En el Auditorio de la Cámara de Diputados se llevó a cabo la actividad "¿De qué hablamos cuando hablamos de discapacidad?", que contó con la participación de la fundadora del Centro Educativo Terapéutico Rukalen, la licenciada Gabriela Fernández, y del director de Promoción de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Raúl Lucero. 

El encuentro, organizado por el bloque Nuevos Aires, que preside Gustavo Cuervo y del que forman parte Fabián Luayza y Viviana Romano, estuvo dividido en dos ejes: por un lado, la presentación del proyecto de modificación de la Ley 10.592, que establece el Régimen Provincial de Discapacidad y, por el otro, la reflexión acerca de qué implica trabajar en discapacidad hoy.

El diputado Cuervo abrió la jornada con un discurso que puso en foco el ataque que están sufriendo las personas con discapacidad y sus familias por parte del gobierno del presidente Javier Milei: "el rol que está tomando el gobierno nacional con esta problemática nos resulta sumamente preocupante. Existe un corrimiento que implica un cambio histórico para la Argentina, que ocupaba un rol de liderazgo en Latinoamérica en su cuidado respecto de las personas con discapacidad. Eso está cambiando, el Estado abandona su responsabilidad y en cada una de sus acciones nos impone la necesidad de mostrar, desde la provincia de Buenos Aires, otra forma de accionar". 

"Nuestra respuesta es generar este encuentro y convocar a una propuesta colectiva para afrontar esta problemática, que representa un compromiso de la democracia y una responsabilidad ética para todos los gobiernos. Nos comprometemos a trabajar desde el rol que cada uno ocupa para lograr la mayor cantidad de soluciones posibles y seguir bregando en el reclamo ante el gobierno nacional para que se haga cargo de sus obligaciones", agregó Cuervo.

Por su parte, la responsable de Rukalen, Gabriela Fernández, se refirió al trabajo que llevan adelante en el espacio que dirige, a su vez que describió el panorama que atraviesa la comunidad. En esa línea, advirtió sobre los desafíos que presentan, entre otras medidas, las modificaciones a la Ley 24.901 que impulsa el gobierno nacional con el fin de desregular el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral. "Esa ley no solamente nos da orden, nos protege, nos da garantías de derechos y nos da algo que para las familias es muy importante: alivio. Porque nos evita tener que pelear con las obras sociales, nos ampara. La legislación de alguna manera da alivio, transformando vidas", aseguró.

En tanto, Raúl Lucero, quien como Director del área coordina además el Consejo Provincial para las Personas con Discapacidad creado en el marco de la Ley 10.592, se refirió a la necesidad de actualizar la norma para incluir en el Consejo "la participación de las y los involucrados, tal como indica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sancionado por la Organización de las Naciones Unidas en 2006". Además, el funcionario historizó acerca de los distintos enfoques con los que la sociedad ha abordado la problemática para poner el foco en las diferencias en las políticas públicas del gobierno nacional frente al provincial. En ese marco, aseguró que "cuando un Estado no se ocupa de su población más frágil, está actuando desde la prescindencia". El "modelo de prescindencia" es el paradigma que considera a la discapacidad como una carga social y sostiene que la vida de una persona con estas limitaciones tiene poco o ningún valor para la comunidad, y la empuja a la exclusión. "Éste enfoque es el contrario al modelo social de la discapacidad que nace de la Convención, que es desde donde pensamos nuestras políticas públicas en la Provincia", afirmó. El "modelo social" es el paradigma actual, que establece que la discapacidad no es un problema del individuo sino el resultado de la interacción entre las deficiencias de una persona y las barreras que le impone su entorno. Su premisa central es que la sociedad es la que discapacita a las personas al no ser inclusiva ni accesible, y tiene derivaciones completamente diferentes a la hora de pensar el rol del Estado frente a la temática.

El cierre del encuentro estuvo a cargo del diputado Fabián Luayza, quien también apuntó contra los recortes del gobierno nacional, señalando a uno de los jóvenes con discapacidad presentes: "cuando Milei hace un recorte, lo está jodiendo a Juan. Es importante ponerle rostro y nombre a lo que realmente ocurre", sostuvo con firmeza.

¿Qué busca cambiar la ley presentada? 

En esta jornada, la bancada de Nuevos Aires presentó un proyecto de ley que intentará modificar y actualizar la Ley Provincial 10.592 de Discapacidad. La iniciativa incorpora la accesibilidad cognitiva, comunicacional y digital como parte de las obligaciones del Estado Provincial. Esto significa que los organismos públicos deberán avanzar hacia formas de atención más comprensibles, humanas y accesibles: utilizando lenguaje claro, lectura fácil, apoyos visuales, pictogramas y herramientas de comunicación aumentativa y alternativa.

También promueve capacitaciones para los agentes públicos, mecanismos de acompañamiento y adecuaciones en la atención para respetar los tiempos de comprensión y expresión de cada persona.