Invitados por la diputada Ana Luz Balor, la presentación estuvo a cargo de un panel conformado por el Juez de Cámara en lo Civil y Comercial, Claudio Hugo Fede -director de la publicación-; el Juez en lo Laboral Gabriel Lanzavechia -coordinador del libro-, ambos del Departamento Judicial de San Martín; el Juez de Faltas con competencia en Consumo de este distrito, Alejandro Sengiali; el Secretario Letrado de la Secretaria Especializada en Consumo de la Municipalidad de San Martín, Adrian Ganino; y el Director de la Consultora PHARO, Alejandro Pérez Azaña, que son algunos de los dieciocho co-autores del volumen.

La diputada Balor entregó su proyecto de Declaración de Interés Legislativo de la publicación y detalló que es "una obra que no solo desarrolla el concepto de sobreendeudamiento sino que también lo analiza desde un abordaje interdisciplinario, aportando también posibles soluciones que nos llevan a nosotros los legisladores a brindar una respuesta rápida y ágil para atenuar las consecuencias que genera un sobreendeudamiento para las familias de la Provincia Buenos Aires". En este sentido, la legisladora recordó que se encuentra en comisiones un Proyecto de Ley de su autoría que busca dar esas respuestas a esta problemática "que si bien no es nueva, se ha profundizado por las decisiones políticas de un gobierno nacional que optó por desregular la economía y pisar los salarios de las y los trabajadores, lo cual trajo como consecuencia que las familias se tengan que sobreendeudar para poder comer y pagar los servicios" cuestionó.

En ese sentido, Balor detalló algunos de los puntos centrales del proyecto, que apunta a una modificación de la actual Ley Provincial N° 13.133 -Código de Procedimiento Provincial de los Derechos de los Consumidores. Por un lado, busca incorporar a la normativa una definición de sobreendeudamiento; además de promover la Educación Financiera en los planes de enseñanza oficiales; incorporar un procedimiento especial para estos casos con una perspectiva que incluye principios como el de Buena Fe, Orden Público, Dignidad Humana, Prevención, Saneamiento, Inmediatez, Ganancias Justas y Préstamo Responsable; al tiempo que se limita la capitalización de intereses en materia de consumo. Por otro lado, el proyecto pretende suspender temporalmente los procesos judiciales de cobro ejecutivo de créditos y préstamos de consumo, con la intención de llegar a una conciliación que evite los costos y perjuicios que le generan a los consumidores estos procesos, y derivar a las Oficinas de Defensa del Consumidor la tarea de la conciliación. Y, finalmente, incorporar la intervención de la Justicia de Faltas Municipal como órgano de resolución de los conflictos que se susciten en materia de Sobreendeudamiento, fracasada la instancia de conciliación.

En su intervención, por su parte, el doctor Claudio Fede rememoró el derrotero que llevó a la edición de este libro: "hace dos años empezamos a advertir en el ámbito judicial que se planteaban acciones que tenían que ver con el sobreendeudamiento de padres o madres de familia basados en cuestiones muy básicas, como el sostenimiento de los gastos diarios, y para ello se usaban herramientas jurídicas inadecuadas como el proceso de "pequeñas quiebras" que están enmarcadas en el Derecho Comercial. Tuvimos la posibilidad de plantear esto en el ámbito judicial de manera tal que llegamos con dos "Leading Case" a la Corte Suprema de la Provincia, con lo cual tuvimos el orgullo de participar de la elaboración de lo que hasta ese momento no existía, y las ejecuciones eran la resolución más habitual. Nosotros empezamos a cuestionar eso bajo la lógica de la Constitución Nacional, que integra en su texto la Defensa del Consumidor y los Usuarios, y también la Constitución Provincial. Llegamos así a la conclusión de que en todos esos procesos la persona demandada no era interpretada como consumidor y usuario. Comenzamos a interpretarlo de esta manera y eso abrió un abanico de posibilidades que hasta entonces no estaban dadas. Ese fallo tuvo un impacto en el ámbito judicial y también en el social", aseguró.

"Todo esto nos llevó a involucrarnos en este mundo, casi en soledad, y derivó en este libro. Porque buscamos y no hay herramientas jurídicas adecuadas en la legislación. Entonces nos propusimos elaborar este texto, con una multiplicidad de autores de distintas áreas, profesiones y ámbitos territoriales, sobre cómo veíamos este fenómeno cada vez más extendido y que hasta ahora no se había advertido cómo trabajarlo en sociedad, no sólo en el sentido jurídico sino social. Porque la ley tiene que abordar las problemáticas sociales, por eso éste es el ámbito justo y necesario para entender la necesidad de una ley apropiada, eficaz y rápida para poder solucionar esta problemática que cada vez es mayor" concluyó.