley de la materia.

Artículo 49. La proporcionalidad de la representación, será la regla en todas las elecciones populares, a fin de dar a cada opinión un número de representantes proporcional al número de sus adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio determine la ley.

CAPÍTULO II
Bases del sistema electoral

Artículo 50. El territorio poblado de la Provincia se dividirá en tantos distritos electorales, cuantos sean los juzgados de Paz, a los efectos de la inscripción, organización e instalación de las mesas receptoras, y recepción de los votos.

Artículo 51. Para toda elección popular deberá servir de base el registro electoral de cada distrito, que se hará por inscripción directa a domicilio, por comisiones empadronadoras nombradas a la suerte, por las municipalidades respectivas, y donde no hubiese éstas, por los jueces de Paz, debiendo renovarse cada dos años.

Artículo 52. Las mesas receptoras de votos en cada distrito, serán también formadas a la suerte por las municipalidades, o por los jueces de Paz en su caso.

Artículo 53. Los cargos de empadronadores y miembros de las mesas receptoras, serán obligatorios a todo ciudadano, bajo multa que establecerá la ley a beneficio de la municipalidad respectiva.

Artículo 54. Ningún ciudadano podrá votar sino en el distrito electoral de su residencia y estando inscripto en el Registro.

Artículo 55. La ley de elecciones deberá ser uniforme para toda la Provincia.

Artículo 56. Toda elección deberá terminarse en un solo día, sin que las autoridades puedan suspenderla por ningún motivo.

Artículo 57. Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los candidatos.

Artículo 58..Ningún ciudadano inscripto, que no haya sido movilizado, podrá ser citado, ni retenido para el servicio militar ordinario, desde quince días antes, por lo menos, de las elecciones generales, hasta ocho días después de éstas.

Artículo 59. No podrá votar la tropa de línea, ni ningún individuo que forme parte de la policía de seguridad.

Artículo 60. Las mesas receptoras de votos tendrán a su cargo el orden inmediato del Colegio Electoral, durante el ejercicio de sus funciones, y para conservarlo o restablecerlo podrán requerir el auxilio de la fuerza pública.

SECCIÓN III
Poder Legislativo

CAPÍTULO I
De la Asamblea Legislativa.

Artículo 61. El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por una Asamblea dividida en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores, elegidos directamente por electores calificados, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de elecciones.

CAPÍTULO II
De la Cámara de Diputados

Artículo 62. Esta Cámara será compuesta de ciudadanos elegidos en razón de uno por cada diez mil habitantes, o de una fracción que no baje de cinco mil. Cuando el número de diputados alcance a cien, la Legislatura determinará, después de cada censo decenal, la razón del número de habitantes que ha de representar cada diputado, para que no exceda nunca de aquel número.

Artículo 63. El cargo de diputado durará dos años, pero la Cámara se renovará por mitad cada año.

Artículo 64. Para ser diputado se requieren las calidades siguientes:

1. Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida.
2. Veintidós años de edad.

Artículo 65. Es incompatible el cargo de diputado con el de empleado a sueldo de la Provincia o de la Nación. Exceptúanse los empleos de profesorado y las comisiones eventuales. Todo ciudadano que siendo diputado aceptase cualquier empleo rentado de la Nación o de la Provincia, cesará por ese hecho de ser miembro de la Cámara.

Artículo 66. Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:

1. La iniciativa en la creación de contribuciones e impuestos generales de la Provincia.
2. Acusar ante el Senado al gobernador de la Provincia y sus ministros, al vicegobernador y a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, por delitos en el desempeño de sus funciones, o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo.

Para usar de esta atribución deberá preceder una sanción de la Cámara por dos tercios de votos de sus miembros presentes que declaren que hay lugar a la formación de causa. Cualquier habitante de la Provincia tiene acción para denunciar ante la Cámara de Diputados, el delito o falta a efecto de que se promueva la acusación. La ley determinará el procedimiento de estos juicios.

Artículo 67. Cuando se deduzca acusación por delitos comunes entre los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus personas, sin que se solicite por el tribunal competente, se allane la inmunidad del acusado, a cuyo efecto se remitirán los antecedentes a aquella Cámara, y no podrá allanarse dicha inmunidad, sino con dos tercios de votos.

Artículo 68. Presta su acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los miembros del Consejo General de Educación.

CAPÍTULO III
Del Senado

Artículo 69. Esta Cámara se compondrá de ciudadanos elegidos en razón de uno por cada veinte mil habitantes, o de una fracción que no baje de diez mil. Cuando el número de senadores alcance a cincuenta, la Legislatura determinará después de cada censo decenal la razón del número de habitantes que ha de representar cada senador para que no exceda, nunca de aquel número.

Artículo 70. Son requisitos para ser senador:

1. Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida.
2. Tener treinta años de edad.

Artículo 71. Son también aplicables al cargo de senador, las incompatibilidades establecidas en el Artículo sesenta y cinco para ser diputado, en los términos allí prescriptos.

Artículo 72. El cargo de senador durará tres años, pero la Cámara se renovará por terceras partes cada año.

Artículo 73. Es atribución exclusiva del Senado, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal y prestando sus miembros juramento o afirmación para estos casos. Cuando el acusado fuese el gobernador o vicegobernador de la Provincia, deberá presidir el Senado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no tendrá voto.

Artículo 74. El fallo del Senado en estos casos no tendrá más efecto que destituir al acusado y aún declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la Provincia. Ningún acusado podrá ser declarado culpable sin una mayoría de dos tercios de votos de los miembros presentes. Deberá votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el Diario de Sesiones el voto de cada senador.

Artículo 75. El que fuese condenado en esta forma, queda, sin embargo, sujeto a acusación y juicio ante los tribunales ordinarios.

Artículo 76. Presta su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el Poder Ejecutivo con este requisito y le presenta una terna alternativa para el nombramiento de tesorero y contador de la Provincia.

CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes a ambas Cámaras

Artículo 77. Con arreglo a lo dispuesto en los Artículos sesenta y dos y sesenta y nueve, y el resultado del Censo Nacional levantado en el mes de septiembre de mil ochocientos sesenta y nueve, la Legislatura fijará el número de representantes y senadores que compondrán la Asamblea Legislativa, hasta que se haga una nueva asignación.

Artículo 78. Las elecciones para diputados y senadores, tendrán lugar el último domingo de marzo de cada año.

Artículo 79. Las Cámaras abrirán sus sesiones ordinarias el primero de mayo de cada año, y las cerrarán el treinta y uno de agosto. Funcionarán en la Capital de la Provincia, pero podrán hacerlo por causas graves en otro punto, precediendo una disposición de ambas Cámaras que lo acuerde. Las sesiones podrán prorrogarse hasta sesenta días, previa una sanción que lo disponga.

Artículo 80. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el Poder Ejecutivo o en virtud de petición escrita, firmada por una cuarta parte de los miembros de cada Cámara, y en estos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que motiven la convocatoria.

Artículo 81. Cada Cámara es juez exclusivo de las elecciones de sus miembros y de la validez de sus títulos.

Artículo 82. Para funcionar necesitan mayoría absoluta, pero en número menor podrán reunirse al solo efecto de acordar las medidas que estimen convenientes para compeler a los inasistentes.

Artículo 83. Ninguna de las Cámaras podrá suspender sus sesiones más de tres días sin acuerdo de la otra.

Artículo 84. Ningún diputado o senador podrá aceptar cargos, títulos, condecoraciones, presentes ni pensiones de ningún gobierno o Nación extranjera.

Artículo 85. Ningún miembro del Poder Legislativo durante su mandato, ni aún renunciando su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo alguno rentado, creado, o cuyos emolumentos se hayan aumentado en el período legal de la Legislatura en que funciona.

Artículo 86. Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno, para examinar el estado del Tesoro, y para el mejor desempeño de las atribuciones que le conciernen, y podrá pedir a los jefes de departamentos de la Administración y por su conducto a sus subalternos, los informes que crea convenientes.

Artículo 87. Podrá también expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto que afecte los intereses generales de la Provincia o de la Nación.

Artículo 88. Cada Cámara podrá hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo, para pedirles los informes que estime convenientes.

Artículo 89. Cada Cámara se regirá por un reglamento especial, y nombrará su presidente y vice a excepción del presidente del Senado, que lo será el vicegobernador, pero no tendrá voto sino en caso de empate.

Artículo 90. Formará también su presupuesto, acordando el número de empleados que necesiten, su dotación y la forma en que deben proveerse.

Artículo 91. Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, y sólo podrán ser secretas por acuerdo de la mayoría.

Artículo 92. Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo. No hay autoridad alguna que pueda procesarlos, ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas.

Artículo 93. Gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección, hasta que cese su mandato, y no podrán ser arrestados por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos in fraganti en la ejecución de algún delito grave, dándose inmediatamente cuenta a la Cámara respectiva con la información sumaria del hecho, para que resuelva lo que corresponda según el caso sobre la inmunidad personal.

Artículo 94. Cuando se deduzca acusación por acción privada, ante la justicia ordinaria contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerle a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Artículo 95. Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por dos tercios de votos, y en caso de reincidencia podrá expulsarlo por el mismo número de votos. Por inasistencia notable podrá también declararlo cesante en la misma forma.

Artículo 96. Al aceptar el cargo, los diputados y senadores prestarán juramento por Dios y por la Patria de desempeñarlo fielmente.

Artículo 97. Los senadores y diputados gozarán de una remuneración determinada por la Legislatura.

CAPÍTULO V
Atribuciones del Poder Legislativo

Artículo 98. Corresponde al Poder Legislativo:

1. Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la Provincia.
2. Fijar anualmente el presupuesto de gastos y el cálculo de recursos. La ley del presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto en la administración general de la Provincia, y el tesorero y contadores no podrán autorizar ni ejecutar ningún pago que no esté incluido en ella o en leyes especiales.
3. Aprobar, reparar o desechar anualmente las cuentas de inversión que le remitirá el Poder Ejecutivo en todo el mes de mayo, abrazando el movimiento administrativo hasta el treinta y uno de diciembre próximo anterior.
4. Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia, determinando sus atribuciones, responsabilidades y dotación.
5. Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración.
6. Conceder indultos y acordar amnistías por delitos de sedición en la Provincia.
7. Autorizar la reunión o movilización de la milicia o de parte de ella en los casos en que la seguridad pública de la Provincia lo exija sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno general.
8. Conceder privilegios por un tiempo limitado a los autores o inventores, perfeccionadores y primeros introductores de nuevas industrias para explotarse sólo en la Provincia, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno general.
9. Legislar sobre las tierras públicas de la Provincia, debiendo dictarse una ley general sobre la materia.
10. Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesoreros de la Provincia y sus municipios.
11. Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos.
12. Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con otras provincias.
13. Admitir o desechar las renuncias que hiciesen de su cargo el gobernador o vicegobernador, y declarar el caso de procederse a nueva elección por la renuncia o impedimento de ambos.
14. Organizar la Contaduría General en el primer período constitucional, de manera que pueda controlar eficazmente las operaciones administrativas en la percepción e inversión de los caudales públicos. Organizar en el mismo período una Oficina de Contabilidad dependiente de la Legislatura, para el examen anual de las cuentas de la Administración, cuyos funcionarios principales serán nombrados por la Asamblea General.
15. Finalmente, dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores atribuciones, y para todo asunto de interés público y general de la Provincia, cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales.

Artículo 99. Solo podrá discernir honores, y acordar jubilaciones, pensiones civiles y recompensas pecuniarias por servicios distinguidos prestados al país.

CAPÍTULO VI
Procedimiento para la formación de las leyes

Artículo 100. Toda ley puede tener principio en cualquiera de las dos Cámaras excepto aquellas cuya iniciativa se confiere a la Cámara de Diputados privativamente.

Artículo 101. Se propondrán en forma de proyecto, por cualquiera de los miembros de cada Cámara y también por el Poder Ejecutivo.

Artículo 102. Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará para su revisión a la otra, y si ésta también lo aprobase, se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 103. Si la Cámara revisora modifica el proyecto que se le ha remitido, volverá a la iniciadora, y si ésta aprueba las modificaciones, pasará al Poder Ejecutivo. Si las modificaciones fuesen rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora, y si ella no tuviese dos tercios para insistir, prevalecerá la sanción de la iniciadora; pero si concurriesen dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el proyecto pasará de nuevo a la Cámara de su origen, la que necesitará igualmente el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, para que su sanción se comunique al Poder Ejecutivo. Si la Cámara revisora insistiese en sus modificaciones por unanimidad, volverá el proyecto a la iniciadora. Si ésta lo rechaza también por unanimidad se considerará desechado el proyecto, y en caso contrario, quedará sancionado con las modificaciones.

Artículo 104. Ningún proyecto de ley rechazado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Artículo 105. El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley sancionados, en los diez días de haberle sido remitidos por la Legislatura, pero podrá devolverlos con observaciones durante dicho plazo, y si una vez transcurrido no ha hecho la promulgación ni los ha devuelto con sus objeciones, serán ley de la Provincia, debiendo promulgarse en el día por el Poder Ejecutivo.

Artículo 106. Si antes del vencimiento de los diez días hubiese tenido lugar la clausura de las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá dentro de dicho término remitir el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de su origen, sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto.

Artículo 107. Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo será reconsiderado primero en la Cámara de su origen, pasando luego a la revisora, y si ambas insisten en su sanción por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto será ley, y el Ejecutivo se hallará obligado a promulgarlo. En caso contrario no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Artículo 108. Si un proyecto de ley observado volviese a ser sancionado en uno de los dos períodos legislativos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no podrá observarlo de nuevo, estando obligado a promulgarlo como ley.

Artículo 109. En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de ley, etc.

CAPÍTULO VII
De la Asamblea General

Artículo 110. Ambas Cámaras sólo se reunirán para el desempeño de las funciones siguientes:

1. Apertura y clausura de las sesiones.
2. Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador de la Provincia.
3. Para tomar en consideración las renuncias de los mismos funcionarios.
4. Para verificar la elección de senadores al Congreso Nacional.

Artículo 111. Todos los nombramientos que se difieren a la Asamblea General deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes.

Artículo 112. Si hecho el escrutinio no resultase candidato con mayoría absoluta, deberá repetirse la votación, contrayéndose a los dos candidatos que hubiesen obtenido más votos en la anterior, y en caso de empate decidirá el presidente.

Artículo 113. De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por la Asamblea, conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado.

Artículo 114. Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el vicegobernador, en su defecto por el vicepresidente del Senado, y a falta de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados.

Artículo 115. No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

SECCIÓN IV
Poder Ejecutivo

CAPÍTULO I
De su naturaleza y duración

Artículo 116. El Poder Ejecutivo de la Provincia será desempeñado por un ciudadano con el título de gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 117. Al mismo tiempo y por el mismo período que se elija gobernador, será elegido un vicegobernador.

Artículo 118. Para ser elegido gobernador o vicegobernador se requiere:

1. Haber nacido en territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero;
2. Tener treinta años de edad;
3. Cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no interrumpida.

Artículo 119. El gobernador y vicegobernador durarán tres años en el ejercicio de sus funciones, y cesarán en ellas en el mismo día en que expire el período legal, sin que evento alguno pueda motivar su prorrogación por un día más, ni tampoco que se les complete más tarde.

Artículo 120. El gobernador y vicegobernador no podrán ser reelegidos en el período siguiente a su elección. Tampoco podrá el gobernador ser nombrado vicegobernador, ni el vicegobernador podrá ser nombrado gobernador.

Artículo 121. Si ocurriese muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia, las funciones del gobernador serán desempeñadas por el vicegobernador por todo el resto del período legal, en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la inhabilidad accidental en los tres últimos.

Artículo 122. En caso de muerte, destitución, renuncia o inhabilidad del vicegobernador, las funciones del Poder Ejecutivo serán desempeñadas por el vicepresidente del Senado, tan solo mientras se proceda a nueva elección para completar el período legal, no pudiendo esta elección recaer en dicho funcionario. No se procederá a nueva elección cuando el tiempo que falte para completar el período gubernativo no exceda de un año.

Artículo 123. En los mismos casos en que el vicegobernador reemplaza al gobernador, el vicepresidente del Senado reemplaza al vicegobernador.

Artículo 124. La Legislatura dictará una ley que determine el funcionario que deberá desempeñar el cargo provisoriamente, para los casos en que el gobernador, vicegobernador y vicepresidente del Senado no pudiesen desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo.

Artículo 125. El gobernador y vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, residirán en la Capital de la Provincia, y no podrán ausentarse de ella por más de treinta días sin permiso de la Legislatura, y en ningún caso del territorio de la Provincia sin este requisito.

Artículo 126. En el receso de las Cámaras sólo podrán ausentarse por un motivo urgente de interés público, y por el tiempo indispensable, y dando cuenta a aquéllas oportunamente.

Artículo 127. Al tomar posesión del cargo de gobernador y vicegobernador prestarán juramento ante el presidente de la Asamblea Legislativa en los términos siguientes:

“Juro por Dios y por la Patria, y sobre estos Santos Evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador (o vicegobernador). Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden.”

Artículo 128. El gobernador y vicegobernador gozan del sueldo que la ley determine, no pudiendo ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante éste no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia.

CAPÍTULO II
De la forma y del tiempo en que ha de hacerse la elección de gobernador y vicegobernador

Artículo 129. La elección de gobernador se practicará del modo siguiente: Seis meses antes de terminar el período gubernativo, el Poder Ejecutivo, dando treinta días de término, convocará para esta elección al pueblo de la Provincia. Una ley especial dividirá el territorio sobre la base de la población, en secciones electorales, distribuyendo entre ellas el número de electores, que será igual a la totalidad de senadores y diputados de la Provincia. La elección será directa y a pluralidad de votos. Cada sección electoral remitirá dos actas de la elección con los registros y las protestas, si las hubiere, una al presidente del Senado y otra al gobernador de la Provincia. Treinta días después de la elección, reunidas por lo menos las dos terceras partes de las actas electorales, tomando por base la totalidad de secciones, se hará el escrutinio de votos por la Asamblea Legislativa. Ésta, por conducto del Poder Ejecutivo, hará saber su nombramiento a los que hubiesen resultado con mayoría, acompañando un acta autorizada de la sesión.

