La Cámara, en sintonía con la decisión del gobernador Axel Kicillof de declarar 2026 como el “Año de los Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, aprobó una Resolución para declarar el actual período legislativo bajo la misma denominación, aunando los proyectos de la diputada Micaela Olivetto, Valentín Miranda y Ricardo Lissalde. Durante la sesión, además, se aprobaron más de una treintena de proyectos de Declaración en reconocimiento a mujeres y hombres detenidos-desaparecidos, organismos, espacios e iniciativas culturales que bregan por la memoria, la verdad y la justicia.

Fueron muchos los legisladores que eligieron dar testimonio en esta fecha. Así, el recinto fue escenario de un debate que no se limitó a un pasado doloroso sino que estuvo atravesado por las resonancias de esa historia en nuestro presente, sobre lo que el cuerpo expresó un amplio consenso de casi todo el arco político, a pesar de que el puntapié inicial lo dio el diputado de La Libertad Avanza, Ramón Vera Chávez, con un discurso provocador en el que, tras hacer referencia a las organizaciones armadas, pidió "memoria completa, verdad imparcial y justicia para todos los Argentinos. No habrá paz ni habrá justicia cuando la justicia es sesgada, la verdad es a medias y la memoria selectiva. ¡Viva la libertad, carajo!".

Sin entrar en la provocación, el peronista José Renaldo Galván coincidió en la necesidad de conocer la historia completa, para "entender, por ejemplo, cuál fue el rol que cumplieron y la responsabilidad que tuvieron los grupos económicos que acompañaron la dictadura". El legislador sostuvo que "los grandes grupos económicos fueron beneficiarios de la represión salvaje", y recordó que "más de 20 mil fábricas se cerraron, los trabajadores perdieron más del 30% de sus ingresos, la deuda externa pasó de 7900 millones de dólares a 48 mil al finalizar la dictadura, con el condicionamiento que semejante nivel de deuda impuso a la democracia. La inflación acumulada fue de 517 mil por ciento. El aumento de la pobreza -una materia pendiente de estos 50 años de democracia- aumentó del 4,4 al 37,4 por ciento en el '83 y se estatizó la deuda privada de más de 70 grandes empresas".

En esa línea habló la diputada Silvina Nardini, quien recordó que se trató de "un plan sistemático de exterminio que tenía por objetivo instaurar un orden económico y social, el mismo que este gobierno intenta instalar, en esta oportunidad dentro del orden democrático", caracterización en la que coincidieron a lo largo del debate diputados y diputadas de distintos bloques. Nardini, docente de profesión, recordó al maestro jujeño y dirigente sindical fundador de la CTERA Isauro Arancibia, primera víctima del golpe. "No es casual que la primera víctima de la dictadura haya sido un maestro, como tampoco es casual que el primer campo de concentración haya sido una escuela, ni que los primeros reprimidos hayan sido los maestros. Porque los objetivos estaban claros: querían matar las ideas, pero lo único que lograron fue multiplicarlas", aseguró.

También los representantes de distintos colores políticos reivindicaron a figura de Raúl Alfonsín y su papel fundamental para consolidar la democracia con el impulso al Juicio a las Juntas y la creación de la CONADEP; así como la lucha pacífica en busca de verdad y justicia de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo “que nunca buscaron revancha” y aún continúan buscando a sus hijos y nietos. “Celebramos la recuperación de 140 nietos y nietas, eso también es la Argentina”, dijo la diputada Mayra Mendoza; mientras que el diputado Juan Martín Malpelli recordó que “faltan 300 que seguimos buscando”.

Con matices, las amenazas que se ciernen actualmente sobre el sistema democrático fueron una constante: “Tenemos la responsabilidad de no banalizar el tema”, dijo emocionada la diputada María Eva Limone, nieta de un militante que tuvo que exiliarse. “Hoy hay otro intento de querer avanzar sobre los derechos del pueblo, de nuestro territorio, de la democracia. La persecución y proscripción no son tema del pasado sino otro intento de disciplinamiento, y que hoy está encarnado por la dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, como respuesta a las políticas que incomodaron a los poderosos”, aseguró, en consonancia con otros legisladores que señalaron las arbitrariedades y la utilización del Poder Judicial como condicionante de la democracia.

Romina Braga, de la Coalición Cívica, se declaró por su parte “hija de la democracia, porque nací en el '86, y me preocupa que haya muchos, más chicos que yo, que crean que la democracia es una situación dada”, señaló. “Muchos argentinos sienten que la democracia no les resolvió nada. Necesitamos mejor democracia”, interpeló. La diputada Iañez, de su misma generación, coincidió: “la democracia no está garantizada”, afirmó, aceptando que “podemos discutir cómo la queremos pero la democracia es mucho más importante que votar cada dos años, es participación, es libertad de expresión, es el respeto por la ley. Aprendimos que cuando el Estado abandona ese compromiso con la ley, aparece el horror”.

De esta manera, la diputada de Fuerza Patria introdujo datos: “hay 1231 personas condenadas por delitos de Lesa Humanidad. Está probado que mil doscientas treinta y un personas cometieron delitos de Lesa Humanidad ¿dimensionamos? Además de 1500 que siguen investigadas, y muchas que fallecieron ¿cómo no vamos a estar a favor de la justicia?”.

“Sin justicia no hay democracia” fue una frase repetida más de una vez en el recinto por representantes de distintos bloques.

A pesar del consenso casi generalizado, el diputado y ex funcionario libertario Nahuel Sotelo volvió hacia el cierre sobre la Teoría de los dos demonios y reivindicó al gobierno del que formó parte como “el que repudia las dictaduras”.

“Me sorprende que aún hoy haya algunas voces que intentan negar lo que pasó”, había dicho antes Gustavo Cuervo, presidente del bloque Nuevos Aires “No hay persona de bien, ni en su sano juicio que pueda negar o justificar los horrores y la crueldad que siguieron al 24 de marzo de 1976”, dijo. El legislador sintetizó el sentir de la mayor parte del cuerpo y la sociedad argentina: “quiero reafirmar tres palabras que forman parte de nuestra identidad colectiva; Memoria, Verdad y Justicia. Memoria para no olvidar, Verdad para tener plena conciencia de lo que ocurrió en aquellos años y Justicia para que Nunca Más el Estado se vuelva contra su propio pueblo”.

La sesión fue acompañada por la jueza de juicios de Lesa Humanidad, Karina Yabor; funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia, el nieto restituido y director de la Casa por la Identidad de la Ex-ESMA, Manuel Gonçalves Granada; Lucía García Itzigsohn y Victoria Astudillo, de HIJOS seccional La Plata; miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense; ex detenidos, testigos de los juicios de Lesa Humanidad, autoridades de la Universidad Nacional de La Plata, familiares de detenidos-desaparecidos y militantes.