Se llevó a cabo en el Auditorio de la Cámara de Diputados una charla sobre el sobreendeudamiento familiar, una problemática que sólo en la provincia de Buenos Aires afecta a más de dos millones de bonaerenses.
Un panel conformado por la diputada Sofía Vanelli, el juez de Cámara de San Martín Claudio Fede, el diputado nacional Guillermo Michel y el legislador porteño Francisco Caporiccio disertó "con el objetivo de brindar precisiones sobre la problemática y trabajar de manera conjunta en pos de alternativas que brinden soluciones a las familias afectadas como consecuencia directa y previsible de un modelo económico que combina pérdida ingreso real, encarecimiento gastos fijos y restricción del crédito formal, y empuja a las personas a tomar deuda como estrategia de supervivencia". El encuentro contó con la participación del vicepresidente del cuerpo, el diputado Alexis Guerrera, quien dio la bienvenida al debate.
La diputada Vanelli, que se encuentra trabajando en un proyecto de Ley que "busca garantizar la protección económica, dignidad y acceso a bienes y servicios esenciales de las familias sobreendeudadas de la provincia", trazó el complejo panorama que atraviesa millones de personas en la Argentina.
De acuerdo a un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) que compartió, el 91,7% de los hogares mantienen al menos una deuda activa; el 76% de éstos no está en condiciones de pago regular; existe un 12,9% de mora familiar en el sistema bancario y se cuadriplicó la irregularidad bancaria en el crédito a familias en un año. Además, mientras que tres años atrás la deuda bancaria típica de un hogar representaba 1,5 salarios, hoy representa más de 3,5.
La legisladora advirtió, además, del crecimiento del crédito irresponsable, de las prácticas ilegales de cobranza y el impacto que eso tiene en la vida cotidiana de las personas: pérdida de la vivienda, afectación de la salud psicofísica y recurrencia a prestamistas barriales y billeteras cuando se cierra el crédito formal.
En este contexto, Vanelli reconoció que, si bien el ámbito de la Provincia brinda posibilidades acotadas para abordar el problema, la ley de Derechos de los Consumidores y Usuarios otorga un marco que permite trabajar algunas aristas del problema. Entre los puntos principales, señaló el deber de informar fehacientemente al tomador del crédito de las condiciones, el consentimiento informado, la evaluación de capacidad de pago efectivamente documentada, la imposición de topes en los montos que no afecten el mínimo vital que una persona necesita para vivir, la invocación y prueba de mala fe del proovedor si hubiera publicidad engañosa, falta de información o falta de entrega de documentación; limitaciones en los procesos automatizados de gestión del crédito de las billeteras; la necesidad de comunicar fehacientemente el inicio de cualquier acción legal y la prohibición de prácticas de acoso, que han aumentado exponencialmente. Además, la legisladora apunta a la implementación de un proceso administrativo, tal como establece actualmente la ley a través de las OMIC (Oficinas Municipales de Información al Consumidor), para la resolución de conflictos. Esta vía es optativa y gratuita y permitiría abrir instancias de conciliación y homologar acuerdos. También propone modificaciones para la resolución judicial.
Guillermo Michel, por su parte, hizo hincapié en que "el gobierno nacional miente cuando dice que esto es un problema entre privados. Y lo hace con cinismo, porque interviene en dos aspectos fundamentales que llevaron a las familias a esta situación: la primera, usar el salario y jubilaciones como ancla para este modelo social que le quiere imponer a este país. Y la otra, que fue la primera medida de este gobierno, el decreto 70/2023, con el que desreguló los topes a las tasas y a las comisiones de las entidades financieras. Esa esa la situación que nos ha traído hasta acá".
Como respuesta, describió algunas de las iniciativas que están impulsando, como la posibilidad de utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses como herramienta para refinanciar deudas menores, con un tope, a tasas y plazos razonables.
Otro proyecto busca suspender el débito automático de las deudas a través de las billeteras electrónicas en todo lo que está vinculado a las prestaciones de la Seguridad Social.
Finalmente, el legislador ambiciona más allá del abordaje de la emergencia actual, una solución a futuro que le permita al Estado hacer política pública. Se trata de una plataforma digital que integre todos los sistemas de pago, al estilo del PIX brasileño, que no implique una estatización del sistema sino en competir con una herramienta estatal con los privados, con la posibilidad de intervenir en mejores condiciones tecnológicas y a tasas y costos más bajos para los comerciantes.
En tanto, en la ciudad de Buenos Aires se ha podido avanzar con algunas medidas. Es la experiencia que contó el legilador Francisco Caporiccio, quien señaló que ya existía una legislación que limitaba las prácticas abusivas pero que no tenía aplicación real. Fue sobre la base de la Ley 6.171, que oficialismo y oposición lograron avanzar en algunos acuerdos. Entre ellos, la creación de un Registro que permitiera hacer un seguimiento de las empresas incumplidoras e inhabilitarlas como prestamistas si incurrieran en abusos. Además, lograron aprobar la creación de una línea de créditos de desendeudamiento familiar del Banco Ciudad que permite ampliar los plazos y bajar las tasas, entre otras medidas de alivio y control.
"Celebro el diálogo entre poderes, en el que podamos transmitir lo que recibimos cotidianamente en los juzgados", afirmó Claudio Fede, presidente de la Sala Uno de la Cámara Civil, Comercial y de Familia del departamento judicial de San Martín.
El magistrado, quien además es docente e investigador, es autor coordinador del libro "Consumidores Sobreendeudados", volumen que realiza un abordaje integral a la problemática y surge tras la observación de la aparición creciente de pequeñas quiebras y los problemas jurídicos aparejados por no contar con la legislación adecuada para abordarlas.
"Advertimos que esas deudas estaban pegando en el objeto principal de las personas que es la dignidad. La dignidad es el centro de atención de los Derechos Humanos. El Estado Argentino, del que somos parte, está obligado por los acuerdos y pactos que ha celebrado a responder frente a aquellas situaciones donde claudique la dignidad humana. No hay ninguna duda que el Estado debe intervenir" subrayó, en respuesta al planteo del gobierno nacional que lo ubica como "un problema entre privados". Si bien reconoció que "los jueces podríamos bosquejar aspectos que podrían coadyuvar a una verdadera solución", lamentó la carencia de una herramienta legal adecuada.
Tras sus presentaciones, los panelistas conversaron con el público, entre quienes estaban el Defensor del Pueblo adjunto Walter Martello, el Ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci; los ex funcionarios José Ignacio de Mendiguren y Ricardo Casal; senadores y diputados provinciales, entre otros.