Artículo 130. Si no hubiese sido posible obtener las dos terceras partes de actas por no haber concurrido a la elección algunas secciones, el presidente de la Asamblea lo comunicará inmediatamente al Poder Ejecutivo para que éste, dando el tiempo necesario, convoque nuevamente a elección a las secciones que no lo hubiesen verificado.

Artículo 131. Quince días después de las comunicaciones del nombramiento a los ciudadanos que hubiesen obtenido mayoría, se reunirán éstos en sesión preparatoria en la sala de sesiones de la Asamblea Legislativa, para resolver, como juez único, sobre la validez de las elecciones respectivas, a cuyo efecto el presidente de la Asamblea Legislativa remitirá las actas originales con los registros y las protestas que se hubiesen acompañado. La Asamblea se expedirá dentro de diez días contados desde su primera reunión, en el examen de las actas.

Artículo 132. Si del juicio pronunciado en el examen de actas resultare que no había dos terceras partes de electores legalmente nombrados, se procederá según lo prescripto en el Artículo ciento treinta, decretándose nuevas elecciones donde hubiesen sido anuladas.

Artículo 133. Ocho días después de terminado definitivamente el examen de las actas, se reunirá la convención electoral en la Capital de la Provincia y en el local designado, necesitando para funcionar dos terceras partes de los electores convocados, cuyos diplomas hayan sido aprobados; nombrará de su seno un presidente y dos secretarios y procederá cada convencional a nombrar gobernador y vicegobernador, por cédulas firmadas, expresando en una la persona por quién vota para gobernador, y en otra para vicegobernador. El presidente de la Asamblea electoral nombrará cuatro de sus miembros, para que reunidos a los dos secretarios, practiquen el escrutinio comunicando el resultado al presidente, quien anunciará a la Asamblea el número de votos que hayan obtenido tales candidatos, y el nombre de los electores que hubiesen votado por ellos. Los que hayan obtenido mayoría absoluta de sufragios con relación al número de electores presentes, serán inmediatamente proclamados por el presidente de la Convención, gobernador y vicegobernador de la Provincia.

Artículo 134. Si por dividirse la votación, no hubiese mayoría absoluta en favor de un candidato, se repetirá la votación entre los que hubiesen obtenido la primera y segunda mayoría. En los casos de empate, se repetirá la votación y si resultare nuevo empate, decidirá el presidente de la Convención.

Artículo 135. La Convención terminará en una sola sesión el nombramiento de gobernador y vicegobernador y lo hará saber al gobernador cesante y al presidente de la Asamblea Legislativa, acompañando copia autorizada del acta de la sesión a fin de que sea comunicada a los electos.

Artículo 136. Los que hayan resultado electos para gobernador y vicegobernador, deberán comunicar a la Convención electoral su aceptación en los diez días siguientes a aquel en que les fue comunicado su nombramiento. La Convención electoral conocerá en las excusaciones que presenten los nombrados antes de tomar posesión del cargo, y en caso de aceptarlas, procederá inmediatamente a hacer una nueva elección. Una vez en posesión, corresponde a la Asamblea Legislativa conocer de las renuncias del gobernador y vicegobernador.

Artículo 137. Declarado el caso de proceder a nueva elección, el ciudadano en ejercicio del Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la Provincia con arreglo a lo establecido en la Constitución, para la nueva elección del Colegio electoral, que debe verificar el nombramiento de gobernador y vicegobernador para todo el resto del periodo legal.

Artículo 138. Para ser elector, se exigen los mismos requisitos que para ser diputado. No podrán ser electores, los diputados o senadores, tanto de la Nación como de la Provincia.

Artículo 139. El elector que no asistiese sin causa justificada, puesta oportunamente en conocimiento de la Convención, a desempeñar su mandato en el día fijado, incurrirá en la multa de ochocientos pesos fuertes o cuatro meses de prisión. El presidente de la Convención hará saber al Poder Ejecutivo, quiénes sean los que se encuentren en este caso, a fin de que se haga efectiva la pena.

Artículo 140. La Convención resolverá sobre la renuncia de sus miembros por simple mayoría. Podrá reunirse en minoría para compeler a los inasistentes que no se hubieren presentado a tercera citación, y hasta declararlos cesantes, y para que se ordene una nueva elección si no quedaren íntegras las dos terceras partes requeridas en el Artículo ciento treinta y tres.

Artículo 141. Los electores gozan de las mismas inmunidades que los miembros de la Legislatura desde el día de su elección hasta el de su cese.

CAPÍTULO III
Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 142. El gobernador es el jefe de la Administración de la Provincia y tiene las siguientes atribuciones:

1. Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, facilitando su ejecución por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu.
2. Participar de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presentados a las Cámaras, y de tomar parte en su discusión por medio de los ministros.
3. El gobernador podrá conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado del tribunal superior correspondiente, sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación, y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse, debiendo ponerse en conocimiento de la Asamblea Legislativa las razones que hayan motivado en cada caso la conmutación de la pena. El gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos en que el Senado conoce como juez, y de aquellos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
4. Ejercerá los derechos de patronato como vice-patrono hasta que el Congreso Nacional, en uso de la atribución decimanona que le confiere la Constitución de la República, dicte la ley de la materia.
5. A la apertura de la Legislatura, la informará del estado general de la Administración.
6. Expide las órdenes convenientes para las elecciones que correspondan de senadores y diputados, en la oportunidad debida, y no podrá por ningún motivo diferirlas sin acuerdo de la Cámara respectiva.
7. Convoca a sesiones extraordinarias a la Legislatura o a cualquiera de las Cámaras, cuando lo exige un grande interés público, salvo el derecho del cuerpo convocado para apreciar y decidir después de reunido sobre los funda­mentos de la convocación.
8. Hace recaudar las rentas de la Provincia y decreta su inversión con arreglo a las leyes, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la Tesorería.
9. Celebra y firma tratados parciales con otras provincias para fines de la Administración de Justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común con aprobación de la Legislatura y dando conocimiento al Congreso Nacional.
10. Es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la Provincia con excepción de aquellas que hayan sido movilizadas para objetos nacionales.
11. Moviliza la milicia provincial en caso de conmoción interior que ponga en peligro la seguridad de la Provincia, con autorización de la Legislatura y por sí solo durante el receso, dando cuenta en las próximas sesiones, sin perjuicio de hacerlo inmediatamente a la autoridad nacional.
12. Decreta también la movilización de las milicias, en los casos previstos por el inciso vigésimo cuarto, Artículo sesenta y siete de la Constitución Nacional.
13. Expide despachos a los oficiales que nombre para organizar la milicia de la Provincia y para poner en ejercicio las facultades acordadas en los dos incisos que preceden. En cuanto a los jefes, expide también despachos hasta teniente coronel. Para dar el de coronel, se requiere el acuerdo del Senado.
14. Durante el receso de las Cámaras puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo de la Cámara de Diputados o del Senado o ternas de éste, por medio de nombramientos en comisión que cesarán treinta días después de abiertas las sesiones ordinarias.
15. Es agente inmediato y directo del Gobierno Nacional para hacer cumplir en la provincia la Constitución y las leyes de la Nación.
16. Da cuenta a las Cámaras legislativas con arreglo a lo establecido en el inciso tercero del Artículo noventa y ocho, del estado de la hacienda y de la inversión dada a los fondos votados en el año precedente, remitiendo en el mes de mayo los presupuestos de la Administración y las leyes de recursos.
17. No podrá acordar goce de sueldo o pensión sino por alguno de los títulos que las leyes expresamente determinan.
18. Nombra con acuerdo del Senado:

1. Los ministros de su despacho, sin que para su exoneración sea necesario dicho acuerdo.
2. Los directores administradores de los bancos y ferrocarriles y las comisiones encargadas de la construcción y administración de las obras públicas de la Provincia.
3. El presidente del Departamento Topográfico y el jefe de la Oficina de Tierras Públicas.

Estos funcionarios durarán tres años en el ejercicio de sus empleos pudiendo ser reelectos.

Artículo 143. No puede expedir órdenes ni decretos sin la firma del ministro respectivo. Podrá, no obstante, expedirlos en caso de acefalía de ministros y mientras se provea a su nombramiento, autorizando a los oficiales mayores de los ministerios por un decreto especial. Los oficiales mayores en estos casos quedan sujetos a las responsabilidades de los ministros. Estando las Cámaras reunidas, la propuesta de ministros al Senado se hará dentro de los quince días después de ocurrida la vacante; y en el receso dentro del mismo término, convocándose extraordinariamente dicha Cámara.

CAPÍTULO IV
De los ministros secretarios del despacho general

Artículo 144. El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a cargo de dos o más ministros secretarios, y una ley especial deslindará los ramos y las funciones adscriptas al despacho de cada uno de los ministerios.

Artículo 145. Para ser nombrado ministro, se requieren las mismas condiciones que esta Constitución determina para ser elegido diputado.

Artículo 146. Los ministros secretarios despacharán de acuerdo con el gobernador, y refrendarán con su firma las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento. Podrán, no obstante, expedirse por sí solos en todo lo referente al régimen económico de sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite.

Artículo 147. Serán responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen, sin que puedan pretender eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del gobernador.

Artículo 148. En los treinta días posteriores a la apertura del período legislativo, los ministros presentarán a la Asamblea la memoria detallada del estado de la administración correspondiente a cada uno de los ministerios, indicando en ellas las reformas que más aconsejen la experiencia y el estudio.

Artículo 149. Los ministros pueden concurrir a las sesiones de la Cámara y tomar parte en las discusiones, pero no tendrán voto.

Artículo 150. Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o en perjuicio de los que se hallan en ejercicio.

CAPÍTULO V
Responsabilidad del gobernador y de los ministros

Artículo 151. El gobernador y los ministros son responsables y pueden ser acusados ante el Senado, en la forma establecida en la sección del “Poder Legislativo” por las causas que determina el inciso segundo del Artículo sesenta y seis de esta Constitución y por abuso de su posición oficial para realizar especulaciones de comercio.

CAPÍTULO VI
Del contador y tesorero de la Provincia

Artículo 152. El contador y tesorero serán nombrados en la forma prescripta en el Artículo setenta y seis y durarán tres años, pudiendo ser reelectos.

Artículo 153. El contador no podrá autorizar pago alguno que no sea arreglado a la ley general del presupuesto o a leyes especiales.

Artículo 154. El tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido previamente autorizados por el contador.

SECCIÓN V
Poder Judicial

CAPÍTULO I

Artículo 155. El Poder Judicial será desempeñado por una Suprema Corte de Justicia, cámaras de apelación y demás tribunales, jueces y jurados que esta Constitución establece y autoriza, consultando la descentralización posible en su jurisdicción territorial, y en la de su competencia por la materia o naturaleza de las causas que dan origen al procedimiento.

Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia

Artículo 156. La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

1. Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación, para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución, y se controvierta por parte interesada.
2. Conoce y resuelve originaria y exclusivamente, en las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia, y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva.
3. Decide las causas contencioso-administrativas, en única instancia, y en juicio pleno, previa denegación de la autoridad administrativa competente, al reconocimiento de los derechos que se gestionen por parte interesada. La ley determinará el plazo dentro del cual podrá deducirse la acción ante la Corte y los demás procedimientos de este juicio.
4. Conoce de los recursos de fuerza.
5. Conoce en consulta o en grado de apelación de las causas en que se imponga la pena capital, al solo efecto de decidir, si la ley en que se funda la sentencia es o no aplicable al caso, siendo necesario unanimidad para declarar aplicable la ley.
6. Conoce y resuelve en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley, en que los tribunales de justicia, en última instancia, fundan su sentencia a la cuestión que por ella deciden con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos.

Artículo 157. La Presidencia de la Suprema Corte se turnará anualmente entre sus miembros, principiando por el de mayor edad.

Artículo 158. La Suprema Corte hará su reglamento y podrá establecer las medidas disciplinarias que considere convenientes a la mejor administración de justicia.

Artículo 159. Debe pasar anualmente a la Legislatura una memoria o Informe sobre el estado en que se halle dicha administración, a cuyo efecto puede pedir a los demás tribunales de la Provincia los datos que crea convenientes; y proponer en forma de proyecto las reformas de procedimiento y organización que sean compatibles con lo estatuído en esta Constitución y tiendan a mejorarla. Administración de Justicia en materia Civil y Comercial

Artículo 160. La Legislatura establecerá cámaras de apelación y tribunales o jueces de primera Instancia en lo Civil y Comercial, permanentes en la Ciudad de Buenos Aires, determinando los límites de su jurisdicción territorial y las materias de su competencia en su fuero respectivo. En la campaña los establecerá permanentes o viajeros, organizando los distritos judiciales que considere convenientes.

Artículo 161. La prueba de los hechos controvertidos en las causas civiles y comerciales se deferirá a petición de cualquiera de las partes a un jury que se denominará de prueba, y será presidido por un juez letrado. El jury dará su veredicto declarando los hechos que han sido probados y los que no lo han sido.

Artículo 162. Contra el veredicto del jury se concederá el recurso de apelación para ante la cámara de apelaciones respectiva, que se limitará a conocer y resolver sobre la legalidad o ilegalidad de sus procedimientos y de la prueba que ha estimado dicho jury, al declarar probados o no probados los hechos controvertidos o alguno de ellos.

Artículo 163. Declarado ilegal o nulo el procedimiento por la cámara de apelaciones, la prueba se deferirá a otro jury.

Artículo 164. No reclamado el veredicto del jury, o resuelto el recurso que contra él se hubiese interpuesto en razón de la legalidad o ilegalidad de la prueba, el juez o tribunal ante quién se ha iniciado la causa dictará sentencia aplicando el derecho a los hechos probados, y a los aceptados por las partes como verdaderos, de la manera que expresa esta Constitución, y determine la ley de procedimientos. Contra su sentencia se otorgarán los recursos que la dicha ley de procedimientos establezca para ante la competente cámara de apelaciones.

Artículo 165. La ley reglamentará el modo cómo se ha de constituir el jurado de prueba, el procedimiento que ante él debe observarse y las atribuciones del juez que lo preside.

Artículo 166. La Legislatura queda autorizada para limitar el procedimiento de la prueba por jurados, si en la práctica no diese resultados favorables, previos informes e indagaciones de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 167. La prueba de los hechos controvertidos en las causas civiles y comerciales, para cuya apreciación se requieran conocimientos en alguna ciencia, arte o industria, será deferida a un jury de peritos.

Artículo 168. La Legislatura creará una jurisdicción especial de tierras para todos los negocios y causas que requieran conocimientos de agrimensura y organizará el tribunal que debe conocer de ellos, con sujeción al principio de la separación del hecho del derecho.

Artículo 169. Mientras la Legislatura no dicta la ley reglamentaria del jurado de prueba, y después de dictada, cuando ninguna de las partes lo solicite, la prueba será producida ante el juez o tribunal que conozca de la causa, en audiencia pública, y apreciada por el mismo al pronunciar sentencia.

Artículo 170. En las causas en que la prueba no se defiera al jurado, los tribunales colegiados, que conozcan de ellas, originariamente o en virtud de recurso, establecerán primero las cuestiones de hecho y enseguida las de derecho, sometida a su decisión, y votarán separadamente cada una de ellas en el mismo orden.

Artículo 171. El voto en cada una de las cuestiones de hecho o de derecho, será fundado, y la votación principiará por el miembro del tribunal que resulte de la insaculación que al efecto debe practicarse.

Artículo 172. Los procedimientos ante los tribunales son públicos; sus acuerdos y sentencias se redactarán en los libros que deben llevar y custodiar, y en los autos de las causas en que conocen, y publicarse en sus salas respectivas de audiencia, a menos que a juicio del tribunal ante quien penden, la publicidad sea peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso debe declararlo así por medio de un auto.

Artículo 173. Queda establecido ante todos los tribunales de la Provincia la libre defensa y la libre representación. Administración de Justicia en lo criminal

Artículo 174. Toda causa por hecho calificado de crimen por la ley, será juzgada con la intervención de dos jurys; uno que declare si hay lugar o no a acusación, otro que decida si el acusado es o no culpable del hecho que se le imputa.

Artículo 175. La ley organizará los tribunales que deban aplicar el derecho en materia criminal, el modo y forma cómo deben constituirse los jurys, y el procedimiento que deba observarse.

Artículo 176. Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados en lo Civil, Comercial o Criminal serán fundadas en el texto expreso de la ley, y a falta de éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

Artículo 177. La Legislatura puede modificar las bases establecidas en el Artículo ciento setenta y cuatro, para el enjuiciamiento por dos jurys, en las causas criminales por mayoría de votos, si en la práctica ofreciese graves inconvenientes; y limitarlo por dos terceras partes de votos, si diese resultados desfavorables, y previo informe motivado de la Suprema Corte de Justicia. Justicia de Paz

Artículo 178. La Legislatura establecerá juzgados de Paz en toda la Provincia, teniendo en consideración la extensión territorial de cada distrito y su población.

Artículo 179. La elección de jueces de Paz recaerá en ciudadanos mayores de veinticinco años, contribuyentes, con residencia de dos años por lo menos en el distrito en que deben desempeñar sus funciones y que sepan leer y escribir.

Artículo 180. Serán electos directamente por electores calificados y lo son, los ciudadanos mayores de veintidós años, con residencia de uno por lo menos en el distrito en que se verifica la elección.

Artículo 181. La ley determinará la forma y tiempo en que debe hacerse la elección de jueces de Paz, y la duración de sus funciones.

Artículo 182. Los jueces de Paz son funcionarios exclusivamente judiciales, y agentes de los tribunales de justicia, y su competencia general y especial será determinada por la ley.

Artículo 183. Los jueces de Paz conocerán y resolverán las causas de su competencia en procedimiento verbal y actuado, y de los recursos que se concederán contra sus resoluciones, conocerán los tribunales de vecindario que organizará la ley de la materia de modo que dichas causas queden terminadas en el mismo distrito.

CAPÍTULO II
Elección, duración y responsabilidad de los miembros del Poder Judicial

Artículo 184. Los jueces letrados serán elegidos por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Artículo 185. Los Jueces letrados conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta.

Artículo 186. Para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia se requiere: ciudadanía en ejercicio, título o diploma que acredite suficiencia en la ciencia del derecho, reconocido por autoridad competente en la forma que determine la ley, treinta años de edad y menos de setenta y seis a lo menos de ejercicio en la profesión de abogado o en el desempeño de alguna magistratura o empleo judicial. Para serlo de las cámaras de apelación bastarán cuatro años.

Artículo 187. Para ser elegido juez de primera instancia se requiere el título o diploma que exige el Artículo precedente, ciudadanía en ejercicio y veinticinco años de edad.

Artículo 188. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia prestarán juramento ante su presidente de desempeñar fielmente el cargo. El presidente prestará el mismo juramento ante la Suprema Corte, y los demás jueces ante quién determine la misma Suprema Corte.

Artículo 189. Los jueces de la Suprema Corte, cámaras de apelación y de primera instancia, no pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus cargos sino en el caso de acusación, y con sujeción, a lo que se dispone en esta Constitución.

Artículo 190. Los jueces de las cámaras de apelación y de primera instancia pueden ser acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidas en el desempeño de sus funciones ante un jury calificado, compuesto de siete diputados y cinco senadores profesores de derecho, y cuando no los haya se integrará con letrados que tengan las condiciones necesarias para ser electos senadores.

Artículo 191. El juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de su cargo, desde el día en que el jury admita la acusación.

Artículo 192. El jury dará su veredicto, declarando al juez acusado culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputen.

Artículo 193. Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa se remitirá al juez ordinario competente para que aplique la ley penal.

Artículo 194. La ley determinará los delitos y faltas de los jueces acusables ante el jury, y reglamentará el procedimiento que ante él debe observarse.

Artículo 195. Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la Provincia, quedando suspendidos desde el día en que se haga lugar a la acusación.

Artículo 196. La ley determinará el modo y forma cómo deben ser nombrados los demás funcionarios que intervienen en los juicios, la duración en sus funciones, la organización del jury que debe conocer y resolver en las acusaciones que contra ellos se establezcan por delitos o faltas cometidas en el ejercicio de sus respectivos cargos, y el procedimiento que ante el dicho jury debe guardarse.

CAPÍTULO III
Tribunales militares

Artículo 197. Se establecerán tribunales militares bajo los mismos principios que los nacionales, para conocer en las causas que se formen por delitos o faltas que cometan:

1. Los guardias nacionales movilizados por la Nación antes de haber sido entregados a ésta.
2. Los guardias nacionales empleados en servicio de la Provincia.
3. Las personas que formen parte de las fuerzas de mar y tierra que levante la Provincia, en los casos establecidos por la Constitución Nacional, antes de estar bajo la jurisdicción del Gobierno de la Nación.

Artículo 198. La Legislatura determinará los delitos o faltas de que deben conocer estos tribunales, y las penas que deben aplicarse, sujetándose a lo que determinan las leyes nacionales, y pudiendo únicamente establecer lo que creyese conveniente sobre los puntos no legislados por la Nación, y en tanto que ésta no lo hiciera.

SECCIÓN VI
Del Régimen Municipal

Artículo 199. El territorio de la Provincia se dividirá en distritos para su administración interior que estará a cargo de municipalidades, cuyos miembros durarán dos años en sus funciones, renovándose en la forma establecida para los diputados, y serán nombrados pública y directamente, el último domingo de noviembre.

Artículo 200. La ciudad de Buenos Aires formará un distrito, con sujeción a las bases siguientes:

1. Cada una de las catorce parroquias en que actualmente está dividida, y de las que en adelante se crearen, elegirá un consejo para su propio gobierno de barrio.
2. Un consejo central, compuesto por delegados de los consejos parroquiales, tendrá a su cargo los asuntos generales del municipio. La ley orgánica deslindará las atribuciones, responsabilidades y poderes de los consejos parroquiales y del consejo central, confiriendo a los cuerpos parroquiales las facultades y atribuciones necesarias para que ellos tengan existencia propia y puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales.

Artículo 201. La Legislatura determinará las condiciones, la extensión y distribución del Régimen Municipal en los demás distritos de la Provincia, ajustándose, en cuanto sea posible, a los principios consignados en el Artículo anterior, y a las bases que se establecerán más adelante.

1. Toda municipalidad se constituirá en un departamento ejecutivo y otro deliberativo.
2. El número de sus miembros se fijará en relación a la población de los distritos.
3. Serán electores los que lo sean de diputados, estando inscriptos en el Registro Cívico del Municipio y además los extranjeros mayores de veintidós años domiciliados en él, que paguen impuesto directo, sepan leer y se inscriban en un registro especial que estará a cargo de la municipalidad.
4. Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de treinta años vecinos del distrito, con seis meses de domicilio anterior a la elección, que sepan leer y escribir, y si son extranjeros, que además de estas condiciones, paguen contribución directa, o en su defecto tengan un capital de cien mil pesos, o ejerzan una profesión liberal.
5. Las funciones municipales serán carga pública, de las que nadie podrá excusarse sino por excepción fundada en la ley de la materia.

Artículo 202. Son atribuciones inherentes al Régimen Municipal las siguientes:

1. Juzgar de la validez o nulidad de las elecciones de sus miembros y convocar a los electores del distrito para llenar las vacantes de aquéllos.
2. Juzgar igualmente de la validez o nulidad de las elecciones de jueces de Paz y convocar a los electores del distrito para dichas elecciones en los períodos legales.
3. Nombrar los funcionarios municipales.
4. Tener a su cargo la policía de seguridad, ornato y salubridad, los establecimientos de beneficencia, los asilos de inmigrantes que sostenga el Estado, las cárceles y la viabilidad.
5. Hacer, en cuanto no se opongan las leyes nacionales, el enrolamiento; resolver sobre las excepciones y entregar los contingentes a los funcionarios del Poder Ejecutivo.
6. Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlos. Administrar los bienes raíces municipales, con facultad de enajenar tanto éstos como separadamente los diversos ramos de las rentas del año corriente; examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido.
7. Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones.
8. Recaudar, distribuir y oblar en la Tesorería del Estado, las contribuciones que la Legislatura imponga al distrito para las necesidades generales, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree más conveniente.

Artículo 203. Las atribuciones expresadas tienen las siguientes limitaciones:

1. Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, reseñándolos en una memoria anual, en la que se hará constar detalladamente la percepción e inversión de sus rentas.
2. La convocatoria de los electores para toda elección municipal deberá hacerse con quince días de anticipación por lo menos y publicarse suficientemente.
3. Todo aumento de impuesto necesita ser sancionado a mayoría absoluta de votos por el cuerpo deliberante, aumentado para ese acto, con un número igual al que lo componga, de los contribuyentes mayores en el municipio.
4. No se podrá contraer empréstito fuera del Estado, ni enajenar, ni gravar los edificios municipales, sin autorización previa de la Legislatura. Los empréstitos se votarán con la misma garantía establecida para el aumento de impuestos.
5. Siempre que se haga uso del crédito será para obras señaladas de mejoramiento, o para casos eventuales, y se votará una suma anual para el servicio de la deuda.
6. Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate público, anunciado con un mes de anticipación.
7. Siempre que hubiere de construirse una obra municipal de cualquier género que fuere, con tal que hubieren de invertirse fondos del común, la municipalidad nombrará una comisión de propietarios del distrito o de la ciudad, para que la desempeñe y dirija, bajo cuenta y razón de todos los gastos y empleo de fondos que se consagraren a ella.
8. Las obras públicas deberán sacarse siempre a licitación.
9. La aprobación de las cuentas no podrá hacerse por los que la rindan.

Artículo 204. Los municipios, los cuerpos municipales, los miembros de éstos y los funcionarios nombrados por ellos están sujetos a las responsabilidades siguientes:

1. Los cuerpos municipales responden ante los tribunales ordinarios de sus omisiones y de sus transgresiones a la Constitución y a las leyes; la ley de la materia señalará la sanción penal de esta transgresión.
2. Los miembros de los cuerpos municipales y los demás funcionarios municipales responden personalmente, no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley sino también de los daños y perjuicios que provengan de la falta de cumplimiento a sus deberes.
3. Los miembros de los cuerpos municipales están sujetos a destitución por mala conducta o despilfarro notorio de los fondos municipales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o criminales en que incurran por estas causas.
4. La solicitud de destitución deberá ser hecha por diez vecinos del municipio, mayores de veintidós años y presentada ante el juez del Crimen de primera instancia del departamento a que perteneciese el acusado.
5. Recibida la solicitud por el referido juez del Crimen, se trasladará al municipio del acusado dentro de ocho días, sino tuviese en él el asiento del juzgado, convocará un jurado doble en número al de ese cabildo, que dentro de ocho días fallará la causa al solo efecto de destituir al acusado o declarar que no hay lugar a la destitución. Este fallo será inapelable.
6. La ley de la materia determinará la elección, procedimiento y calidad de los jurados.

SECCIÓN VII
Educación Pública
Educación e Instrucción Pública

Artículo 205. La Legislatura dictará las leyes necesarias para establecer y organizar un sistema de Educación Común; y organizará asimismo la instrucción secundaria y superior, y sostendrá las universidades, colegios e institutos destinados a dispensarlas.

Educación Común

Artículo 206. Las leyes que organicen y reglamenten la educación deberán sujetarse a las reglas siguientes:

1. La educación común es gratuita y obligatoria en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca.
2. La dirección facultativa y la administración general de las escuelas comunes serán confiadas a un Consejo General de Educación y a un director general de Escuelas, cuyas respectivas atribuciones serán determinadas por la ley.
3. El director general de Escuelas será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado; será miembro nato del Consejo General de Educación y durará en sus funciones cuatro años pudiendo ser reelecto.
4. El Consejo General de Educación se compondrá por lo menos de ocho personas más, nombradas por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Representantes. Se renovará anualmente por partes, y los miembros cesantes podrán ser reelectos.
5. La Administración local y el gobierno inmediato de las escuelas comunes estarán a cargo de consejos electivos de vecinos en cada parroquia de la Capital y en cada municipio del resto de la Provincia.
6. Se establecerán contribuciones y rentas propias de la Educación común que le aseguren en todo tiempo, recursos suficientes para su sostén, difusión y mejoramiento, que regirán mientras la Legislatura no las modifique. La contribución escolar de cada distrito será destinada a sufragar los gastos de la educación común en el mismo y su inversión corresponderá a los consejos escolares.
7. Habrá, además, un fondo permanente de escuelas, depositado a premio en el Banco de la Provincia, o en fondos públicos de la misma, el cual será inviolable, sin que pueda disponerse más que de su renta para subvenir equitativa y concurrentemente con los vecindarios, a la adquisición de terrenos y construcción de edificios de escuelas. La administración del fondo permanente corresponderá al Consejo General de Educación, debiendo proceder en su aplicación con arreglo a la ley.

Instrucción secundaria y superior

Artículo 207. Las leyes orgánicas y reglamentarias de la instrucción secundaria y superior se ajustarán a las reglas siguientes:

1. La instrucción secundaria y superior estarán a cargo de la universidad existente y de las que se fundaren en adelante en virtud de leyes sancionadas por la Legislatura.
2. La enseñanza será accesible para todos los habitantes de la Provincia, y gratuita con las limitaciones que la ley establezca.
3. Las universidades se compondrán de un consejo superior presidido por el rector, y de las diversas facultades establecidas en aquéllas por las leyes de su creación.
4. El Consejo Universitario será formado por los decanos y delegados de las diversas facultades; y estas serán integradas por miembros ad-honorem, cuyas condiciones y nombramiento determinará la ley.
5. Corresponderá al Consejo Universitario: dictar los reglamentos que exijan el orden y disciplina de los establecimientos de su dependencia; la aprobación de los presupuestos anuales que deben ser sometidos a la sanción legislativa; la jurisdicción superior policial y disciplinaria que las leyes y reglamentos le acuerden, y la decisión en última instancia de todas las cuestiones contenciosas decididas en primera instancia por una de las facultades; promover el perfeccionamiento de la enseñanza; proponer la creación de nuevas facultades y cátedras; reglamentar la expedición de matrículas y diplomas, y fijar los derechos que puedan cobrarse por ellas.
6. Corresponderá a las facultades: la elección de su decano y secretario; el nombramiento de profesores titulares o interinos; la dirección de la enseñanza, formación de los programas y la recepción de exámenes y pruebas, en sus respectivos ramos científicos; fijar las condiciones de admisibilidad de los alumnos; administrar los fondos que les correspondan rindiendo cuenta al Consejo; proponer a éste los presupuestos anuales, y toda medida conducente a la mejora de los estudios o régimen interno de las facultades.

SECCIÓN VIII
De la reforma de la Constitución

Artículo 208. Esta Constitución podrá ser enmendada en parte o reformada en el todo: en el primer caso, por sanción legislativa, sometida al voto del pueblo, y en el segundo, por medio de una Convención Constituyente popularmente votada y elegida.

Artículo 209. Podrá proponerse enmiendas parciales en cualquiera de las dos Cámaras, sea por moción firmada por diez diputados o por cinco senadores, sea por iniciativa del Poder Ejecutivo; pero sólo serán tomadas en consideración cuando tres quintos de votos de cada una de las Cámaras declare la necesidad de la enmienda. Si no se obtuviese esta sanción no se podrá volver a tratar el asunto hasta la siguiente Legislatura.

Artículo 210. En el caso de declararse la necesidad de la enmienda, se procederá a discutirla; y si ella fuese aceptada por dos tercios de cada Cámara votando nominalmente los miembros de ellas por sí y por no, la enmienda así aceptada será sometida al pueblo en la próxima elección de senadores y diputados, previa publicación de dicha enmienda en los distritos electorales por el espacio de tres meses; y si en tal ocasión los electores aceptasen dicha enmienda votando por mayoría en pro de ella, entrará a formar parte de esta Constitución, y en caso contrario quedará sin efecto. La Legislatura no tendrá facultad para proponer enmienda o enmiendas a más de un Artículo de esta Constitución en la misma sesión.

Artículo 211. En la misma forma prescripta en el Artículo doscientos diez para proceder a las enmiendas, podrá declararse la necesidad de la reforma de parte o del todo de esta Constitución, y si dos tercios de cada una de las Cámaras la sancionase, se someterá a los electores para que en la próxima elección de senadores y diputados voten en pro o en contra de una Convención Constituyente; y si la mayoría votase afirmativamente, la Asamblea Legislativa en la siguiente sesión convocará una Convención que se compondrá de tantos miembros cuántos sean los que compongan las Cámaras Legislativas; los cuales serán elegidos del mismo modo por los mismos electores y en los mismos distritos que los Senadores y Diputados. Esta Convención se reunirá tres meses después de hecha la convocatoria, con el objeto de revisar, alterar o enmendar esta Constitución; y lo que ella resuelva por mayoría será promulgado como la expresión de la voluntad del pueblo.

SECCIÓN IX
Disposiciones transitorias

Artículo 212. Los funcionarios existentes al promulgarse esta Constitución, seguirán en el desempeño de sus cargos hasta que éstos sean provistos según el mecanismo que en ella se establece.

Artículo 213. Promulgada que sea esta Constitución, la Legislatura existente procederá a la brevedad posible a dictar la ley general de elecciones con arreglo a lo que en ella se ordena. Promulgada la ley electoral, el Poder Ejecutivo convocará al pueblo de la Provincia, con la anticipación conveniente, para las elecciones generales del último domingo de marzo de mil ochocientos setenta y cuatro, en las que deberán observarse todas las prescripciones de esta Constitución; y para renovar la Legislatura bajo las bases que ella sanciona, cada Cámara, antes de la terminación del corriente año, remitirá al Poder Ejecutivo la nómina de los que deben cesar por las incompatibilidades que les afecten. Los miembros que queden, si en la nueva ley electoral se dividen o modifican las secciones que hoy representan, deberán optar por la sección que deseen continuar representando en la nueva división, y se ordenará la elección de todos los miembros restantes, para la integración de cada Cámara.

Artículo 214. Si la Legislatura actual no dictase la ley de elecciones antes de expirar el presente año, queda autorizado el Poder Ejecutivo para ordenar con la anticipación necesaria, que ellas se practiquen en el día que fija esta Constitución, dividiendo al efecto toda la Provincia en secciones electorales, bajo la base del Censo de 1869, debiendo cada sección abrazar la población que corresponde a seis diputados y tres senadores. La elección se ordenará bajo la base del voto acumulativo en cada sección. Para hacer uso de esta autorización el Poder Ejecutivo solicitará de cada Cámara la nómina de los que deben cesar por incompatibilidad y la opción que hagan los miembros que queden en la Legislatura, respecto a la sección que han de continuar representando en la nueva distribución seccional. Esto sólo regirá hasta que la nueva Legislatura dicte la ley de la materia.

Artículo 215. La intervención de cada una de las Cámaras Legislativas, para prestar su acuerdo a los nombramientos a que se refiere esta Constitución, empezará a hacerse efectiva desde que quede instalada la Legislatura de 1874.

Artículo 216. La Legislatura actual dictará la ley orgánica de los tribunales de justicia y la reglamentaria de su procedimiento, de conformidad a los principios consignados en esta Constitución.

Artículo 217. Si la Legislatura actual no dictase las leyes indicadas hasta el primero del mes de marzo del año de mil ochocientos setenta y cuatro, el Poder Ejecutivo, instalada que sea la Legislatura en el mes de mayo de dicho año, nombrará todos los jueces que deben componer los tribunales de justicia con sujeción a las siguientes disposiciones.

1. La Suprema Corte de Justicia se establecerá en la Capital de la Provincia con cinco jueces y un secretario que deberá ser letrado y nombrado en la misma forma que los miembros de la Corte.
2. Instalada que sea, observará el procedimiento vigente en el conocimiento de los negocios de su competencia, en cuanto no se oponga a lo ordenado en esta Constitución.

Artículo 218.En las causas contencioso-administrativas, la acción debe deducirse ante la Suprema Corte en el perentorio término de un mes, contado desde la fecha en que la autoridad administrativa hizo saber su resolución a la parte interesada.

Artículo 219. El recurso de apelación por inaplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia fundan su sentencia, sólo será admisible cuando ésta sea revocatoria.

Artículo 220. Las funciones de que no se hace mención especial en esta Constitución y que hoy son desempeñadas por el tribunal de justicia en sala plena, lo serán por la Corte Suprema una vez instalada y mientras no se dicten las leyes orgánicas y de procedimiento.

Artículo 221. Se establecerá en la Capital de la Provincia dos cámaras de apelación en lo Civil, y una para lo Criminal y Comercial, las que conocerán en grado de apelación de las resoluciones o sentencias de los jueces de primera Instancia del departamento de la Capital en las causas de su fuero respectivo.

Artículo 222. En la campaña se establecerá tres cámaras de apelación con jurisdicción civil, mercantil y criminal, en los departamentos del Sud, del Centro y del Norte, con residencia en las ciudades cabezas de estos departamentos, las que conocerán en grado de apelación de las resoluciones o sentencias de los jueces de primera instancia de su respectivo departamento.

Artículo 223. Cada cámara de apelación se compondrá de tres jueces, y tendrá un secretario letrado nombrado en la misma forma que ellos.

Artículo 224. El Poder Ejecutivo nombrará en la forma dispuesta en el Artículo ciento ochenta y cuatro de esta Constitución, cuatro jueces de primera instancia en lo Civil, tres en lo Criminal y dos en lo Comercial, con residencia en la ciudad Capital y cuya jurisdicción se extenderá al departamento de la Capital, con los partidos que actualmente lo forman; y en la campaña nombrará un juez con jurisdicción Civil y Comercial y otro con jurisdicción Criminal para cada departamento.

Artículo 225. Las cámaras de apelación y jueces de primera instancia, seguirán conociendo de todas las causas sujetas a su jurisdicción con arreglo a las leyes vigentes, y observarán el mismo procedimiento actual, en cuanto no se oponga a esta Constitución y mientras no se den las leyes orgánicas y reglamentarias y se establezca la jurisdicción de tierras.

Artículo 226. Instalada la Legislatura del año de mil ochocientos setenta y cuatro, dictará dichas leyes orgánicas y reglamentarias en el período ordinario de sus sesiones; si no lo efectuase en dicho tiempo, la Suprema Corte de Justicia propondrá a la sanción de la Legislatura de mil ochocientos setenta y cinco, a la apertura de sus sesiones los proyectos comprensivos de dichas leyes.

Artículo 227. La Legislatura actual dictará la ley orgánica de la Justicia de Paz; y si no pudiese organizarse lo conveniente para la elección directa de los jueces de Paz en el resto del presente año, el Poder Ejecutivo seguirá haciendo los nombramientos de estos funcionarios para el año entrante de 1874, y la justicia correccional seguirá asimismo como está organizada hasta que se dicte aquella ley.

Artículo 228. La organización municipal seguirá bajo las bases vigentes hasta que la Legislatura dicte la ley orgánica con arreglo a lo que se ordena en esta Constitución.

Artículo 229. El primer período gubernativo bajo el mecanismo de elección y nombramiento que se establece en esta Constitución, empezará a regir el primero de mayo de mil ochocientos setenta y cinco, y a efecto se dictarán las disposiciones convenientes para hacer efectivo oportunamente el nombramiento del Colegio Electoral.

Artículo 230. Esta Constitución será jurada solemnemente el día ocho de diciembre del presente año en toda la Provincia, quedando autorizado el Poder Ejecutivo para tomar las disposiciones convenientes al efecto, y si por algún accidente no pudiese verificarse en el mencionado día, el Poder Ejecutivo fijará un nuevo día a la brevedad posible.

Artículo 231. Promúlguese, comuníquese y cúmplase en todo el territorio de la Provincia.

Sala de Sesiones de la Convención Constituyente de Buenos Aires, a veintinueve de noviembre de mil ochocientos setenta y tres.

Constitución de la provincia de Buenos Aires (1934-1994)

PREÁMBULO

La Honorable Sala de Representantes, en uso de la soberanía extraordinaria que inviste, ha sancionado con valor y fuerza de ley fundamental, la siguiente Constitución para el Estado de Buenos Aires.

Nos, los representantes de la provincia de Buenos Aires, reunidos por su voluntad y elección, con el objeto de constituir el mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer la seguridad común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo y para los demás hombres que quieran habitar su suelo, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos, y establecemos esta Constitución.

SECCIÓN I
Declaraciones, derechos y garantías

Artículo 1. La provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.

Artículo 2. Todo poder público emana del pueblo; y así éste puede alterar o reformar la presente Constitución, siempre que el bien común lo exija y en la forma que por ella se establece.

Artículo 3. Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le corresponden, con arreglo a lo que la Constitución Nacional establece y sin perjuicio de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse autorizados por la Legislatura, por ley sancionada por dos tercios de votos del número total de los miembros de cada Cámara.

Artículo 4. La Capital de la provincia de Buenos Aires es la ciudad de La Plata. Las Cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, funcionarán permanentemente en esta ciudad, salvo los casos en que, por causas extraordinarias, la ley dispusiese transitoriamente otra cosa.

Artículo 5. Se llevará un registro del estado civil de las personas, con carácter uniforme y sin distinción de nacionalidades o creencias religiosas y en la forma que lo establezca la ley.

Artículo 6. Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios Todopoderoso, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia.

Artículo 7. El uso de la libertad religiosa, reconocido en el artículo anterior, queda sujeto a lo que prescriben la moral y el orden público.

Artículo 8. El Gobierno de la Provincia coopera a sostener el culto Católico Apostólico Romano, con arreglo a las prescripciones de la Constitución Nacional.

Artículo 9. Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho perfecto de defender y de ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado de estos goces sino por vía de penalidad, con arreglo a la ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia legal del juez competente.

Artículo 10. Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y ésta debe ser una misma para todos y tener una acción y fuerza uniformes.

Artículo 11. La libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia.
La Legislatura no dictará medidas preventivas, ni leyes o reglamentos que coarten, restrinjan o limiten el uso de la libertad de prensa.
Solamente podrán calificarse de abusos de la libertad de prensa los hechos constitutivos de delitos comunes. La determinación de sus penas incumbirá a la Legislatura y su juzgamiento a los jueces y tribunales ordinarios. Mientras no se dicte la ley correspondiente, se aplicarán las sanciones determinadas por el Código Penal de la Nación.
Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputarán flagrantes. No se podrá secuestrar las imprentas y sus accesorios como instrumentos del delito durante los procesos. Se admitirá siempre la prueba como descargo, cuando se trate de la conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos.

Artículo 12. Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de reunión pacífica para tratar asuntos públicos o privados, con tal que no turben el orden público, así como el de petición individual o colectiva, ante todas y cada una de sus autoridades, sea para solicitar gracia o justicia, instruir a sus representantes o para pedir la reparación de agravios. En ningún caso una reunión de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre, y los que lo hicieren cometen delito de sedición.

Artículo 13. Nadie podrá ser detenido sin que preceda indagación sumaria que produzca semiplena prueba o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, salvo en caso flagrante, en que todo delincuente puede ser detenido por cualquiera persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez; ni podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez competente.

Artículo 14. Toda orden de pesquisa, detención de una o más personas o embargo de propiedades, deberá especificar las personas u objetos de pesquisa o embargo, describiendo particularmente el lugar que debe ser registrado, y no se expedirá mandato de esta clase sino por hecho punible apoyado en juramento o afirmación, sin cuyos requisitos la orden o mandato no será exequible.

Artículo 15. No podrá juzgarse por comisiones ni tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les dé.

Artículo 16. Todo aprehendido será notificado de la causa de su detención dentro de las veinticuatro horas.

Artículo 17. Toda persona detenida podrá pedir, por sí o por medio de otra, que se le haga comparecer ante el juez más inmediato; y expedido que sea el auto por autoridad competente, no podrá ser detenida contra su voluntad, si pasadas las veinticuatro horas no se le hubiese notificado por juez, igualmente competente, la causa de su detención. Todo juez, aunque lo sea en un tribunal colegiado, a quien se hiciere esta petición o se reclamase la garantía del artículo anterior, deberá proceder en el término de veinticuatro horas, contadas desde su presentación con cargo auténtico, bajo multa de mil pesos nacionales. Proveída la petición, el funcionario que retuviese al detenido o dejase de cumplir dentro del término señalado por el juez el requerimiento de éste, incurrirá en la multa de quinientos pesos nacionales, sin perjuicio de hacerse efectivo el auto.

Artículo 18. Podrá ser excarcelada o eximida de prisión, la persona que diere caución o fianza suficiente.
La ley determinará las condiciones y efectos de la fianza, atendiendo a la naturaleza del delito, su gravedad, peligrosidad del agente y demás circunstancias, y la forma y oportunidad de acordar la libertad provisional.

Artículo 19. Todo habitante de la Provincia, tiene el derecho de entrar y salir del país, de ir y venir, llevando consigo sus bienes, salvo el derecho de tercero.

Artículo 20. La correspondencia epistolar es inviolable.

Artículo 21. El domicilio de una persona no podrá ser allanado sino por orden escrita de juez o de las autoridades municipales encargadas de vigilar la ejecución de los reglamentos de salubridad pública y a este solo objeto.

Artículo 22. Ningún habitante de la Provincia estará obligado a hacer lo que la ley no manda, ni será privado de hacer lo que ella no prohíbe.

Artículo 23. Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden público ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.

Artículo 24. La libertad de trabajo, industria y comercio, es un derecho asegurado a todo habitante de la Provincia, siempre que no ofenda o perjudique a la moral o a la salubridad pública, ni sea contrario a las leyes del país o a los derechos de tercero.

Artículo 25. A ningún acusado se le obligará a prestar juramento, ni a declarar contra sí mismo en materia criminal, ni será encausado dos veces por un mismo delito.

Artículo 26. Las prisiones son hechas para seguridad y no para mortificación de los detenidos. Las penitenciarías serán reglamentadas de manera que constituyan centros de trabajo y moralización. Todo rigor innecesario hace responsable a las autoridades que lo ejerzan.

Artículo 27. La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Provincia puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada.

Artículo 28. Se ratifican para siempre las leyes de libertad de vientres y las que prohíben el tráfico de esclavos, la confiscación de bienes, el tormento, las penas crueles, infamia trascendental, mayorazgos y vinculaciones de toda especie, debiendo ser enajenable toda propiedad.

Artículo 29. Ninguna persona será encarcelada por deudas en causa civil, salvo los casos de fraude o culpa especificados por ley.

Artículo 30. Los extranjeros gozarán en el territorio de la Provincia de todos los derechos civiles del ciudadano y de los demás que esta Constitución les acuerda.

Artículo 31. La libertad de enseñar y aprender no podrá ser coartada por medidas preventivas.

Artículo 32. Las universidades y facultades científicas erigidas legalmente, expedirán los títulos y grados de su competencia, sin más condición que la de exigir exámenes suficientes en el tiempo en que el candidato lo solicite, de acuerdo con los reglamentos de las facultades respectivas, quedando a la Legislatura la facultad de determinar lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales.

Artículo 33. Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella.

Artículo 34. No podrá acordarse remuneración extraordinaria a ninguno de los miembros de los poderes públicos y ministros secretarios, por servicios hechos o que se les encargaren en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones especiales o extraordinarias.

Artículo 35. No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la Provincia, ni emisión de fondos públicos, sino por ley sancionada por dos tercios de votos de los miembros presentes de cada Cámara.

Artículo 36. Toda ley que sancione empréstito deberá especificar los recursos especiales con que deba hacerse el servicio de la deuda y su amortización.

Artículo 37. No podrán aplicarse los recursos que se obtengan por empréstito, sino a los objetos determinados, que debe especificar la ley que lo autorice, bajo responsabilidad de la autoridad que lo invierta o destine a otros objetos.

Artículo 38. La Legislatura no podrá disponer de suma alguna del capital del Banco de la Provincia.

Artículo 39. Ningún impuesto establecido o aumentado para sufragar la construcción de obras especiales, podrá ser aplicado interina o definitivamente a objetos distintos de los determinados en la ley de su creación, ni durará por más tiempo que el que se emplee en redimir la deuda que se contraiga.

Artículo 40. Los empleados públicos a cuya elección o nombramiento no provea esta Constitución, serán nombrados por el Poder Ejecutivo.

Artículo 41. No podrá acumularse dos o más empleos a sueldo en una misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional, con excepción de los del magisterio en ejercicio. En cuanto a los empleos gratuitos y comisiones eventuales, la ley determinará los que sean incompatibles.

Artículo 42. Todo funcionario y empleado de la Provincia, cuya residencia no esté regida por esta Constitución, deberá tener su domicilio real en el partido donde ejerza sus funciones.
La ley determinará las penas que deban aplicarse a los infractores y los casos en que pueda acordarse licencias temporales.

Artículo 43. Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución, no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal.

Artículo 44.- Toda ley, decreto u orden contrarios a los artículos precedentes o que impongan al ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en ellos, otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o priven a los ciudadanos de las garantías que aseguran, serán inconstitucionales y no podrán ser aplicados por los jueces. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe estos derechos, libertades y garantías, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que la haya autorizado o ejecutado.

SECCIÓN II
Régimen Electoral

CAPÍTULO ÚNICO
Disposiciones generales

Artículo 45.- La representación política tiene por base la población y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.

Artículo 46.- La atribución del sufragio popular es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino y un deber que desempeñará con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia. La Legislatura podrá acordar sufragio a la mujer argentina, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara.

Artículo 47.- La proporcionalidad de la representación será la regla en todas las elecciones populares para integrar cuerpos colegiados, a fin de dar a cada opinión un número de representantes proporcional al número de sus adherentes, según el sistema que para la aplicación de este principio determine la ley.
A los efectos de mantener la regla establecida en este artículo, la Legislatura determinará la forma y oportunidad del reemplazo por suplentes, de legisladores, municipales y consejeros escolares, en los casos de vacante. Con el mismo objeto, no se convocará a elecciones por menos de tres vacantes.

Artículo 48.- La Legislatura dictará la ley electoral; ésta será uniforme para toda la Provincia y se sujetará a las disposiciones precedentes y a las que se expresan a continuación:

• Cada uno de los partidos en que se divida la Provincia, constituirá un distrito electoral; los distritos electorales serán agrupados en secciones electorales. No se formará ninguna sección electoral a la que le corresponda elegir menos de tres senadores y seis diputados. La Capital de la Provincia formará una sección electoral.
• Se votará personalmente y por boletas en que consten los nombres de los candidatos.
• Los ciudadanos votarán en el distrito electoral de su residencia.
• Los ciudadanos estarán obligados a desempeñar las funciones electorales que les encomienden las autoridades creadas por esta Constitución y la ley electoral; se determinarán sanciones para los infractores.

Artículo 49.- Habrá una Junta Electoral permanente, integrada por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de Cuentas y de tres cámaras de apelación del departamento de la Capital, que funcionará en el local de la Legislatura, bajo la presidencia del primero. En caso de impedimento serán reemplazados por sus substitutos legales.

Artículo 50.- Corresponderá a la Junta Electoral:

• Formar y depurar el registro de electores.
• Designar y remover los ciudadanos encargados de recibir los sufragios.
• Realizar los escrutinios, sin perjuicio de lo que disponga la Legislatura en el caso de resolver la simultaneidad de las elecciones nacionales y provinciales.
• Juzgar de la validez de las elecciones.
• Diplomar a los legisladores, municipales y consejeros escolares, quienes con esa credencial, quedarán habilitados para ejercer sus respectivos mandatos.

Estas atribuciones y las demás que le acuerde la Legislatura, serán ejercidas con sujeción al procedimiento que determine la ley.

Artículo 51.- A los efectos del escrutinio, los miembros del Ministerio Público y los secretarios de la Suprema Corte de Justicia y de las cámaras de apelación, serán auxiliares de la Junta Electoral.

Artículo 52.- Toda elección deberá terminarse en un solo día, sin que las autoridades puedan suspenderla por ningún motivo.

Artículo 53.- No podrán votar los soldados del Ejército y Armada de la Nación, hasta sargento inclusive; ni los agentes de policía terrestre, fluvial o marítima, bomberos y guardias de cárceles, hasta pasados dos meses después de haber cesado en su empleo.

Artículo 54.- Los ciudadanos encargados de recibir los sufragios, tendrán a su cargo el orden inmediato en el comicio durante el ejercicio de sus funciones y para conservarlo o restablecerlo, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública.

SECCIÓN III
Poder Legislativo

CAPÍTULO I
De la Legislatura

Artículo 55.- El Poder Legislativo de la Provincia será ejercido por dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores, elegidos directamente por ciudadanos argentinos, con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y a la ley de la materia.

CAPÍTULO II
De la Cámara de Diputados

Artículo 56.- Esta Cámara se compondrá de ochenta y cuatro diputados. La Legislatura, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá elevar esta cantidad hasta cien como máximo. Se determinará con arreglo a cada censo nacional o provincial, debidamente aprobado, el número de habitantes que ha de representar cada diputado.

Artículo 57.- El cargo de diputado durará cuatro años, pero la Cámara se renovará por mitad cada dos años.

Artículo 58.- Para ser diputado se requieren las cualidades siguientes:

• Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida, y residencia inmediata de un año para los que no sean hijos de la provincia.
• Veintidós años de edad.

Artículo 59.- Es incompatible el cargo de diputado con el de empleado a sueldo de la Provincia o de la Nación, y de miembro de los directorios de los establecimientos públicos de la Provincia. Exceptúanse los del magisterio en ejercicio y las comisiones eventuales.
Todo ciudadano que siendo diputado aceptase cualquier empleo de los expresados en el primer párrafo de este artículo, cesará por ese hecho de ser miembro de la Cámara.

Artículo 60.- Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:

• Prestar su acuerdo al Poder Ejecutivo para el nombramiento de los miembros del Consejo General de Educación.
• Acusar ante el Senado al gobernador de la Provincia y sus ministros, al vicegobernador, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, al procurador general de la misma, y al fiscal de Estado por delitos en el desempeño de sus funciones o falta de cumplimiento a los deberes de su cargo.

Para usar de esta atribución, deberá preceder una sanción de la Cámara por dos tercios de votos de sus miembros presentes, que declare que hay lugar a formación de causa.
Cualquier habitante de la Provincia tiene acción para denunciar ante la Cámara de Diputados el delito o falta, a efecto de que se promueva la acusación. La ley determinará el procedimiento de estos juicios.

Artículo 61.- Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus personas, sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatura haga lugar a la acusación y al allanamiento de la inmunidad del acusado.

CAPÍTULO III
Del Senado

Artículo 62.- Esta Cámara se compondrá de cuarenta y dos senadores. La Legislatura, por dos tercios de votos del total de los miembros de cada Cámara, podrá elevar esta cantidad hasta cincuenta, como máximo, estableciendo el número de habitantes que ha de representar cada senador, de acuerdo con lo prescripto en el artículo 56.

Artículo 63.- Son requisitos para ser senador:

• Ciudadanía natural en ejercicio, o legal después de cinco años de obtenida y residencia inmediata de un año para los que no sean hijos de la provincia.
• Tener treinta años de edad.

Artículo 64.- Son también aplicables al cargo de senador, las incompatibilidades establecidas en el artículo 59 para los diputados, en los términos allí prescriptos.

Artículo 65.- El cargo de senador durará cuatro años, pero la Cámara se renovará por mitad cada dos años.

Artículo 66.- Es atribución exclusiva del Senado juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados, constituyéndose al efecto en tribunal y prestando sus miembros juramento o afirmación para estos casos.
Cuando el acusado fuese el gobernador o el vicegobernador de la Provincia, deberá presidir el Senado el presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero no tendrá voto.

Artículo 67.- El fallo del Senado en estos casos no tendrá más efecto que destituir al acusado y aun declararlo incapaz de ocupar ningún puesto de honor o a sueldo de la provincia.
Ningún acusado podrá ser declarado culpable, sin una mayoría de dos tercios de votos de los miembros presentes. Deberá votarse en estos casos nominalmente y registrarse en el Diario de Sesiones el voto de cada senador.

Artículo 68.- El que fuese condenado en esta forma queda, sin embargo, sujeto a acusación y juicio ante los tribunales ordinarios.

Artículo 69.- Presta su acuerdo a los nombramientos que debe hacer el Poder Ejecutivo con este requisito y le presenta una terna alternativa para el nombramiento de tesorero y subtesorero, contador y subcontador de la provincia.

CAPÍTULO IV
Disposiciones comunes a ambas Cámaras

Artículo 70.- Las elecciones para diputados y senadores tendrán lugar cada dos años, en la fecha que la ley establezca.

Artículo 71.- Las Cámaras abrirán automáticamente sus sesiones ordinarias, el primer día hábil del mes de mayo de cada año y las cerrarán el 31 de agosto. Funcionarán en la Capital de la provincia, pero podrán hacerlo por causas graves en otro punto, precediendo una disposición de ambas Cámaras que lo acuerde.
Las sesiones podrán prorrogarse hasta sesenta días, previa una sanción de ambas Cámaras que así lo disponga.

Artículo 72.- Los senadores y diputados residirán en la Provincia mientras dure el ejercicio de sus funciones.

Artículo 73.- Las Cámaras podrán ser convocadas por el Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias, siempre que un asunto de interés público y urgente lo exija o convocarse por sí mismas cuando, por la misma razón, lo soliciten doce senadores y veinticuatro diputados. En estos casos, sólo se ocuparán del asunto o asuntos de la convocatoria, empezando por declarar si ha llegado el caso de urgencia e interés público para hacer lugar al requerimiento.

Artículo 74.- Para funcionar necesitan mayoría absoluta del total de sus miembros, pero en número menor podrán reunirse al solo efecto de acordar las medidas que estimen convenientes para compeler a los inasistentes.

Artículo 75.- Ninguna de las Cámaras podrá suspender sus sesiones más de tres días sin acuerdo de la otra.

Artículo 76.- Ningún miembro del Poder Legislativo, durante su mandato, ni aun renunciando su cargo, podrá ser nombrado para desempeñar empleo alguno rentado que haya sido creado o cuyos emolumentos se hayan aumentado durante el período legal de la Legislatura en que haya actuado, ni ser parte en contrato alguno que resulte de una ley sancionada durante su período.

Artículo 77.- Cada Cámara podrá nombrar comisiones de su seno para examinar el estado del Tesoro y para el mejor desempeño de las atribuciones que Ie conciernan, y podrá pedir a los jefes de departamentos de la administración y por su conducto a sus subalternos, los informes que crea convenientes.

Artículo 78.- Podrán también expresar la opinión de su mayoría por medio de resoluciones o declaraciones sin fuerza de ley, sobre cualquier asunto político o administrativo que afecte los intereses generales de la Provincia o de la Nación.

Artículo 79.- Cada Cámara podrá hacer venir a su sala a los ministros del Poder Ejecutivo, para pedirles los informes que estime convenientes.

Artículo 80.- Cada Cámara se regirá por un reglamento especial y nombrará su presidente y vicepresidente, a excepción del presidente del Senado, que lo será el vicegobernador, quien no tendrá voto sino en caso de empate.
Los funcionarios y empleados de ambas Cámaras, serán designados en la forma que determinen sus respectivos reglamentos.

Artículo 81.- La Legislatura sancionará su presupuesto, acordando el número de empleados que necesite, su dotación y la forma en que deben proveerse. Esta ley no podrá ser vetada por el Poder Ejecutivo.

Artículo 82.- Las sesiones de ambas Cámaras serán públicas, y sólo podrán ser secretas por acuerdo de la mayoría.

Artículo 83.- Los miembros de ambas Cámaras son inviolables por las opiniones que manifiesten y votos que emitan en el desempeño de su cargo.
No hay autoridad alguna que pueda procesarlos ni reconvenirlos en ningún tiempo por tales causas.

Artículo 84.- Los senadores y diputados gozarán de completa inmunidad en su persona desde el día de su elección hasta el día en que cese su mandato, y no podrán ser detenidos por ninguna autoridad sino en caso de ser sorprendidos en la ejecución flagrante de algún crimen, dándose inmediatamente cuenta a la Cámara respectiva, con la información sumaria del hecho, para que resuelva lo que corresponda, según el caso, sobre la inmunidad personal.

Artículo 85.- Cuando se deduzca acusación ante la justicia contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario, de la acusación o información traída, podrá la Cámara respectiva, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, dejándolo a disposición del juez competente para su juzgamiento.

Artículo 86.- Cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, por dos tercios de votos; y en caso de reincidencia, podrá expulsarlo por el mismo número de votos.
Por inasistencia notable podrá también declararlo cesante en la misma forma.

Artículo 87.- Cada Cámara tendrá jurisdicción para corregir los actos que atenten contra autoridad, dignidad e independencia y contra las inmunidades de sus miembros. La ley definirá los casos y las penas para la aplicación de este artículo.

Artículo 88.- Al aceptar el cargo los diputados y senadores, jurarán por Dios y por la Patria, o por la Patria, desempeñarlo fielmente.

Artículo 89.- Los senadores y diputados gozarán de una remuneración determinada por la Legislatura.

CAPÍTULO V
Atribuciones del Poder Legislativo

Artículo 90.- Corresponde al Poder Legislativo:

• Establecer los impuestos y contribuciones necesarios para los gastos de servicio público, debiendo estas cargas ser uniformes en toda la Provincia.
• Fijar anualmente el cálculo de recursos y el presupuesto de gastos. Con relación a nuevos gastos, dentro de la ley de presupuesto, la iniciativa corresponderá exclusivamente al Poder Ejecutivo; pero la Legislatura podrá disminuir o suprimir los que le fuesen propuestos.
  La ley de presupuesto será la base a que debe sujetarse todo gasto en la Administración general de la provincia.
  Si el Poder Ejecutivo no remitiera, los proyectos de presupuesto y leyes de recursos para el ejercicio siguiente antes del 31 de agosto, la Legislatura podrá iniciar su estudio y sancionarlos, tomando por base las leyes vigentes.
  Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor.
• Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la provincia, determinando sus atribuciones, responsabilidades y dotación, con la limitación a que se refiere el primer párrafo del inciso anterior.
• Fijar las divisiones territoriales para la mejor administración.
• Conceder indultos y acordar amnistías por delitos de sedición en la provincia.
• Conceder privilegios por un tiempo limitado a los autores o inventores, perfeccionadores y primeros introductores de nuevas industrias para explotarse sólo en la provincia, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno general.
• Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades de todos los recaudadores de rentas y tesoreros de la provincia y sus municipios.
• Dictar leyes estableciendo los medios de hacer efectivas las responsabilidades civiles de los funcionarios públicos.
• Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo celebrase con otras provincias.
• Discernir honores y recompensas pecuniarias por una sola vez, y con dos tercios de votos del número total de los miembros de cada Cámara, por servicios distinguidos prestados a la provincia.
• Dictar la ley orgánica del Montepío Civil.
• Organizar la carrera administrativa con las siguientes bases: acceso por idoneidad; escalafón; estabilidad; uniformidad de sueldos en cada categoría e incompatibilidades.
• Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés público y general de la provincia, cuya naturaleza y objeto no corresponda privativamente a los poderes nacionales.

CAPÍTULO VI
Procedimiento para la formación de las leyes

Artículo 91.- Toda ley puede tener principio en cualquiera de las Cámaras y se propondrá en forma de proyecto por cualquiera de los miembros de cada Cámara y también por el Poder Ejecutivo. Toda ley especial que autorice gastos, necesitará para su aprobación, el voto de los dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara.

Artículo 92.- Aprobado un proyecto por la Cámara de su origen, pasará para su revisión a la otra y si ésta también lo aprobase, se comunicará al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Artículo 93.- Si la Cámara revisora modifica el proyecto que se le ha remitido, volverá a la iniciadora, y si ésta aprueba las modificaciones pasará al Poder Ejecutivo.
Si las modificaciones fuesen rechazadas, volverá por segunda vez el proyecto a la Cámara revisora y si ella no tuviese dos tercios para insistir, prevalecerá la sanción de la iniciadora.
Pero si concurriesen dos tercios de votos para sostener las modificaciones, el proyecto pasará de nuevo a la Cámara de su origen, la que necesitará igualmente el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, para que su sanción se comunique al Poder Ejecutivo.

Artículo 94.- Ningún proyecto de ley rechazado totalmente por una de las Cámaras, podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Un proyecto sancionado por una de las Cámaras y no votado por la otra en ese año o en el siguiente, se considerará rechazado.

Artículo 95.- El Poder Ejecutivo deberá promulgar los proyectos de ley sancionados dentro de diez días de haberle sido remitidos por la Legislatura, pero podrá devolverlos con observaciones durante dicho plazo, y si una vez transcurrido no ha hecho la promulgación, ni los ha devuelto con sus objeciones, serán ley de la Provincia y deberán promulgarse y publicarse en el día inmediato por el Poder Ejecutivo, o en su defecto, se publicarán por el presidente de la Cámara que hubiese prestado la sanción definitiva.
En cuanto a la ley general de presupuesto, que fuese observada por el Poder Ejecutivo, solo será reconsiderada en la parte objetada, quedando en vigencia lo demás de ella.

Artículo 96.- Si antes del vencimiento de los diez días, hubiese tenido lugar la clausura de las Cámaras, el Poder Ejecutivo deberá, dentro de dicho término, remitir el proyecto vetado a la Secretaría de la Cámara de su origen, sin cuyo requisito no tendrá efecto el veto.

Artículo 97.- Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo, será reconsiderado primero en la Cámara de su origen, pasando luego a la revisora; y si ambas insisten en su sanción por el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto será ley y el Poder Ejecutivo se hallará obligado a promulgarlo. En caso contrario, no podrá repetirse en las sesiones de aquel año.

Artículo 98.- Si un proyecto de ley observado volviere a ser sancionado en uno de los dos períodos legislativos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no podrá observarlo de nuevo, estando obligado a promulgarlo como ley.

Artículo 99.- En la sanción de las leyes se usará la siguiente fórmula: “El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires sancionan con fuerza de ley” , etcétera.

CAPÍTULO VII
De la Asamblea Legislativa

Artículo 100.- Ambas Cámaras sólo se reunirán para el desempeño de las funciones siguientes:

• Apertura y clausura de las sesiones.
• Para recibir el juramento de ley al gobernador y vicegobernador de la Provincia.
• Para tomar en consideración y admitir o desechar las renuncias que hicieren de su cargo los mismos funcionarios.
• Para verificar la elección de senadores al Congreso Nacional.
• Para tomar conocimiento del resultado del escrutinio de la elección de gobernador y vicegobernador y proclamar a los electos.
• Para tomar conocimiento del resultado del escrutinio del plebiscito sobre la reforma de la Constitución, y según su resultado, convocar la Convención Constituyente.
• Para considerar la renuncia de los senadores electos al Congreso de la Nación, antes de que el Senado tome conocimiento de su elección.

Artículo 101.- Todos los nombramientos que se defieren a la Asamblea General deberán hacerse a mayoría absoluta de los miembros presentes.

Artículo 102.- Si hecho el escrutinio no resultare candidato con mayoría absoluta, deberá repetirse la votación, contrayéndose a los dos candidatos que hubiesen obtenido más votos en la anterior; y en caso de empate, decidirá el presidente.

Artículo 103.- De las excusaciones que se presenten de nombramientos hechos por la Asamblea, conocerá ella misma, procediendo según fuese su resultado.

Artículo 104.- Las reuniones de la Asamblea General serán presididas por el vicegobernador, en su defecto, por el vicepresidente del Senado, y a falta de éste, por el presidente de la Cámara de Diputados.

Artículo 105.- No podrá funcionar la Asamblea sin la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.

SECCIÓN IV
Poder Ejecutivo

CAPÍTULO I
De su naturaleza y duración

Artículo 106.- El Poder Ejecutivo de la provincia será desempeñado por un ciudadano, con el título de gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Artículo 107.- Al mismo tiempo y por el mismo período que se elija gobernador, será elegido vicegobernador.

Artículo 108.- Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se requiere:

• Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero.
• Tener treinta años de edad.
• Cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hubiese nacido en ella.

Artículo 109.- El gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus funciones, y cesarán en ellas en el mismo día en que expire el período legal, sin que evento alguno pueda motivar su prorrogación por un día más, ni tampoco que se les complete más tarde.

Artículo 110.- El gobernador y el vicegobernador no podrán ser reelegidos en el período siguiente a su elección.
Tampoco podrá el gobernador ser nombrado vicegobernador, ni el vicegobernador podrá ser nombrado gobernador.

Artículo 111.- En caso de muerte, destitución, renuncia, enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, las funciones del Poder Ejecutivo serán desempeñadas por el vicegobernador, por todo el resto del período legal, en los tres primeros casos, o hasta que haya cesado la inhabilidad temporaria, en los tres últimos.

Artículo 112.- Si la inhabilidad temporaria afectase simultáneamente al gobernador y al vicegobernador, el vicepresidente primero del Senado se hará cargo del Poder Ejecutivo, hasta que aquélla cese en uno de ellos. Dicho funcionario también se hará cargo del Poder Ejecutivo, cuando en el momento de producirse la enfermedad, suspensión o ausencia del gobernador, no exista vicegobernador, o cuando al producirse la muerte, destitución o renuncia del gobernador, el vicegobernador estuviera afectado de inhabilidad temporaria, o cuando la inhabilidad temporaria afectase al vicegobernador en ejercicio definitivo de las funciones de gobernador.

Artículo 113.- En caso de muerte, destitución o renuncia del gobernador, cuando no exista vicegobernador, o del vicegobernador que hubiese asumido definitivamente las funciones de gobernador, el Poder Ejecutivo será desempeñado por el vicepresidente primero del Senado, pero dentro de los treinta días de producida la vacante se reunirá la Asamblea Legislativa y designará de su seno un gobernador interino, quien se hará cargo inmediatamente del Poder Ejecutivo.
En la primera elección de renovación de la Legislatura que tenga lugar posteriormente se procederá a elegir un nuevo gobernador y un nuevo vicegobernador, por un período de cuatro años, que se iniciará el primer día hábil del mes de mayo del año de su elección.
El gobernador interino no podrá ser elegido gobernador ni vicegobernador.

Artículo 114.- Si la acefalía se produjese por muerte, destitución o renuncia del gobernador interino, se procederá como ha sido previsto en el artículo anterior.

Artículo 115.- En los mismos casos en que el vicegobernador reemplaza al gobernador, el vicepresidente del Senado reemplaza al vicegobernador.

Artículo 116.- La Legislatura dictará una ley que determine el funcionario que deberá desempeñar el cargo provisoriamente para los casos en que el gobernador, vicegobernador y vicepresidente del Senado no pudiesen desempeñar las funciones del Poder Ejecutivo.

Artículo 117.- El gobernador y el vicegobernador, en ejercicio de sus funciones, residirán en la Capital de la Provincia y no podrán ausentarse de ella por más de treinta días sin permiso de la Legislatura, y en ningún caso del territorio de la provincia sin este requisito.

Artículo 118.- En el receso de las Cámaras sólo podrán ausentarse por un motivo urgente de interés público y por el tiempo indispensable, dando cuenta a aquéllas oportunamente.

Artículo 119.- Al tomar posesión del cargo, el gobernador y el vicegobernador prestarán juramento ante el presidente de la Asamblea Legislativa en los términos siguientes:
“Juro por Dios y por la Patria y sobre estos Santos Evangelios, observar y hacer observar la Constitución de la Provincia, desempeñando con lealtad y honradez el cargo de gobernador (o vicegobernador). Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demanden”.

Artículo 120.- El gobernador y el vicegobernador gozan del sueldo que la ley determine, no pudiendo ser alterado en el período de sus nombramientos. Durante éste no podrán ejercer otro empleo ni recibir otro emolumento de la Nación o de la Provincia.

CAPÍTULO II
Elección de gobernador y vicegobernador

Artículo 121.- La elección de gobernador y vicegobernador será hecha directamente por el pueblo, por simple mayoría de votos; cada elector votará el nombre de un ciudadano para gobernador y el de otro ciudadano para vicegobernador.

Artículo 122.- La elección tendrá lugar conjuntamente con la de senadores y diputados del año que corresponda.

Artículo 123.- La Junta Electoral practicará el escrutinio y remitirá constancia del mismo al gobernador de la Provincia y al presidente de la Asamblea Legislativa.

Artículo 124.- Una vez que el presidente de la Asamblea Legislativa haya recibido comunicación del escrutinio, convocará a la Asamblea con tres días de anticipación, a fin de que este cuerpo tome conocimiento del resultado y proclame y diplome a los ciudadanos que hayan sido elegidos gobernador y vicegobernador.
En caso de empate, la Asamblea resolverá por mayoría absoluta de votos cuál de los ciudadanos que hayan empatado debe desempeñar el cargo. Esta sesión de Asamblea no podrá levantarse hasta no haber terminado su cometido.

Artículo 125.- El presidente de la Asamblea Legislativa comunicará el resultado de la sesión a que se refiere el artículo anterior, a los ciudadanos electos y al gobernador de la Provincia.

Artículo 126.- Los ciudadanos que resulten electos gobernador y vicegobernador, deberán comunicar al presidente de la Asamblea Legislativa y al gobernador de la Provincia, la aceptación del cargo dentro de los cinco días siguientes a aquel en que les fue comunicado su nombramiento.

Artículo 127.- Aceptado que sea el cargo de gobernador y vicegobernador por los ciudadanos que hayan resultado electos, el presidente de la Asamblea Legislativa fijará y les comunicará la hora en que habrán de presentarse a prestar juramento el primer día hábil del mes de mayo del año de su elección. Igual comunicación se hará al gobernador de la Provincia.

Artículo 128.- El gobernador interino cesará en sus funciones el primer día hábil del mes de mayo del año en que corresponda renovar la Legislatura.

Artículo 129.- Corresponde a la Asamblea Legislativa conocer en las renuncias del gobernador y vicegobernador electos.

Artículo 130.- Aceptadas que sean las renuncias del gobernador y vicegobernador electos, se reunirá la Asamblea Legislativa y designará gobernador interino en las condiciones y por el tiempo establecido en el artículo 113. Pero si sólo hubiese sido aceptada la renuncia del gobernador electo o del vicegobernador electo, aquel de los dos que no hubiese renunciado o cuya renuncia no hubiese sido aceptada, prestará juramento y se hará cargo del Poder Ejecutivo, sin que se proceda a realizar una nueva elección.

Artículo 131.- Una vez aceptado el cargo, el gobernador y vicegobernador electos gozarán de las mismas inmunidades personales de los senadores y diputados.

CAPÍTULO III
Atribuciones del Poder Ejecutivo

Artículo 132.- El gobernador es el jefe de la administración de la Provincia, y tiene las siguientes atribuciones:

• Nombrar y remover los ministros secretarios del despacho.
• Promulgar y hacer ejecutar las leyes de la Provincia, facilitando su ejecución por reglamentos y disposiciones especiales que no alteren su espíritu.
• Concurrir a la formación de las leyes, con arreglo a la Constitución, teniendo el derecho de iniciarlas por proyectos presentados a las Cámaras, y de tomar parte en su discusión por medio de los ministros.
• El gobernador podrá conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte de Justicia, sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse, debiendo ponerse en conocimiento de la Asamblea Legislativa, las razones que hayan motivado en cada caso la conmutación de la pena.
  El gobernador no podrá ejercer esta atribución cuando se trate de delitos en que el Senado conoce como juez, y de aquellos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones.
• Ejercerá los derechos del patronato como vicepatrono, hasta que el Congreso Nacional, en uso de la atribución que le confiere el artículo 67, inciso 19 de la Constitución de la República, dicte la ley de la materia.
• A la apertura de la Legislatura la informará del estado general de la administración.
• Convocar al pueblo de la Provincia a todas las elecciones en la oportunidad debida, sin que por ningún motivo pueda diferirlas.
• Convocar a sesiones extraordinarias a la Legislatura o a cualquiera de las Cámaras, cuando lo exija un grande interés público, salvo el derecho del Cuerpo convocado para apreciar y decidir después de reunido, sobre los fundamentos de la convocatoria.
• Hacer recaudar las rentas de la Provincia y decretar su inversión con arreglo a las leyes, debiendo hacer publicar mensualmente el estado de la Tesorería.
• Celebrar y firmar tratados parciales con otras provincias para fines de la administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con aprobación de la Legislatura y dando conocimiento al Congreso Nacional.
• Es el comandante en jefe de las fuerzas militares de la Provincia, con excepción de aquellas que hayan sido movilizadas para objetos nacionales.
• Movilizar la milicia provincial en caso de conmoción interior que ponga en peligro la seguridad de la Provincia, con autorización de la Legislatura, y por sí solo durante el receso, dando cuenta en las próximas sesiones, sin perjuicio de hacerlo inmediatamente a la autoridad nacional.
• Decretar también la movilización de las milicias, en los casos previstos por el inciso 24, artículo 67 de la Constitución Nacional.
• Expedir despachos a los oficiales que nombre para organizar la milicia de la Provincia y para poner en ejercicio las facultades acordadas en los dos incisos que preceden. En cuanto a los jefes, expide también despachos hasta teniente coronel. Para dar el de coronel se requiere el acuerdo del Senado.
• Es agente inmediato y directo del Gobierno nacional para hacer cumplir en la provincia la Constitución y las leyes de la Nación.
• Da cuenta a las Cámaras legislativas del estado de la hacienda y de la inversión de los fondos votados para el ejercicio precedente y remite antes del 31 de agosto los proyectos de presupuesto de la administración y las leyes de recursos.
• No podrá acordar goce de sueldo o pensión sino por alguno de los títulos que las leyes expresamente determinan.
• Nombra, con acuerdo del Senado:
  • El fiscal de Estado.
  • El director general de Escuelas.
  • El presidente y los vocales del Tribunal de Cuentas.
  • El presidente y los directores del Banco de la Provincia que le corresponda designar.
  Y con acuerdo de la Cámara de Diputados, los miembros del Consejo General de Educación.
  La ley determinará en los casos no previstos por esta Constitución, la duración de estos funcionarios, debiendo empezar el 1 de junio sus respectivos períodos.

Artículo 133.- No puede expedir órdenes y decretos sin la firma del ministro respectivo.
Podrá, no obstante, expedirlos en caso de acefalía de ministros y mientras se provea a su nombramiento, autorizando a los oficiales mayores de los ministerios por un decreto especial. Los oficiales mayores en estos casos, quedan sujetos a las responsabilidades de los ministros.

Artículo 134.- Estando las Cámaras reunidas, la propuesta de funcionarios que requieren para su nombramiento el acuerdo del Senado o de la Cámara de Diputados, se hará dentro de los quince días de ocurrida la vacante, no pudiendo el Poder Ejecutivo insistir sobre un candidato rechazado por el Senado o la Cámara de Diputados en su caso, durante ese año. En el receso, la propuesta se hará dentro del mismo término, convocándose extraordinariamente, al efecto, a la Cámara respectiva.
Ninguno de los funcionarios para cuyo nombramiento se requiere el acuerdo o propuesta por terna de alguna de las Cámaras, podrá ser removido sin el mismo requisito. Exceptúanse los funcionarios para cuya remoción esta Constitución establece un procedimiento especial.

CAPÍTULO IV
De los ministros y secretarios del despacho general

Artículo 135.- El despacho de los negocios administrativos de la Provincia estará a cargo de dos o más ministros secretarios, y una ley especial deslindará los ramos y las funciones adscriptas al despacho de cada uno de los ministerios.

Artículo 136.- Para ser nombrado ministro se requieren las mismas condiciones que esta Constitución determina para ser elegido diputado.

Artículo 137.- Los ministros secretarios despacharán de acuerdo con el gobernador y refrendarán con su firma las resoluciones de éste, sin cuyo requisito no tendrán efecto ni se les dará cumplimiento.
Podrán, no obstante, expedirse por sí solos en todo lo referente al régimen económico de sus respectivos departamentos y dictar resoluciones de trámite.

Artículo 138.- Serán responsables de todas las órdenes y resoluciones que autoricen, sin que puedan pretender eximirse de responsabilidad por haber procedido en virtud de orden del gobernador.

Artículo 139.- En los treinta días posteriores a la apertura del período legislativo, los ministros presentarán a la Asamblea la memoria detallada del estado de la administración correspondiente a cada uno de los ministerios, indicando en ellas las reformas que más aconsejen la experiencia y el estudio.

Artículo 140.- Los ministros pueden concurrir a las sesiones de las Cámaras y tomar parte en las discusiones, pero no tendrán voto.

Artículo 141.- Gozarán por sus servicios de un sueldo establecido por la ley, que no podrá ser aumentado ni disminuido en favor o en perjuicio de los que se hallen en ejercicio.

CAPÍTULO V
Responsabilidad del gobernador y de los ministros

Artículo 142.- El gobernador y los ministros son responsables y pueden ser acusados ante el Senado, en la forma establecida en la sección Poder Legislativo, por las causas que determina el inciso 2 del artículo 60 de esta Constitución y por abuso de su posición oficial para realizar especulaciones de comercio.

CAPÍTULO VI
Del fiscal de Estado, contador y tesorero de la Provincia

Artículo 143.- Habrá un fiscal de Estado inamovible, encargado de defender el patrimonio del fisco, que será parte legítima en los juicios contencioso administrativos y en todos aquellos en que se controviertan intereses del Estado.
La ley determinará los casos y la forma en que ha de ejercer sus funciones.
Para desempeñar este puesto se requieren las mismas condiciones exigidas para los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 144.- El contador y subcontador, el tesorero y subtesorero, serán nombrados en la forma prescripta en el artículo 69 y durarán cuatro años, pudiendo ser reelectos.

Artículo 145.- El contador y subcontador no podrán autorizar pago alguno que no sea arreglado a la ley general de presupuesto, o a leyes especiales, o en los casos del artículo 151.

Artículo 146.- El tesorero no podrá ejecutar pagos que no hayan sido previamente autorizados por el contador.

CAPÍTULO VII
Del Tribunal de Cuentas

Artículo 147.- La Legislatura dictará la ley orgánica del Tribunal de Cuentas. Este se compondrá de un presidente abogado y cuatro vocales contadores públicos, todos inamovibles, nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. Podrán ser enjuiciados y removidos en la misma forma y en los mismos casos que los jueces de las cámaras de apelación.

Dicho tribunal tendrá las siguientes atribuciones:

• Examinar las cuentas de percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales, aprobarlas o desaprobarlas y en este último caso, indicar el funcionario o funcionarios responsables, como también el monto y la causa de los alcances respectivos.
• Inspeccionar las oficinas provinciales o municipales que administren fondos públicos y tomar las medidas necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la forma y con arreglo al procedimiento que determine la ley.
  Las acciones para la ejecución de las resoluciones del tribunal corresponderán al fiscal de Estado.

SECCIÓN V
Poder Judicial

CAPÍTULO I

Artículo 148.- El Poder Judicial será desempeñado por una Suprema Corte de Justicia, cámaras de apelación, jueces y demás tribunales que la ley establezca.

CAPÍTULO II
Atribuciones de la Suprema Corte de Justicia

Artículo 149.- La Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones:

• Ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, decretos, ordenanzas o reglamentos que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada.
• Conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia y en las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción respectiva.
• Decide las causas contencioso administrativas en única instancia y en juicio pleno, previa denegación o retardación de la autoridad administrativa competente al reconocimiento de los derechos que se gestionan por parte interesada. La ley determinará el plazo dentro del cual podrá deducirse la acción ante la Suprema Corte de Justicia y los demás procedimientos de este juicio.
• Conoce y resuelve en grado de apelación:
  • De la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia, funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimientos establezcan a esta clase de recursos;
  • De la nulidad argüida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia, cuando se alegue violación de las normas contenidas en los artículos 156 y 159 de esta Constitución.
• Nombra y remueve directamente los secretarios y empleados del tribunal, y a propuesta de los jueces de primera instancia, funcionarios del Ministerio Público y jueces de Paz, el personal de sus respectivas dependencias.

Artículo 150.- La presidencia de la Suprema Corte de Justicia, se turnará anualmente entre sus miembros, principiando por el de mayor edad.

Artículo 151.- En las causas contencioso administrativas, la Suprema Corte de Justicia tendrá facultad de mandar cumplir directamente sus sentencias por las oficinas o empleados respectivos si la autoridad administrativa no lo hiciere dentro de los sesenta días de notificada la sentencia.
Los empleados a que alude este artículo serán responsables por la falta de cumplimiento de las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 152.- La Suprema Corte de Justicia hará su reglamento y podrá establecer las medidas disciplinarias que considere conveniente a la mejor administración de justicia.

Artículo 153.- Debe pasar anualmente a la Legislatura una memoria o informe sobre el estado en que se halla dicha administración, a cuyo efecto puede pedir a los demás tribunales de la provincia los datos que crea convenientes y proponer en forma de proyecto las reformas de procedimiento y organización que sean compatibles con lo estatuido en esta Constitución y tiendan a mejorarla.

CAPÍTULO III
Administración de Justicia en materia Civil, Comercial y Penal

Artículo 154.- La Legislatura establecerá cámaras de apelación y tribunales o jueces de primera instancia en lo Civil, Comercial y Penal, permanentes en la ciudad de La Plata, determinando los límites de su jurisdicción territorial y las materias de su competencia en su fuero respectivo. En el resto de la provincia los establecerá permanentes o viajeros, organizando los distritos judiciales que considere convenientes.

Artículo 155.- Corresponde a las cámaras de apelación, el nombramiento y remoción de los secretarios y empleados de su dependencia.

Artículo 156.- Los tribunales de justicia deberán resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes, en la forma y plazo establecidos al efecto por las leyes procesales.
Los jueces que integran los tribunales colegiados, deberán dar su voto en todas las cuestiones esenciales a decidir. Para que exista sentencia debe concurrir mayoría de opiniones acerca de cada una de ellas.

Artículo 157.- Los procedimientos ante los tribunales son públicos; sus acuerdos y sentencias se redactarán en los libros que deben llevar y custodiar, y en los autos de las causas en que conocen, y publicarse en sus salas respectivas de audiencia, a menos que a juicio del tribunal ante quien penden, la publicidad sea peligrosa para las buenas costumbres, en cuyo caso debe declararlo así por medio de un auto.

Artículo 158.- Queda establecida ante todos los tribunales de la Provincia la libre defensa en causa civil propia y la libre representación con las restricciones que establezca la ley de la materia.

Artículo 159.- Las sentencias que pronuncien los jueces y tribunales letrados en lo Civil, Comercial, Criminal y Correccional, serán fundadas en el texto expreso de la ley; y a falta éste, en los principios jurídicos de la legislación vigente en la materia respectiva, y en defecto de éstos, en los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.

CAPÍTULO IV
Justicia de Paz

Artículo 160.- La Legislatura establecerá juzgados de Paz en toda la provincia y otros de menor cuantía, teniendo en consideración la extensión territorial de cada distrito y su población.

Artículo 161.- La elección de jueces de Paz recaerá en ciudadanos mayores de veinticinco años, con residencia de dos años, por lo menos, en el distrito en que deben desempeñar sus funciones y que reúnan las demás condiciones que la ley determine.

Artículo 162.- Serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna por las municipalidades.

Artículo 163.- La ley determinará la forma y tiempo en que debe hacerse el nombramiento de jueces de Paz y suplentes y la duración de sus funciones.

Artículo 164.- Los jueces de Paz son funcionarios exclusivamente judiciales y agentes de los tribunales de justicia, y su competencia general y especial será determinada por la ley.

CAPÍTULO V
Elección, duración y responsabilidad de los miembros del Poder Judicial

Artículo 165.- Los jueces letrados y el procurador de la Suprema Corte de Justicia, serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.

Artículo 166.- Los jueces letrados y el procurador de la Suprema Corte de Justicia, conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta.

Artículo 167.- Para ser juez de la Suprema Corte Justicia y procurador de ella, se requiere: haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo si hubiese nacido en país extranjero; título o diploma que acredite suficiencia en la ciencia del derecho reconocido por autoridad competente en la forma que determine la ley; treinta años de edad y menos de setenta, y diez a lo menos de ejercicio en la profesión de abogado o en el desempeño de alguna magistratura. Para serlo de las cámaras de apelación, bastarán seis años.

Artículo 168.- Para ser juez de primera instancia se requiere: tres años de práctica en la profesión de abogado, seis años de ciudadanía en ejercicio y veinticinco años de edad.

Artículo 169.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia prestarán juramento ante su presidente de desempeñar fielmente el cargo. El presidente lo prestará ante la Suprema Corte de Justicia, y los demás jueces ante quien determine el mismo tribunal.

Artículo 170.- Los jueces de la Suprema Corte de Justicia, cámaras de apelación y de primera instancia, no pueden ser suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sino en el caso de acusación y con sujeción a lo que se dispone en esta Constitución.

Artículo 171.- Para ingresar al Poder Judicial debe justificarse dos años de residencia inmediata en la Provincia.

Artículo 172.- Los jueces de las cámaras de apelación y de primera instancia y los miembros del Ministerio Público pueden ser denunciados o acusados por cualquiera del pueblo, por delitos o faltas cometidos en el desempeño de sus funciones, ante un jurado de once miembros que podrá funcionar con número no inferior a seis, integrado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia que lo presidirá, cinco abogados inscriptos en la matrícula que reúnan las condiciones para ser miembros de dicho tribunal, y hasta cinco legisladores abogados.
Los legisladores y abogados que deban integrar el jurado se designarán por sorteo, en acto público, en cada caso; los legisladores por el presidente del Senado y los abogados por la Suprema Corte de Justicia, a cuyo cargo estará la confección de la lista de todos los abogados que reúnan las condiciones para ser conjueces.
La ley determinará la forma de reemplazar a los abogados no legisladores en caso de vacante.

Artículo 173.- El juez acusado quedará suspendido en el ejercicio de su cargo desde el día en que el jurado admita la acusación.

Artículo 174.- El jurado dará su veredicto con arreglo a derecho, declarando al juez acusado culpable o no culpable del hecho o hechos que se le imputen.

Artículo 175.- Pronunciado el veredicto de culpabilidad, la causa se remitirá al juez competente para que aplique la ley penal cuando corresponda.

Artículo 176.- La ley determinará los delitos y faltas de los jueces acusables ante el jurado y reglamentará el procedimiento que ante él debe observarse.

Artículo 177.- Los jueces de Paz no letrados pueden ser acusados ante la Suprema Corte de Justicia, por delitos o faltas cometidos en ejercicio de sus funciones. Dicho tribunal podrá suspenderlos y removerlos según el procedimiento que determine la ley.

Artículo 178.- Los jueces acusados de delito ajenos a sus funciones serán juzgados en la misma forma que los demás habitantes de la Provincia, quedando suspendidos desde el día en que se haga lugar a la acusación.

Artículo 179.- La ley determinará el modo y forma como deben ser nombrados y removidos y la duración del período de los demás funcionarios que intervengan en los juicios.

Artículo 180.- El Ministerio Público será desempeñado por el procurador general de la Suprema Corte de Justicia; por los fiscales de cámaras, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de las cámaras de apelación; por agentes fiscales, asesores de menores y defensores de pobres y ausentes, quienes deberán reunir las condiciones requeridas para ser jueces de primera instancia. El procurador general ejercerá superintendencia sobre los demás miembros del Ministerio Público.

SECCIÓN VI
Del Régimen Municipal

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 181.- La administración de los intereses y servicios locales en la capital y cada uno de los partidos que formen la Provincia, estará a cargo de una municipalidad, compuesta de un departamento ejecutivo unipersonal y un departamento deliberativo, cuyos miembros, que no podrán ser menos de seis ni más de veinticuatro, durarán cuatro años en sus funciones, renovándose cada dos años por mitad y serán elegidos en el mismo acto en que se elijan los senadores y diputados, en la forma que determine la ley.

Artículo 182.- La Legislatura deslindará las atribuciones y responsabilidades de cada departamento, confiriéndoles las facultades necesarias para que ellos puedan atender eficazmente a todos los intereses y servicios locales, con sujeción a las siguientes bases:

1. El número de miembros del departamento deliberativo se fijará con relación a la población de cada distrito.

2. Serán electores los ciudadanos inscriptos en el registro electoral del distrito y además los extranjeros mayores de edad que sepan leer y escribir en idioma nacional, con dos años de residencia inmediata en el municipio, que estén inscriptos en un registro especial y paguen anualmente impuestos fiscales o municipales que en conjunto no bajen de doscientos pesos.

3. Serán elegibles todos los ciudadanos mayores de veinticinco años, que sepan leer y escribir, vecinos del distrito, con un año de domicilio anterior a la elección y si son extranjeros, tengan además cinco años de residencia y estén inscriptos en el registro especial.

4. Las funciones municipales serán carga pública, de la que nadie podrá excusarse sino por excepción fundada en la ley de la materia.

5. El ciudadano a cargo del departamento ejecutivo durará cuatro años en sus funciones. Para desempeñar este cargo se requiere ciudadanía en ejercicio y las condiciones necesarias para ser concejal.

6. Los concejales extranjeros no podrán exceder de la tercera parte del número total de los miembros del concejo deliberante.

Artículo 183.- Son atribuciones inherentes al régimen municipal, las siguientes:

1. Convocar a los electores del distrito para elegir municipales y consejeros escolares, con quince días de anticipación por lo menos, cuando el Poder Ejecutivo dejare transcurrir los términos legales sin hacerlo.

2. Proponer al Poder Ejecutivo, en la época que corresponda, las ternas para nombramientos de jueces de Paz y suplentes.

3. Nombrar los funcionarios municipales.

4. Tener a su cargo el ornato y salubridad de los establecimientos de beneficencia que no estén a cargo de sociedades particulares, asilos de inmigrantes que sostenga la provincia, las cárceles locales de detenidos y la viabilidad pública.

5. Votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo; administrar los bienes raíces municipales, con facultad de enajenar tanto éstos como los diversos ramos de las rentas del año corriente; examinar y resolver sobre las cuentas del año vencido, remitiéndolas en seguida al Tribunal de Cuentas.
Vencido el ejercicio administrativo, sin que el concejo deliberante sancione el presupuesto de gastos, el intendente deberá regirse por el sancionado para el año anterior. Las ordenanzas impositivas mantendrán su vigencia hasta que sean modificadas o derogadas por otras. El presupuesto será proyectado por el departamento ejecutivo y el deliberativo no está facultado para aumentar su monto total. Si aquél no lo remitiera antes el 31 de octubre, el concejo deliberante podrá proyectarlo y sancionarlo, pero su monto no podrá exceder del total de la recaudación habida en el año inmediato anterior. En caso de veto total o parcial, si el concejo deliberante insistiera por dos tercios de votos, el intendente estará obligado a promulgarlo.
Toda ordenanza especial que autorice gastos no previstos en el presupuesto, deberá establecer los recursos con que han de ser cubiertos.

6. Dictar ordenanzas y reglamentos dentro de estas atribuciones.

7. Recaudar, distribuir y oblar en la Tesorería del Estado las contribuciones que la Legislatura imponga al distrito para las necesidades generales, sin perjuicio de que el Poder Ejecutivo nombre funcionarios especiales para este objeto, si lo cree más conveniente.

8. Constituir consorcios de municipalidades y cooperativas de vecinos a los fines de la creación de superusinas generadoras de energía eléctrica.

Artículo 184.- Las atribuciones expresadas tienen las siguientes limitaciones:

1. Dar publicidad por la prensa a todos sus actos, reseñándolos en una memoria anual, en la que se hará constar detalladamente la percepción e inversión de sus rentas.

2. Todo aumento o creación de impuestos o contribución de mejoras, necesita ser sancionado por mayoría absoluta de votos de una asamblea compuesta por los miembros del concejo deliberante y un número igual de mayores contribuyentes de impuestos municipales.

3. No podrá autorizarse empréstito alguno sobre el crédito general de la municipalidad, sino por ordenanza sancionada en la forma que determina el inciso anterior; pero en ningún caso podrá sancionarse ordenanza de esta clase cuando el total de los servicios de amortización e intereses, afecte en más del 25 por ciento los recursos ordinarios de la municipalidad. Cuando se trate de contratar empréstitos en el extranjero o enajenar o gravar los edificios municipales, se requerirá, además, autorización legislativa.

4. Siempre que se haga uso del crédito será para obras señaladas de mejoramiento o para casos eventuales, y se votará una suma anual para el servicio de la deuda, no pudiendo aplicarse los fondos a otro objeto que el indicado.

5. Las enajenaciones sólo podrán hacerse en remate público.

6. Siempre que hubiere de construirse una obra municipal, de cualquier género que fuere, en la que hubieren de invertirse fondos del común, la municipalidad nombrará una comisión de propietarios electores del distrito, para que la fiscalice.

7. Las obras públicas cuyo importe exceda de mil pesos nacionales, deberán sacarse siempre a licitación.

Artículo 185.- Los municipales, funcionarios y empleados, son personalmente responsables, no sólo de cualquier acto definido y penado por la ley, sino también por los daños y perjuicios provenientes de la falta de cumplimiento a sus deberes.
La ley determinará las causas, forma y oportunidad de destitución de los municipales, funcionarios y empleados, que, por deficiencias de conducta o incapacidad, sean inconvenientes o perjudiciales en el desempeño de sus cargos.

Artículo 186.- Todos los actos y contratos emanados de autoridades municipales que no estén constituidas en la forma que prescribe esta Constitución, serán de ningún valor.

Artículo 187.- Los conflictos internos de las municipalidades, sea que se produzcan entre los departamentos ejecutivo y deliberativo, sea que ocurran en el seno de este último, los de las distintas municipalidades entre sí o con otras autoridades de la Provincia, serán dirimidos por la Suprema Corte de Justicia.

Artículo 188.- En caso de acefalía de una municipalidad, el Poder Ejecutivo convocará inmediatamente a elecciones para constituirla.

SECCIÓN VII
Educación e Instrucción Pública

CAPÍTULO I

Artículo 189.- La Legislatura dictará las leyes necesarias para establecer y organizar un sistema de educación común, y organizará asimismo la instrucción secundaria y superior, y sostendrá las universidades, colegios e institutos destinados a dispensarlas.

CAPÍTULO II
Educación común

Artículo 190.- Las leyes que organicen y reglamenten la educación, deberán sujetarse a las reglas siguientes:

1. La educación común es gratuita y obligatoria, en las condiciones y bajo las penas que la ley establezca.

2. La educación común tendrá entre sus fines principales el de formar el carácter de los niños en el culto de las instituciones patrias y en los principios de la moral cristiana, respetando la libertad de conciencia.

3. La dirección facultativa y la administración general de las escuelas comunes serán confiadas a un Consejo General de Educación y a un director general de Escuelas, cuyas respectivas atribuciones serán determinadas por la ley.

4. El director general de Escuelas será nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y durará en sus funciones cuatro años, pudiendo ser reelecto.
Corresponde al director general de Escuelas el nombramiento y remoción de todo el personal técnico, administrativo y docente.

5. El Consejo General de Educación se compondrá por lo menos de ocho personas más, nombradas por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Diputados. Se renovará anualmente por partes, y los miembros cesantes podrán ser reelectos.

6. La administración local y el gobierno inmediato de las escuelas en cuanto no afecte la parte técnica, estarán a cargo de consejos electivos de seis vecinos argentinos de cada partido de la Provincia.
Las condiciones que deben reunir los electores serán las mismas que para elegir municipales y las condiciones de elegibilidad y formación de los consejos, serán las mismas de las municipalidades.

7. Se establecerán contribuciones y rentas propias de la educación común, que le aseguren en todo tiempo recursos suficientes para su sostén, difusión y mejoramiento, que regirán mientras la Legislatura no las modifique. La contribución escolar de cada distrito será destinada a sufragar los gastos de la educación común en el mismo preferentemente, y su inversión corresponderá a los consejos escolares.

8. Habrá, además, un fondo permanente de escuelas, depositado a premio en el Banco de la Provincia o en fondos públicos de la misma, el cual será inviolable, sin que pueda disponerse más que de su renta para subvenir equitativa y concurrentemente con los vecindarios, a la adquisición de terrenos y construcción de edificios de escuelas. La administración del fondo permanente corresponderá al Consejo General de Educación, debiendo proceder en su aplicación con arreglo a la ley.

9. Cuando la contribución escolar de un distrito no sea bastante para sufragar los gastos de educación del mismo, el Tesoro público llenará el déficit que resulte.

CAPÍTULO III
Instrucción secundaria y superior

Artículo 191.- Las leyes orgánicas y reglamentarias de la instrucción secundaria y superior se ajustarán a las reglas siguientes:

1. La instrucción secundaria y superior estará a cargo de las universidades que se fundaren en adelante.

2. La enseñanza será accesible para todos los habitantes de la Provincia, y gratuita, con las limitaciones que la ley establezca.

3. Las universidades se compondrán de un consejo superior, presidido por el rector y de las diversas facultades establecidas en aquéllas por las leyes de su creación.

4. El consejo universitario será formado por los decanos y delegados de las diversas facultades; y éstas serán integradas por miembros ad honorem, cuyas condiciones y nombramientos determinará la ley.

5. Corresponderá al consejo universitario: dictar los reglamentos que exijan el orden y disciplina de los establecimientos de su dependencia; la aprobación de los presupuestos anuales que deben ser sometidos a la sanción legislativa; la jurisdicción superior policial y disciplinaria que las leyes y reglamentos le acuerden, y la decisión en última instancia de todas las cuestiones contenciosas decididas en primera instancia por una de las facultades; promover el perfeccionamiento de la enseñanza; proponer la creación de nuevas facultades y cátedras; reglamentar la expedición de matrículas y diplomas y fijar los derechos que puedan cobrarse por ellos.

6. Corresponderá a las facultades: la elección de su decano y secretario; el nombramiento de profesores titulares o interinos; la dirección de la enseñanza, formación de los programas y la recepción de exámenes y pruebas en sus respectivos ramos científicos; fijar las condiciones de admisibilidad de los alumnos; administrar los fondos que les corresponden, rindiendo cuenta al Consejo; proponer a éste los presupuestos anuales, y toda medida conducente a la mejora de los estudios o régimen interno de las facultades.

SECCIÓN VIII
De la reforma de la Constitución

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 192.- Esta Constitución sólo podrá ser reformada por el siguiente procedimiento:

a) El proyecto de reforma será tramitado en la forma establecida para la sanción de las leyes, debiendo contar con el voto afirmativo de dos tercios del total de los miembros de ambas Cámaras para ser aprobado. La ley indicará si la reforma será total o parcial y, en este último caso, las partes o los artículos que serán reformados;

b) La misma ley establecerá si ha de convocarse o no, a una convención reformadora. En este último caso la ley contendrá la enmienda proyectada y ésta será sometida a plebiscito en la primera elección que se realice. El voto será expresado en pro o en contra de la enmienda y su resultado será comunicado por la Junta Electoral al Poder Ejecutivo y a la Legislatura, para su cumplimiento.

Artículo 193.- En caso de convocarse a una convención reformadora, la ley expresará la forma de su funcionamiento y el plazo dentro del cual deberá dar término a su cometido.

Artículo 194.- La convención será formada por ciudadanos que reúnan las condiciones necesarias para ser diputados y se compondrá del mismo número de miembros que la Asamblea Legislativa. La elección se llevará a cabo en la misma forma y por los mismos medios que la de diputados y senadores. La ley determinará las incompatibilidades para ser diputado convencional.

Artículo 195.- Las enmiendas aprobadas en plebiscito y las sanciones de la convención reformadora, serán promulgadas y publicadas como parte integrante de la Constitución.

SECCIÓN IX
Disposiciones transitorias

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 196.- Hasta 1937, la renovación de la Cámara de Diputados se efectuará en la forma siguiente:

1.- El último domingo de diciembre de 1934, se elegirán catorce diputados por la tercera sección electoral, cuyo mandato durará hasta el 30 de abril de 1940; tres diputados por la séptima sección electoral, cuyo mandato durará hasta el 30 de abril de 1936, y catorce diputados por la cuarta sección electoral, cuyo mandato durará hasta el 30 de abril de 1938.

2.- En el mes de noviembre de 1935, se elegirán once diputados por la quinta sección electoral, por cuatro años, desde el 1 de mayo de 1936 hasta el 30 de abril de 1940. El mismo día se elegirán, además, once diputados por la sexta sección electoral, y seis diputados por la séptima sección electoral, todos por dos años, desde el 1 de mayo de 1936 hasta el 30 de abril de 1938.

3.- En el mes de marzo de 1937 se elegirán seis diputados por la capital y once por la primera sección electoral, todos por tres años, desde el 1 de mayo de 1937 hasta el 30 de abril de 1940. El mismo día se elegirán, además, once diputados por la segunda sección electoral, por un año, desde el 1 de mayo de 1937 hasta el 30 de abril de 1938.

Artículo 197.- Hasta 1938, la renovación de la Cámara de Senadores se efectuará en la forma siguiente:

1.- El último domingo de diciembre de 1934 se elegirán tres senadores por la séptima sección electoral, cuyo mandato durará hasta el 30 de abril de 1936.

2.- En el mes de noviembre de 1935 se elegirán cinco senadores por la segunda sección electoral, siete por la cuarta sección electoral, seis por la sexta sección electoral y tres por la séptima sección electoral, cuyo mandato durará hasta el 30 de abril de 1940.

3.- En el mes de marzo de 1938 se elegirán tres senadores por la capital, seis por la primera sección electoral, siete por la tercera sección electoral y cinco por la quinta sección electoral, cuyo mandato durará hasta el 30 de abril de 1942.

Artículo 198.- El último domingo de diciembre de 1934 se elegirán los municipales y consejeros escolares que corresponda, en reemplazo de aquellos cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 1934; los que resulten elegidos, durarán en el cargo hasta el 30 de abril de 1938.

En el mes de noviembre de 1935 se elegirán los municipales y consejeros escolares que corresponda, en reemplazo de aquellos cuyo mandato termina el 31 de diciembre de 1935; los que resulten elegidos, durarán en el cargo hasta el 30 de abril de 1940.

Artículo 199.- La comisión municipal de General Conesa se convertirá en municipalidad, eligiendo tres municipales y tres consejeros escolares por un período comprendido entre el 1 de enero de 1935 y el 30 de abril de 1936, y tres municipales y tres consejeros escolares por un período comprendido entre el 1 de enero de 1935 y el 30 de abril de 1938.

Artículo 200.- No habrá elecciones de renovación de las municipalidades el último domingo de noviembre de 1934.

Artículo 201.- Para la elección de legisladores y municipales que se celebrará el último domingo de diciembre de 1934, se aplicarán las disposiciones legales en vigor y se utilizará el registro de extranjeros formado en el corriente año. Actuará la Junta Electoral creada por esta Constitución.

Artículo 202.- La elección de gobernador y vicegobernador para el período 1936-1940, tendrá lugar en el mes de noviembre de 1935. Los ciudadanos que resulten elegidos ejercerán su mandato desde el 18 de febrero de 1936 hasta el primer día hábil del mes de mayo de 1940.

Artículo 203.- Los actuales magistrados judiciales y los miembros de ambas Cámaras legislativas conservarán sus cargos en las condiciones establecidas por la Constitución vigente al tiempo de su nombramiento o elección.

Artículo 204.- A partir de 1940, cuando se reimprima esta Constitución, se suprimirán las disposiciones transitorias (sección IX).

Artículo 205.- Esta Constitución será jurada solemnemente en toda la Provincia, a cuyo efecto el Poder Ejecutivo adoptará las disposiciones que sean necesarias.

Artículo 206.- Promúlgase, comuníquese, publíquese y cúmplase en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

Dada en la sala de sesiones de la Convención Constituyente de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los veintitrés días del mes de noviembre del año mil novecientos treinta y cuatro.

Constitución del Estado de Buenos Aires (1949)

Preámbulo

En nombre de Dios e invocando su protección y auxilio, Nos, los representantes del pueblo de Buenos Aires reunidos en Asamblea General Constituyente, con el objeto de organizar más convenientemente las instituciones públicas de la Provincia, de asegurar el bien común con un espíritu de justicia, de garantizar la dignidad humana y la libertad de sus habitantes, haciendo efectivos los derechos y declaraciones de la Constitución Nacional para realizar un verdadero orden social, y de cooperar a la formación de la cultura nacional y al afianzamiento de una Nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana, sancionamos la presente Constitución.

PARTE I
Principios generales

CAPÍTULO I
Forma de gobierno y declaraciones políticas

Artículo 1. La Provincia de Buenos Aires, como parte integrante de la República Argentina, constituida bajo la forma representativa republicana federal, tiene el libre ejercicio de todos los poderes y derechos que por la Constitución Nacional no hayan sido delegados al Gobierno de la Nación.

Artículo 2. Todo poder público emana del pueblo; y así éste puede alterar o reformar la presente Constitución, siempre que el bien común lo exija y en la forma que por ella se establece.

Artículo 3. Los límites territoriales de la Provincia son los que por derecho le corresponden, con arreglo a lo que la Constitución Nacional establece y sin perjuicio de las cesiones o tratados interprovinciales que puedan hacerse autorizados por la Legislatura, por ley sancionada por dos tercios de votos del número total de los miembros de cada Cámara.

Artículo 4. El Gobierno de la Provincia coopera al sostenimiento del culto católico apostólico romano, de conformidad con las prescripciones de la Constitución Nacional.

Artículo 5. La Capital de la Provincia de Buenos Aires es la ciudad de La Plata, las Cámaras Legislativas, el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, funcionarán permanentemente en esta ciudad, salvo los casos en que, por causas extraordinarias, la ley dispusiese transitoriamente otra cosa.

Artículo 6. Los poderes públicos no podrán delegar las facultades que les han sido conferidas por esta Constitución, ni atribuir al Poder Ejecutivo otras que las que expresamente le están acordadas por ella.

Artículo 7. No podrán acordarse una remuneración extraordinaria a ninguno de los miembros de los poderes públicos y ministros secretarios por servicios prestados o que se les encargaren en el ejercicio de sus funciones, o por comisiones extras o especiales.

Artículo 8. No podrán acumularse dos o más empleos a sueldo en una misma persona, aunque sea el uno provincial y el otro nacional, con excepción de los del magisterio en ejercicio. En cuanto a los empleos de los profesionales universitarios o con título superior y a las comisiones eventuales, la ley determinará su compatibilidad.

Artículo 9. Todos los funcionarios sujetos a juicio político gozan de las inmunidades de los senadores y diputados.
Cuando se deduzca una acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no podrá procederse contra sus personas sin que previamente el tribunal competente solicite el juicio político y la Legislatura haga lugar a la causa y al allanamiento de la inmunidad del acusado.

Artículo 10. Ningún magistrado ni funcionario, electivo o no, perteneciente a cualquiera de los poderes públicos podrá abusar de su posición oficial para realizar especulaciones de comercio. En los casos en que esta Constitución no establezca sanciones especiales, la violación de este precepto será causa de destitución, sin perjuicio de la acción judicial a que hubiere lugar.

Artículo 11. Todo funcionario o empleado de la Provincia cuya residencia no esté regida por esta Constitución, deberá tener su domicilio real en el lugar donde ejerza sus funciones. La ley determinará los casos de fuerza mayor y las penas que deban aplicarse a los infractores, así como las circunstancias en que pueden acordarse licencias temporales.

Artículo 12. La Provincia no reconoce libertad para atentar contra la libertad. Esta norma se entiende sin perjuicio del derecho individual de emisión del pensamiento dentro del terreno doctrinal, sometido únicamente a las prescripciones de la ley.
La Provincia no reconoce organizaciones nacionales o internacionales cualesquiera que sean sus fines, que sustenten principios opuestos a las libertades individuales reconocidas en esta Constitución, o atentatorias al sistema democrático en que ésta se inspira. Quienes pertenezcan a cualquiera de las organizaciones aludidas no podrán desempeñar funciones públicas en ninguno de los poderes de la Provincia.
Quedan prohibidos la organización y el funcionamiento de milicias o agrupaciones similares que no sean las oficiales, así como el uso público de uniformes, símbolos o distintivos de organizaciones cuyos fines prohíbe esta Constitución o las leyes de la Nación y de la Provincia.

CAPÍTULO II
Derechos, deberes y garantías

Artículo 13. Todos los habitantes de la Provincia son, por su naturaleza, libres e independientes y tienen derecho a defenderse y ser protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad. Nadie puede ser privado del goce de estos derechos, sino por vía de penalidad, con arreglo a una ley anterior al hecho del proceso y previa sentencia del juez competente.

Artículo 14. Los habitantes de la Provincia son iguales ante la ley, y esta debe ser una misma para todos y tener una acción y fuerza uniformes.
Las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofendan al orden público ni perjudiquen a un tercero, están reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados.
Ningún habitante de la Provincia estará obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de hacer lo que ella no prohíbe.

Artículo 15. Es inviolable en el territorio de la Provincia el derecho que todo hombre tiene para rendir culto a Dios todopoderoso, libre y públicamente, según los dictados de su conciencia. El uso de la libertad religiosa, así reconocido, queda sujeto a lo que prescriben la moral y el orden público.

Artículo 16. La libertad de expresar pensamientos y opiniones por cualquier medio, es un derecho asegurado a los habitantes de la Provincia.
La Legislatura no dictará medidas preventivas; ni leyes o reglamentos que coarten, restrinjan o limiten el uso de la libertad de prensa.
Solamente podrán calificarse de abusos de la libertad de prensa los hechos constitutivos de delitos comunes. La determinación de sus penas incumbirá a la Legislatura y su juzgamiento a los jueces y tribunales ordinarios. Mientras no se dicte la ley correspondiente, se aplicarán las sanciones determinadas por el Código Penal de la Nación.
Los delitos cometidos por medio de la prensa nunca se reputarán flagrantes. No se podrán secuestrar las imprentas y sus accesorios como instrumentos del delito durante los procesos. Se admitirá siempre la prueba como descargo, cuando se trate de la conducta oficial de los funcionarios o empleados públicos.

Artículo 17. Quedan asegurados a los habitantes de la Provincia los derechos de reunirse pacíficamente y de peticionar a las autoridades. En ningún caso una reunión de personas podrá atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, y quienes lo hicieren cometen delito de sedición.

Artículo 18. Nadie podrá ser detenido sin que preceda indagación sumaria que produzca semiplena prueba, o indicio vehemente de un hecho que merezca pena corporal, salvo en caso flagrante, en que todo delincuente puede ser detenido por cualquier persona y conducido inmediatamente a presencia de su juez; ni podrá ser constituido en prisión sin orden escrita de juez competente.

Artículo 19. No podrá juzgarse por comisiones ni tribunales especiales, cualquiera que sea la denominación que se les dé.

Artículo 20. A ningún acusado se le obligará a prestar juramento, ni a declarar contra sí mismo en materia criminal, ni será encausado dos veces por el mismo delito.

Artículo 21. Todo aprehendido será notificado de la causa de su detención dentro de las veinticuatro horas.
Todo habitante de la Provincia podrá interponer por sí o por medio de otra persona recurso de hábeas corpus ante la autoridad judicial competente, para que se investigue la causa y el procedimiento de cualquiera restricción o amenaza a la libertad de su persona. El tribunal hará comparecer al recurrente y, comprobada en forma sumaria la violación, hará cesar inmediatamente la restricción o la amenaza.

Artículo 22. Toda orden de pesquisa, detención de una o más personas o embargo de propiedades, deberá especificar las personas u objetos de pesquisa o embargo, y describir particularmente el lugar que deba ser registrado. No se expedirá mandato de esta clase, sino por hecho punible apoyado en juramento, sin el cual la orden o mandato no será cumplido.

Artículo 23. Podrá ser excarcelada o exenta de prisión la persona que diera caución o fianza suficiente.
La ley determinará las condiciones y efectos de la fianza; atendiendo a la naturaleza del delito, a su gravedad, a la peligrosidad del agente y demás circunstancias, y a la forma y oportunidad de acordar la libertad provisional.

Artículo 24. El domicilio es inviolable. Nadie puede introducirse en él, salvo el caso de flagrante delito, sino por orden de juez o de las autoridades provinciales o municipales encargadas de vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre sanidad pública y a este solo objeto.
En los casos de requisas e inspecciones de verificación económica y fiscal, o para comprobar el cumplimiento de leyes de protección al trabajador, la ley podrá facultar a las autoridades administrativas para ordenar el allanamiento de establecimientos comerciales o industriales.
La correspondencia epistolar es inviolable.

Artículo 25. Las prisiones son para seguridad y no para mortificación de los detenidos. Las cárceles serán reglamentadas de modo que constituyan centros de trabajo y de reeducación. Todo rigor innecesario hará responsables a las autoridades que lo impongan.

Artículo 26. Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho de trabajar y ejercer toda profesión, industria y comercio conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio.

Artículo 27. Los individuos que sufran los efectos de toda orden que viole o menoscabe los derechos, libertades y garantías consagrados por esta Constitución, tienen acción civil para pedir las indemnizaciones por los perjuicios que tal violación o menoscabo les cause, contra el empleado o funcionario que la haya autorizado.

Artículo 28. Las declaraciones, derechos y garantías enumerados en esta Constitución, no serán interpretados como negación o mengua de otros derechos y garantías no enumerados o virtualmente retenidos por el pueblo, que nacen del principio de la soberanía popular y que corresponden al hombre en su calidad de tal.

CAPÍTULO III
Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura

Artículo 29. Esta Constitución adopta e incorpora en su totalidad los enunciados y fundamentos de los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura, declarados en el artículo 37 de la Constitución Nacional.
Los poderes públicos de la Provincia ajustarán su acción gubernativa, legislativa y jurisdiccional a los principios informadores de esos derechos.

• CAPÍTULO III
  De la Constitución Nacional
  Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura

  Artículo 37. Decláranse los siguientes derechos especiales:

  I. Del trabajador

  1. Derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general; de ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite.
  2. Derecho a una retribución justa. Siendo la riqueza, la renta y el interés del capital frutos exclusivos del trabajo humano, la comunidad debe organizar y reactivar las fuentes de producción en forma de posibilitar y garantizar al trabajador una retribución moral y material que satisfaga sus necesidades vitales y sea compensatoria del rendimiento obtenido y del esfuerzo realizado.
  3. Derecho a la capacitación. El mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento, e incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse.
  4. Derecho a condiciones dignas de trabajo. La consideración debida al ser humano, la importancia que el trabajo reviste como función social y el respeto recíproco entre los factores concurrentes de la producción, consagran el derecho de los individuos a exigir condiciones dignas y justas para el desarrollo de su actividad y la obligación de la sociedad de velar por la estricta observancia de los preceptos que las instituyen y reglamentan.
  5. Derecho a la preservación de la salud. El cuidado de la salud física y moral de los individuos debe ser una preocupación primordial y constante de la sociedad, a la que corresponde velar para que el régimen de trabajo reúna los requisitos adecuados de higiene y seguridad, no exceda las posibilidades normales del esfuerzo y posibilite la debida oportunidad de recuperación por el reposo.
  6. Derecho al bienestar. El derecho de los trabajadores al bienestar, cuya expresión mínima se concreta en la posibilidad de disponer de vivienda, indumentaria y alimentación adecuadas, de satisfacer sin angustias sus necesidades y las de su familia en forma que les permita trabajar con satisfacción, descansar libres de preocupaciones y gozar mesuradamente de expansiones espirituales y materiales, impone la necesidad social de elevar el nivel de vida y de trabajo con los recursos directos e indirectos que permita el desenvolvimiento económico.
  7. Derecho a la seguridad social. El derecho de los individuos a ser amparados en los casos de disminución, suspensión o pérdida de su capacidad para el trabajo, promueve la obligación de la sociedad de tomar unilateralmente a su cargo las prestaciones correspondientes o de promover regímenes de ayuda mutua obligatoria destinados, unos y otros, a cubrir o complementar las insuficiencias o inaptitudes propias de ciertos períodos de la vida o las que resulten de infortunios provenientes de riesgos eventuales.
  8. Derecho a la protección de su familia. La protección de la familia responde a un natural designio del individuo, desde que en ella generan sus más elevados sentimientos afectivos y todo empeño tendiente a su bienestar debe ser estimulado y favorecido por la comunidad, como el medio más indicado de propender al mejoramiento del género humano y a la consolidación de principios espirituales y morales que constituyen la esencia de la convivencia social.
  9. Derecho al mejoramiento económico. La capacidad productora y el empeño de superación hallan un natural incentivo en las posibilidades de mejoramiento económico, por lo que la sociedad debe apoyar y favorecer las iniciativas de los individuos tendientes a ese fin, y estimular la formación y utilización de capitales, en cuanto constituyan elementos activos de la producción y contribuyan a la prosperidad general.
  10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales. El derecho de agremiarse libremente y de participar en otras actividades lícitas tendientes a la defensa de los intereses profesionales, constituyen atribuciones esenciales de los trabajadores, que la sociedad debe respetar y proteger, asegurando su libre ejercicio y reprimiendo todo acto que pueda dificultarlo o impedirlo.

  II. De la familia

  1. La familia, como núcleo primario y fundamental de la sociedad, será objeto de preferente protección por parte del Estado, el que reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines.
  2. El Estado protege el matrimonio, garantiza la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad;
  3. El Estado formará la unidad económica familiar, de conformidad con lo que una ley especial establezca;
  4. El Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial determine;
  5. La atención y asistencia de la madre y del niño gozarán de la especial y privilegiada consideración del Estado.

  III. De la ancianidad

  1. Derecho a la asistencia.- Todo anciano tiene derecho a su protección integral, por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas, o que se crearen con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de dichos institutos, para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes.
  2. Derecho a la vivienda.- El derecho a un albergue higiénico, con un mínimo de comodidades hogareñas es inherente a la condición humana.
  3. Derecho a la alimentación.- La alimentación sana, y adecuada a la edad y estado físico de cada uno, debe ser contemplada en forma particular.
  4. Derecho al vestido.- El vestido decoroso y apropiado al clima complementa el derecho anterior.
  5. Derecho al cuidado de la salud física.- El cuidado de la salud física de los ancianos ha de ser preocupación especialísima y permanente.
  6. Derecho al cuidado de la salud moral.- Debe asegurarse el libre ejercicio de las expansiones espirituales; concordes con la moral y el culto.
  7. Derecho al esparcimiento.- Ha de reconocerse a la ancianidad el derecho de gozar mesuradamente de un mínimo de entretenimientos para que pueda sobrellevar con satisfacción sus horas de espera.
  8. Derecho al trabajo.- Cuando el estado y condiciones lo permitan, la ocupación por medio de la laborterapia productiva, ha de ser facilitada. Se evitará así la disminución de la personalidad.
  9. Derecho a la tranquilidad.- Gozar de tranquilidad, libre de angustias y preocupaciones, en los años últimos de existencia, es patrimonio del anciano.
  10. Derecho al respeto.- La ancianidad tiene derecho al respeto y consideración de sus semejantes.

PARTE II
Régimen electoral

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 38. La representación política tiene por base la población, y con arreglo a ella se ejercerá el derecho electoral.

La Provincia se dividirá en partidos, y cada uno de estos constituirá un distrito electoral.

Artículo 39. La atribución del sufragio popular es un derecho inherente a la calidad de ciudadano argentino y su ejercicio es un deber cívico que desempeñará con arreglo a las prescripciones de esta Constitución y de la leyes.

El sufragio será secreto y se votará personalmente.

Los ciudadanos votarán en el distrito electoral de su domicilio.

Artículo 40. Los electores no podrán ser arrestados ni restringidos en sus derechos, ni amenazados en su libertad durante las horas del comicio, excepto en el caso de ser sorprendidos en flagrante delito.

Artículo 41. Habrá un tribunal electoral compuesto por magistrados inamovibles quienes ejercerán las funciones que les confiera la ley.

Artículo 42. La Legislatura dictará una ley electoral uniforme para toda la Provincia.

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 1994

PREÁMBULO

Nos, los representantes de la provincia de Buenos Aires, reunidos por su voluntad y elección, con el objeto de constituir el mejor gobierno de todos y para todos, afianzar la justicia, consolidar la paz interna, proveer la seguridad común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para el pueblo y para los demás hombres que quieran habitar su suelo, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución.